 A MODO CON LA AMBIGÜEDAD asumida por el gobierno de Barack Obama -que hace verosímil la sospecha de que la Casa Blanca consintió previamente el golpe de Estado en Honduras-, los medios de comunicación estadunidenses han empezado a presentar al golpista Roberto Micheletti (algunos de sus detractores lo nombran ya Pinochellet) como “presidente de facto” y a sus compinches que usurpan el poder como “gobierno provisional”. El mensaje es el medio.
 Cuestión de intereses ultraconservadores, algunas corrientes de opinión pretenden justificar el derrocamiento del presidente constitucional Manuel Zelaya, por el supuesto de que la encuesta a la que convocó para eventualmente reformar la Constitución hondureña ocultaba en el fondo el propósito de adoptar la estrategia chavista para supuestamente perpetuarse en el poder.
Cuestión de preferencias filofascistas: Sin andar con falsos rubores, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe maquinó la reforma constitucional para orientarla en favor de una nueva reelección, y a ninguno de aquellos “líderes de opinión” tan amargosos con Zelaya se le ha ocurrido imputarle al colombiano la abierta intención de prolongar su dictadura.
¿Por qué Zelaya no y Uribe sí? Porque el conservador Zelaya tomó conciencia de que la situación del pueblo hondureño no podrá remediarse si el lacayismo hacia Washington -que no da para más- sigue siendo el santo y seña de la filiación de sus gobiernos, y volteó la mirada hacia los países del sur, donde se experimenta una nueva vía para su emancipación.
En cambio Uribe, dócil operador del intervencionista y cruento Plan Colombia, pretende mantener a su país como protectorado de los Estados Unidos, sosteniendo una guerra sin tregua con más muertos que gloria, que no resuelve el macabro desafío del narcotráfico; por el contrario, lo enerva y lo potencia.
En tanto que el gobierno de Felipe Calderón, sobre las huella de Uribe, se ha plegado a los designios norteamericanos aceptando la militarización de su gobierno mediante la instrumentación del Plan México (camuflajeado por Bush y Fox como Iniciativa Mérida) y de otras operaciones de los comandos pentagonales, es menester prender las luces de alerta sobre lo que están urdiendo las administraciones de Obama y Uribe para fortificar el enclave colombiano como cuartel de amago contra las naciones vecinas.
Antes de cumplir Obama el primer semestre en la Casa Blanca, ya es del dominio público la negociación, “en principio”, de un acuerdo con Uribe por el que las Fuerzas Armada USA podrán operar desde tres bases militares en territorio de Colombia (de Atlántico, Cundinamarca y Meta), durante un plazo, renovable, de diez años, para combatir el narcotráfico y las guerrillas izquierdistas.
Al trascender esa negociación, el ministro de Defensa colombiano, Freddy Padilla, se apresuró a tratar de “tranquilizar” particularmente a los gobiernos de izquierda de Venezuela y Ecuador, avisándoles que, en modo alguno, Colombia prestará esas bases como plataforma de acciones militares contra el territorio de esas repúblicas. El confiable gobierno de Uribe pretende que se ha olvidado ya el no lejano bombardeo de la aviación colombiana sobre territorio ecuatoriano. Por mera coincidencia, el arreglo Obama-Uribe se pone a caballo precisamente cuando una reforma de la Constitución de Ecuador prohíbe bases militares extranjeras en su territorio, y el presidente Rafael Correa, congruente con ese mandato, decidió el cierre de la base militar de los Estados Unidos en Manta, en el litoral del Pacífico, pactada en 1999.
Puesto que la Iniciativa Mérida (ahora denunciada como un apetecible negocio privado y bajo fuego de organismos internacionales y alguna fracción de legisladores estadunidenses que pretenden condicionarla al respeto a los Derechos Humanos y el enjuiciamiento civil de militares transgresores), retomada por Calderón, se ciñe en su diseño y objetivos al esquema del Plan Colombia, es de temerse que, más temprano que tarde, desemboque en las mismas concesiones que El Pentágono está arrancando al gobierno de Uribe.
Si la lógica no se equivoca, pongámoslo de este tamaño: El gobierno de Calderón, en su cruzada contra el narcotráfico, ha iniciado inconstitucionales ensayos de ocupación militar de territorios de los estados federados. Como a pesar de la descomunal movilización de fuerzas federales, el gobierno de la República sigue perdiendo la guerra contra los cárteles de la droga, ¿quién en su sano juicio dudaría que el gobierno de Obama, bajo presión de los neocons, dejará de lado falsos escrúpulos para proponer la ocupación armada, ahora larvada, de territorios mexicanos? Es asunto de cotejar la historia guerrerista de los Estados Unidos y la aciaga experiencia de México frente a esas acechanzas, consumadas algunas, potenciales otras.
Tal ingente tema es el que debe estar, aquí y ahora, en la orden del día de las conciencias democráticas y nacionalistas que ven cómo la Patria se diluye entre las manos del michoacano, al que uno de sus prominentes aliados electorales de 2006 deploró recientemente como “pobre presidente”.
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