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Edición 357

 

19 mini

En evidencia el particular estilo de impartir justicia de la Administraci√≥n Pe√Īa Nieto: La Procuradur√≠a General de la Rep√ļblica protege la corrupci√≥n de altos funcionarios mientras encarcela con pruebas sembradas a inocentes, sin descontar que los jueces al mejor postor liberan violadores y amparan narcotraficantes.

 

En el primer caso, el peri√≥dico La Jornada denunci√≥ el mi√©rcoles 6 de abril que la Procuradur√≠a General de la Rep√ļblica (PGR) reserv√≥ hasta por un periodo de cinco a√Īos todos los informes, reportes y √≥rdenes de investigaci√≥n relacionados con los sobornos de la compa√Ī√≠a Odebrecht para conseguir contratos en obras de petroqu√≠mica.

 

Un particular solicit√≥ ‚Äúconocer todos los reportes, actas, oficios, resoluciones, correspondencia, acuerdos, directrices, circulares, convenios o cualquier otra comunicaci√≥n emitida y recibida por esta dependencia relacionada con la empresa Odebrecht, y su subsidaria Braskem, sobre la investigaci√≥n de supuestos sobornos que habr√≠an pagado a servidores p√ļblicos en M√©xico‚Äô‚Äô.

 

La respuesta de la encargada de impartir justicia es m√°s que sospechosa, mediante el oficio PGR/UTAG/01304/2017: ‚Äė‚ÄėLas expresiones documentales solicitadas (‚Ķ) se encuentran clasificadas como reservadas‚Äô‚Äô, acorde con lo establecido en los art√≠culos 99 y 104 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci√≥n P√ļblica, y el art√≠culo 34 de los lineamientos generales en materia de clasificaci√≥n y desclasificaci√≥n de informaci√≥n, ‚Äė‚Äėas√≠ como para la elaboraci√≥n de versiones (...) publicadas en el Diario Oficial de la Federaci√≥n el 15 de abril de 2016, podr√≠a permanecer con tal car√°cter hasta por cinco a√Īos‚Äô‚Äô.

 

As√≠, sin rubor, protege la impunidad de la corrupci√≥n de altos funcionarios de la Era Pe√Īa Nieto mientras que se ensa√Īa con los ciudadanos de bien para extorsionarlos mediante el secuestro oficial al encausarlos con pruebas falsas, con base en la denuncia de la Comisi√≥n Nacional de Derechos Humanos.

 

Por ejemplo, emiti√≥ la Comisi√≥n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la Recomendaci√≥n 13/2017, dirigida al titular de la Procuradur√≠a General de la Rep√ļblica (PGR), Ra√ļl Cervantes Andrade, por la detenci√≥n arbitraria de una v√≠ctima realizada por elementos de la Polic√≠a Federal Ministerial y un elemento adscrito a la entonces Procuradur√≠a General de Justicia del Estado de M√©xico (PGJEM) ‚Äúcomisionado‚ÄĚ a la PGR.

52 Ley General de Víctimas

Creando evidencias falsas

 

De acuerdo con las evidencias que obtuvo este Organismo Nacional se acredit√≥ que a las 15:15 horas del 7 de septiembre de 2015, la v√≠ctima fue interceptado por servidores p√ļblicos cuando conduc√≠a su veh√≠culo a la altura del Eje 10 Sur, casi esquina con Boulevard Adolfo L√≥pez Mateos, Colonia Tizap√°n, Delegaci√≥n √Ālvaro Obreg√≥n, con motivo de una orden de localizaci√≥n y presentaci√≥n en calidad de testigo, posteriormente realizaron una revisi√≥n a su veh√≠culo, donde encontraron un arma de fuego envuelta en un papel de color blanco, que previamente hab√≠a sido colocada por uno de los elementos aprehensores, motivo por el cual fue detenido y puesto a disposici√≥n de un Agente del Ministerio P√ļblico de la Federaci√≥n (AMPF), quien inici√≥ una averiguaci√≥n previa en su contra por el delito de portaci√≥n y posesi√≥n de arma de fuego de uso exclusivo del Ej√©rcito, Armada o Fuerza A√©rea.

 

En la misma fecha, la víctima emitió declaración en calidad de testigo en una averiguación previa y, al concluir, se le inició otra averiguación previa diversa por la supuesta portación y posesión del arma de fuego, permaneciendo detenido del 7 al 9 de septiembre de 2015, fecha en que se le otorgó el beneficio de la libertad provisional bajo caución.

 

Derivado de lo anterior este Organismo Nacional acreditó violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad, libertad personal, debido proceso y presunción de inocencia, por la detención arbitraria de una víctima.

 

Se acreditó la violación al derecho de Acceso a la Justicia en su modalidad de Procuración de Justicia y a la verdad, atribuida a los AMPF involucrados en la integración de la averiguación previa iniciada por posesión y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, por las irregularidades en que incurrieron, así como por la dilación en la integración y determinación de dicha indagatoria, toda vez que la autoridad jurisdiccional determinó en un juicio de amparo que la Representación Social de la Federación debía pronunciarse si existían o no diligencias pendientes de practicar y emitir el pronunciamiento correspondiente, por lo que hasta entonces se acordó la consulta de no ejercicio de la acción penal.

52 Violacion sexual

Asimismo, dos servidores p√ļblicos de la Polic√≠a Federal Ministerial faltaron a la verdad, al no proporcionar al AMPF la identidad del Agente de la polic√≠a adscrito a la entonces PGJEM, quien no contaba con facultades para intervenir en el cumplimiento de un mandamiento ministerial.

 

Finalmente, un AMPF transgredió el derecho a la inviolabilidad de comunicaciones privadas en agravio de una víctima, al acreditarse indiciariamente que mientras se encontraba bajo su resguardo el teléfono celular de la víctima, se tuvo acceso a la información almacenada, sin consentimiento de la víctima y sin que mediara previamente una autorización judicial.

 

El 10 de septiembre de ese a√Īo, el agraviado formul√≥ queja ante este Organismo Nacional, que fue radicada en el expediente CNDH/1/2015/7280/Q.

 

En su investigaci√≥n, la CNDH cont√≥ con evidencias que acreditan la trasgresi√≥n a los mencionados derechos humanos de la v√≠ctima, por lo cual recomienda al titular de la PGR se repare el da√Īo al agraviado en t√©rminos de la Ley General de V√≠ctimas, que incluya compensaci√≥n y se le proporcione atenci√≥n psicol√≥gica, y se contin√ļe la debida integraci√≥n y perfeccionamiento de la averiguaci√≥n previa iniciada por la probable comisi√≥n del delito de intervenci√≥n ilegal de comunicaciones, con la finalidad de esclarecer la verdad de los hechos y, en su caso, se determine la responsabilidad penal que pudiera existir.

 

Tambi√©n, dise√Īar e impartir un curso integral dirigido al personal ministerial y policial de la Subprocuradur√≠a Especializada en Investigaci√≥n de Delitos Federales de la PGR (SEIDF-PGR), relacionado con la capacitaci√≥n y formaci√≥n en materia de derechos humanos, espec√≠ficamente al personal ministerial, sobre el Acuerdo A/009/15, por el que se establecen las directrices que deber√°n observar los servidores p√ļblicos de la instituci√≥n para la detenci√≥n y puesta a disposici√≥n de personas.

52 01-04

En el caso del personal de la Direcci√≥n General Adjunta de Administraci√≥n y Servicios de la Polic√≠a Federal Ministerial, impartir un curso sobre el Acuerdo A/69/12 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del diverso A/125/10, por el que se establecen los lineamientos generales para la expedici√≥n de las credenciales de identificaci√≥n de los servidores p√ļblicos que intervengan en su cumplimiento.

 

Colaborar con la CNDH en la presentaci√≥n y seguimiento de la queja y denuncia de hechos que se presente ante la autoridad competente y la PGR, respectivamente, contra los servidores p√ļblicos involucrados en los hechos, por las irregularidades acreditadas en la presente Recomendaci√≥n.

 

En coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se investigue la irregular comisión de uno de los elementos aprehensores.

 

Asimismo, se pide inscribir al agraviado en el Registro Nacional de Víctimas en términos de la Ley General de Víctimas.

 

Esta Recomendaci√≥n, que ya fue debidamente notificada a su destinatario, puede consultarse en la p√°gina www.cndh.org.mx

 

A este uso aberrante de la persecución de delitos por parte del Fiscal de la Nación, se suma la histórica corrupción de los jueces que, por ejemplo, en 2005 dejaron en libertad a un violador de una menor de edad en Acapulco y en el exceso de la impudicia, el defenestrado juez Anuar González Hemadi, sin el mínimo reparo desechó pruebas de la violación a una adolescente para liberar al poderoso victimario Diego Cruz.

 

Aunque fue suspendido por proteger a la impunidad del violador, el mal ejemplo del cínico juzgador estimula juez cuarto de Distrito, José Arquímedes Gregorio Loranca, para intentar liberar a otro implicado en otro caso de una universitaria identificada como Karla y el impune como Francisco.

 

Y así, piensa que se puede creer en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) instalado el 4 de abril con la esperanza de que el Senado designe al Fiscal Anticorrupción este jueves 6 de abril. ¡Cosas veredes Sancho!, decían Don Quijote.

 

No leemos en http://arcanoradio.blogspot.mx/, asociada a RNU y a RFI y afiliada a La Voz de Am√©rica, otra forma de escuchar para ver el mundo, en busca de la verdad, desde Tuxtla Guti√©rrez, Chiapas.

52 Policía Federal Ministerial



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