Jueves, 26 de Febrero de 2015 11:09 | 
Author: Jorge Santa Cruz | 
| Edición 330 |
Se cumplen 98 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el aniversario (5 de febrero), pasa con mucha pena y con poca gloria.
Hoy, la Carta Magna es un documento más, que es utilizado por el poder para “legitimar” sus intereses facciosos, en perjuicio de la nación entera. De 1917 a la fecha ha sufrido más de 600 cambios (incluidos los que tienen que ver con los artículos transitorios).
Nuestra Constitución se compone de 136 artículos, de los cuales, el 80 por ciento ha sido modificado. En contraste, sólo 27 artículos han sido respetados en su texto original. El artículo que más reformas ha tenido es el 73, referente a las atribuciones del Congreso de la Unión, con 71.
Tan solo el artículo 27 de nuestro texto fundamental tiene casi tantas palabras como la Constitución de los Estados Unidos de América.
¿A qué se debe tanto manipuleo de nuestra carta magna?
Cada presidente la cambia
A que cada Presidente de la República le mete mano, para “imprimirle” su sello, a fin de beneficiar a los grupos y camarillas que le son afines.
Entendemos que el proceso histórico hace indispensables los cambios y actualizaciones legales; lo que nos parece inadecuado es que esos procesos se hagan de manera tramposa. La Ley Fundamental se debe ajustar sólo en casos excepcionales. El proceso de adecuación debe hacerse, sobre todo, en las leyes secundarias.
Los políticos y sus partidos -salvo honrosas excepciones- han sido los primeros en deshonrar a la Constitución mexicana, con la consecuente pérdida de fuerza legal.
El inicio del actual gobierno del presidente Peña Nieto nos sirve para demostrarlo: ¿no acaso las grandes “reformas estructurales” se pactaron en un ámbito paralelo al Congreso de la Unión, a través del ya fenecido “Pacto por México”? A quien escapa que los diputados y senadores aprueban leyes, con base en la “línea” que les imponen sus coordinadores, y que éstos se limitan a obedecer a los de “arriba”.
Los gobernantes, por lo general, invocan el texto legal para incurrir en abusos de confianza, o en conflictos de interés. Las casas de Ixtapan de la Sal (de Enrique Peña Nieto), de las Lomas de Chapultepec (de Angélica Rivera de Peña), y de Luis Videgaray Caso, en Malinalco, Estado de México, así lo demuestran.
Orden insensata
Baste decir lo que acaba de hacer el Presidente de la República al ordenar a su nuevo secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, en el sentido de que investigue si él, su esposa y/o el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, incurrieron en un “conflicto de interés”.
La orden de Peña Nieto es inconsistente y más aún, indebida, por tres razones:
1. Andrade le debe el puesto al primer mandatario; será juez y parte. Entre ellos hay ya un “conflicto de interés”.
2. Peña ordena la investigación, pero antes de que ésta comience, advierte a Virgilio Andrade que es “inocente”.
3. El jefe del Ejecutivo federal descarta una investigación independiente. Total: si ninguno de ellos "tiene cola que le pisen", qué más da que gente ajena al gobierno, con probada capacidad ética y profesional, sea la que desempeñe semejante comisión.
4. Así, los resultados que arroje dicha investigación serán poco creíbles; por la sola razón de que el principal sospechoso ordena a un subordinado, que determine si es culpable o no.
Por eso nos preguntamos: ¿hay motivo para festejar los 98 años de la Constitución Política de nuestro país? Quizá tengamos más motivo para cuestionar: ¿tenemos Constitución?
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