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Edición 322


Libertad de Expresión:

Otra vuelta a la tuerca

 


Ráfagas disparadas con armas de alto poder acabaron con la vida del niño Juan de Dios Benítez -de 10 años-, víctima de un ataque de comando contra las instalaciones de la estación de radio comunitaria La Calentana, en la cabecera del municipio de Luvianos, Estado de México, desde hace años identificado como cuartel del crimen organizado.

 

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La estación de radio es operada por el periodista Indalecio Benítez Mondragón. En el mismo domicilio, sito a dos cuadras de un campamento de la Marina Armada de México, habitan el matrimonio del comunicador y sus cuatro hijos, entre ellos el victimado niño Juan de Dios.

En lo que va del sexenio del gobernador Eruviel Ávila, los medios mexiquenses -particularmente los de Toluca capital- han sido sujetos de acoso y silenciamiento sistemático, pero no se había registrado un atentado de la magnitud del ahora consignado.

Estamos, pues, frente al ininterrumpido enervamiento de las agresiones contra el Derecho a la Información y la Liberad de Expresión, que en México se insertan en una maquinada represión contra los libertades civiles y los derechos políticos.

Precisamente, en la semana que culminó con el atentado contra la familia Benítez en el Estado de México, siguiendo la ola represiva, el Congreso del estado de Sinaloa votó unánimemente una iniciativa del gobernador Mario López Valdez, por la que se imponen tajantes restricciones a los periodistas que cubren in situ información sobre hechos de violencia, que son el amargo pan cotidiano en la entidad.

La mala fe de los legisladores quedó documentada con un procedimiento tramposo. El dictamen correspondiente fue conocido en primera lectura con una redacción. La presidencia de la directiva pidió la dispensa a la segunda lectura y fue en una versión corregida del dictamen que se estableció la prohibición a la presencia de periodistas en escenas crimen, para constreñirlos a boletines emitidos por Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia.

Alarmados por la indignada y enérgica reacción casi unánime de los medios y cuatro asociaciones de periodistas, los diputados recularon y promovieron la reposición del procedimiento a la que los afectados bautizaron como Ley mordaza, pero, sembrado el temor, se inició la interposición de recursos de amparo ante la autoridad jurisdiccional contra la latente amenaza.

Se trata de lo que bien puede codificarse como estrategia por sistema contra toda disidencia social y política. El pasado 15 de mayo, el Congreso de Chiapas votó un decreto que reformó el Código Penal por el que se faculta a los aparatos policiacos al uso legítimo de la fuerza en contra de toda manifestación pública de protesta.

La enmienda citada, es copia fiel de la correspondiente a la que en la legislación federal introdujo en su momento Felipe Calderón para acotar o aplastar toda protesta social para, dice el texto copiado, “intimidar u obligar” a la autoridad a aceptar demandas de movimientos populares. Los críticos de la reforma calderoniana la interpretaron como intento de criminalizar toda oposición al gobierno.

Frente a la resistencia masiva de la sociedad, el gobernador chiapaneco Manuel Velasco Cuello se vio precisado a determinar el pasado 31 de julio cursar ante la Comisión Permanente de la Cámara local una moción para abrogar lo que ya se había promulgado y publicado.

No son casos aislados, los anteriores. Con diferencia de grado o de tiempo, otros gobernadores y sus diputados afines han legitimado ya un expreso Estado policiaco, fracturando el esquema de comunicación política como base de la lucha de los contrarios. No podemos callar ante el despropósito de establecer un régimen totalitario.

 



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