La conjura para despojar
del petróleo a los mexicanos
ACTIVO YA EN LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN el más honorable director general que haya pasado por Petróleos Mexicanos (Pemex), don Jesús Reyes Heroles, y ocupado éste en el impulso a la menos mala de las reformas políticas de los últimos 50 años, desde la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), a cargo de Miguel de la Madrid, se abrió el fuego en su contra y, en general, contra la clase política priista.
Jesús Reyes Heroles
Reforma Política, sí, pero también Reforma Económica, replicó entonces la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y puso su reclamo a caballo. Asistida por brillantes economistas egresados de la UNAM, la todavía poderosa central obrera realizó un foro extraordinario que produjo uno de los más completos diagnósticos sobre la situación de la clase trabajadora del campo y la ciudad, y un paquete de excepcionales iniciativas para reorientar la acumulación de capital.
En síntesis, el sindicalismo oficialista dictaminó que el usufructo de la abundancia petrolera de fines de los años setenta lo estaban compartiendo ávidamente el gobierno y el sector empresarial que, de su lado, seguía promoviendo la fuga de capitales que había emprendido desde el primer trienio de la presidencia de Luis Echeverría.
José López Portillo.
Dos enunciados sobresalieron en las conclusiones de la asamblea cetemista: a) el petróleo debía ser empleado por México como arma de negociación en sus tratos diplomáticos y económicos con el exterior y para aplicar su renta al desarrollo nacional. Desde el sexenio anterior, se había suscrito la primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI); y b) la nacionalización de la banca.
La Confederación Nacional Campesina (CNC) se puso en la frecuencia del sector obrero y empezó a perfilarse el Pacto Obrero-Campesino. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) asumió como propias las propuestas de la clase trabajadora, actualizando, básicamente, su Programa de Acción.
Enquistado ya en la SPP el primer tanque pensante tripulado por el director general de Política Económica y Social, Carlos Salinas de Gortari, hacia 1980 -en la perspectiva del cuarto Informe de Gobierno de José López Portillo-, al despacho presidencial en Los Pinos, por conducto del director general de Documentación y Análisis (antes Informe Presidencial), José Ramón López Portillo, desde Palacio Nacional (sede de la SPP) se cursó un memorial secreto en el que, en un diagrama de un centenar de puntos, se refutaba casi la totalidad de las propuestas de la clase trabajadora abanderadas por el PRI.
Ernesto Zedillo
López Portillo actuó con cautela, pero dos años después -una vez que se había desembarazado de Reyes Heroles por la presión del clero político en el marco de la visita del papa Juan Pablo II- decretó la nacionalización de la banca, una de las iniciativas impugnadas más rabiosamente en el documento citado.
En materia de petróleo, De la Madrid procedió con reserva. Ya estaba en la Casa Blanca Ronald Reagan, quien había recibido al tomar posesión los llamados Documentos de Santa Fe que, entre otras cosas, emplazaban la política exterior de los Estados Unidos hacia el México petrolero. Pero México estaba liderando los esfuerzos de pacificación de América Central y fue por este aspecto que fue hostilizado sistemáticamente por Washington.
Con el secretismo como recurso operativo, Salinas de Gortari introdujo los hidrocarburos mexicanos en la agenda del Tratado de Libre Comercio, negociado con los Estados Unidos y Canadá. Ese sigilo causó recelo entre legisladores estadunidenses, que subrayaron preventivamente el régimen constitucional de Pemex, pero al final El Capitolio salvó sus dudas con el argumento de que los presidentes mexicanos solían despojarse de escrúpulos y sabían cómo rodear los mandatos de la Constitución. No andaba tan desencaminado El Capitolio: Salinas de Gortari había exhibido su primera carta apenas un mes después de su toma de posesión, lanzándose a la yugular del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM)
De aquello siguió el ataque directo a Pemex, acometiendo su fragmentación administrativa y operativa para facilitar su secreta privatización. Más adelante, el valor y factura de la paraestatal fueron sometidos a embargo por los acreedores extranjeros, representados por el presidente Bill Clinton, aprovechando la indefensión en que quedó Ernesto Zedillo Ponce de León por el maquinado error de diciembre de 1994.
Vicente Fox.
Zedillo Ponce de León, que utilizó la renta petrolera para pagar su salvataje de 1995, se plegó a la línea salinista respecto del sector energético: Continuó el plan de desmembramiento de Pemex, revisó el Tratado de Límites y Aguas con los Estados Unidos, desapareciendo incluso la Isla Bermeja en el Golfo de México, uno de los cuadrantes históricos de la frontera marina binacional, e incluyó la industria eléctrica en los objetivos privatizadores de las empresas prioritarias y estratégicas. Con El doctor Z se instituyeron modelos de contratos, reputados de in y anticonstitucionales, que hicieron las delicias de rapaces inversionistas nacionales y extranjeros.
Los panistas Vicente Fox Quesada -éste fue metido por George W. Bush en la Alianza para la Seguridad Energética de América del Norte- y Felipe Calderón Hinojosa, profundizaron la anarquía y la corrupción en las estructuras administrativa y comercial de Petróleos Mexicanos, e insertaron el saqueo de Pemex en el putrefacto mundo de la economía criminal. (ABRAHAM GARCÍA IBARRA)
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