No hay mal 

que dure cien años

 

A REMOLQUE DE los Estados Unidos, Canadá y otros 21 países,  México proclamó el 23 de septiembre, desde Nueva York, una impostergable declaración en la que se manifiesta preocupación porque -dicen los denunciantes- prevalecen regímenes que restringen a la sociedad civil y limitan las libertades de asociación y expresión. 

La declaración comentada, se presentó víspera del inicio de la 68 Asamblea de la ONU, en un foro paralelo auspiciado por la Alianza para el Gobierno Abierto, entre otros firmantes. 

Sorprende, de veras, esa inverosímil posición pretendidamente libertaria. Asombra, insistimos, porque, desde octubre de 2001, después de los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas, la presidencia estadunidense, entonces a cargo de George Walker Bush, impuso la Ley Patriota (USA patriot act), con la coartada de prevenir y combatir el terrorismo. 

Esa perversa ley mordaza, que inicialmente tendría vigencia hasta 2005, fue ratificada y ampliada por decreto del 6 de marzo de 2006, promulgado por el propio Bush. De nada sirvieron, de nada sirven, las protestas que ciudadanos libres en el interior de la Unión Americana han externado contra ese instrumento represor y opresor. 

Los opositores y detractores de ese ordenamiento -propio de regímenes totalitarios-, argumentan que es contrario a los principios fundadores de los Estados Unidos como sedicente líder de la democracia -de exportación-, pues, al otorgar facultades discrecionales para aumentar la capacidad de control del Estado sobre el ciudadano, restringe las libertades civiles y los derechos políticos, al grado de que las opiniones pueden dar materia a la acusación penal de traición a la patria. 

Espectros restrictivos y represivos de esa naturaleza bárbara, han llevado a intelectuales liberales norteamericanos -como nuestro lúcido y respetable colaborador James Petras-, a sostener que los Estados Unidos han devenido Estado policiaco. 

Con independencia del patrocinio detrás de la Alianza para el Gobierno Abierto, esta asociación postula la transparencia, la participación ciudadana en los asuntos públicos y el combate a la corrupción. 

 México no rechina de limpio en la observancia de esas imperiosas asignaturas que, en última lectura, demandan un sistema constitucional de rendición de cuentas del poder público ante sus electores, y ante la sociedad en su conjunto. 

En el orden constitucional mexicano están consagrados, teóricamente, los Derechos Humanos (artículo primero), los derechos de los pueblos indígenas (artículo 2), el derecho a la educación (artículo 3), el derecho a la alimentación (artículo 4), el derecho a la libertad de trabajo (artículo 5). 

Los derechos a la Libertad de Expresión y a la Información están garantizados (deben estarlo por el Estado) en los artículos 6 y 7; el derecho de petición en el articulo 8, y de asociación y reunión en el artículo 9. Los derechos al debido juicio están establecidos en los artículos del 13 al 23. 

Organismos de las Naciones Unidas (ONU), de los Estados Americanos (OEA) y Tribunales multinacionales de Justicia, así como organizaciones no gubernamentales contra la tortura y defensa y protección de los Derechos Humanos, expiden cada vez con mayor frecuencia recomendaciones y sentencias contra el Estado mexicano por la transgresión a las citadas garantías constitucionales. 

Específicamente, contra la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, hemos documentado y denunciado hasta la saciedad, crímenes que, en ultima ratio, terminan en el asesinato o la desaparición de las personas, no pocas veces imputables a agentes del Estado. Voz en el desierto: Nadie escucha y, por supuesto, priva la más perversa e incitante impunidad para la reincidencia. 

Alguna vez -quizá alguna vez- México tenga un verdadero sistema de Justicia. No hay mal que dure 100 años. 

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