No hay mal que dure cien años
A REMOLQUE DE los Estados Unidos, Canadá y otros 21
países, México proclamó el 23 de
septiembre, desde Nueva York, una impostergable declaración en la que se
manifiesta preocupación porque -dicen los denunciantes- prevalecen regímenes
que restringen a la sociedad civil y limitan las libertades de asociación y
expresión.
La declaración comentada, se presentó víspera del inicio
de la 68 Asamblea de la ONU,
en un foro paralelo auspiciado por la Alianza para el Gobierno Abierto, entre otros
firmantes.
Sorprende, de veras, esa inverosímil posición
pretendidamente libertaria. Asombra, insistimos, porque, desde octubre de 2001,
después de los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas, la presidencia estadunidense, entonces a cargo de
George Walker Bush, impuso la Ley Patriota
(USA
patriot act), con la coartada de prevenir y combatir el terrorismo.
Esa perversa ley mordaza, que inicialmente tendría
vigencia hasta 2005, fue ratificada y ampliada por decreto del 6 de marzo de
2006, promulgado por el propio Bush. De nada sirvieron, de nada sirven, las
protestas que ciudadanos libres en el interior de la Unión Americana han externado
contra ese instrumento represor y opresor.
Los opositores y detractores de ese ordenamiento -propio
de regímenes totalitarios-, argumentan que es contrario a los principios
fundadores de los Estados Unidos como sedicente líder de la democracia -de
exportación-, pues, al otorgar facultades discrecionales para aumentar la
capacidad de control del Estado sobre el ciudadano, restringe las libertades
civiles y los derechos políticos, al grado de que las opiniones pueden dar
materia a la acusación penal de traición a la patria.
Espectros restrictivos y represivos de esa naturaleza
bárbara, han llevado a intelectuales liberales norteamericanos -como nuestro
lúcido y respetable colaborador James Petras-, a sostener que los Estados
Unidos han devenido Estado policiaco.
Con independencia del patrocinio detrás de la Alianza para el Gobierno
Abierto, esta asociación postula la transparencia, la participación ciudadana
en los asuntos públicos y el combate a la corrupción.
México no rechina
de limpio en la observancia de esas imperiosas asignaturas que, en última
lectura, demandan un sistema constitucional de rendición de cuentas del poder
público ante sus electores, y ante la sociedad en su conjunto.
En el orden constitucional mexicano están consagrados,
teóricamente, los Derechos Humanos (artículo primero), los derechos de los pueblos
indígenas (artículo 2), el derecho a la educación (artículo 3), el derecho a la
alimentación (artículo 4), el derecho a la libertad de trabajo (artículo 5).
Los derechos a la Libertad de Expresión y a la Información
están garantizados (deben estarlo por el Estado) en los artículos 6 y 7; el
derecho de petición en el articulo 8, y de asociación y reunión en el artículo
9. Los derechos al debido juicio están establecidos en los artículos del 13 al
23.
Organismos de las Naciones Unidas (ONU), de los Estados
Americanos (OEA) y Tribunales multinacionales de Justicia, así como
organizaciones no gubernamentales contra la tortura y defensa y protección de
los Derechos Humanos, expiden cada vez con mayor frecuencia recomendaciones y
sentencias contra el Estado mexicano por la transgresión a las citadas
garantías constitucionales.
Específicamente, contra la Libertad de
Expresión y el Derecho a la
Información, hemos documentado y denunciado hasta la
saciedad, crímenes que, en ultima ratio,
terminan en el asesinato o la desaparición de las personas, no pocas veces
imputables a agentes del Estado. Voz en el desierto: Nadie escucha y, por
supuesto, priva la más perversa e incitante impunidad para la reincidencia.
Alguna vez -quizá alguna vez- México tenga un verdadero
sistema de Justicia. No hay mal que dure 100 años.
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