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Sucesión presidencial

Ya se maquina el voto del miedo

 

* En vez de reforma política y seguridad nacional, tropa al acecho

 

Colocado ya en la zona crepuscular de su sexenio el presidente designado por los magistrados electorales Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, es llegado el momento en que algún precandidato a sucederlo en 2012 piense en proponer una Comisión de la verdad que indague y proponga castigo -así sea simbólico, pero ejemplarizante- a las administraciones presidenciales que desde 2000 ha ejercido el Partido Acción Nacional (PAN).

 

En términos de la Constitución, para ser Presidente de México se requiere ser mexicano por nacimiento. En el caso de Vicente Fox Quesada, el conocimiento de su nacionalidad verdadera está atorado en las telarañas de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores. En cuanto a Calderón Hinojosa, es obvio que la nacionalidad no se acredita con un simple papel del Registro Civil, si a éste documento no se agrega un honorable comportamiento público en el desempeño del encargo de jefe de Gobierno y jefe de Estado, para el que se juró guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República… Constitución, en cuyo articulado debe subrayarse el 29.

 

Con enorme entusiasmo fox entrego la banda a Calderón

 

“El Presidente de la República” -establece la propia Constitución- “durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”. ¿Existen causales para que un tribunal honrado dirima si existe o no materia en el caso de traición a la patria o delitos graves del orden común?

 

Traición a la Patria. El artículo 73 de la Constitución (fracción VIII) señala entre las facultades del Congreso de la Unión, dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos…

La deuda eterna

La administración de Calderón Hinojosa ha acumulado deuda pública, hasta el mes de marzo pasado, por un monto de cuatro billones 253 mil 250 millones de pesos. Este monto -en el que se diluye,  disimula o dispara el concepto de deuda contingente- ha rebasado, por mucho, un tercio del Producto Interno Bruto (PIB). El erario permanece asfixiado bajo una montaña de papeles de deuda gubernamentales denominados en Cetes, bordes, udibonos, los fétidos bonos del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB: nauseabunda cloaca del Fobaproa), etécera. De 1994 a 2009, periodo de raquítico crecimiento económico, el gobierno mexicano, con cargo a los contribuyentes cautivos, ha aplicado más de 200 mil millones de dólares sólo al servicio de la deuda externa. Al tipo de cambio actual, eso equivale a casi dos y medio billones de pesos.

 

Hasta para neófitos en materia de Cuentas Nacionales, resulta evidente que la economía estatal -y por ende el gran complejo económico nacional- gravita sobre las finanzas petroleras. Petróleos Mexicanos (Pemex), según sus reportes al mercado bursátil, posee activos por un billón 403 mil 805.5 millones de pesos, pero sus pasivos son del orden de un billón 504 mil 908.9 millones de pesos. Sólo entre marzo de 2010 y el mismo mes de 2011, Pemex fue obligado a elevar su deuda en más de 122 mil millones de pesos. Esto es, lo diría el actuario menos versado, Pemex se encuentra en quiebra técnica, pese al descomunal flujo de ingresos por producción y exportación.

Degradación

de Pemex

 

Al inicio de la era neoliberal, Pemex alcanzó el cuarto lugar en el llamado top mundial entre las empresas petroleras. En 2000, Fox recibió a Pemex en el sexto lugar de ese ranking. Hacia finales de 2008, la Secretaría de Energía, en ese entonces a cargo de Georgina Kessel, reconoció casi con orgullo que Pemex había bajado ya a la posición 11. Pemex ahora es una de las petroleras más endeudadas del mundo y el suministro de derivados en México depende de las cada vez más crecientes importaciones. En tanto, la burocracia de cuello blanco sigue hinchándose.

 

Si por las arterias de la economía nacional corre la energía que le inyecta Pemex, ¿es o no traición a la patria colocar a la paraestatal en estado de extinción como coartada para entregar la industria al extranjero? La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, desde la revisión de las Cuentas Públicas de Fox, ha detectado zonas nebulosas en las que se difumina el destino de fabulosos excedentes petroleros y el entuerto no se ha reparado. Todo lo contrario. ¿No es esto traición a la patria? En general, el incesante endeudamiento del sector público, contratado sólo para pagar deuda, no para “obras que produzcan un incremento en los ingresos públicos”, ¿ha cumplido con lo establecido por el artículo 73 constitucional? Por supuesto que no.

 

No hay diques

contra el río de sangre

 

Duele en lo más profundo del ser nacional -subleva el espíritu- el incontenible baño de sangre al que Calderón Hinojosa ha sometido a la sociedad mexicana, a cuyos pies y aun bajo sus plantas se arrojan o sepultan los miles de cadáveres de protagonistas de la guerra narca. Que los hijos de la chingada -según los codifican los publicistas de Calderón Hinojosa- sean pasados sumariamente por el ¡Mátalos en caliente! es cuestión que toca a los moralistas dilucidar. Pero el comandante supremo de las Fuerzas Armadas ¿no tiene responsabilidad ética o legal por el sacrificio de inocentes cuyos nombres son archivados en el casillero de daños colaterales como si se tratara de reses, cerdos o gallinas cuyo sacrificio es inevitable?

 

Una Comisión de la verdad -no una fiscalía especial por la que optó Fox, que no satisfizo ni a los del “voto útil”- eventualmente podría echar luces sobre las manos que ejecutan cruelmente a cientos de migrantes que han tenido la mala fortuna de pretender salir de o transitar por territorio mexicano. ¿Son, estos crímenes, imputables sólo al ajuste de cuentas a cargo los malos? ¿Existen o no escuadrones de la muerte militares o paramilitares de los que se ha hablado ya en el Senado de la República?

 

Los decires de

Castillo Peraza

 

Posiciones como las que sostiene el autor de estos papeles quedan sin duda bajo sospecha de inspiración u orientación tendenciosas. Vale. Por eso, nos remitimos a la voz de un personaje que, en el culto a la muerte que practica el PAN, merece falsos homenajes en el aniversario luctuoso, pero no en el de su natalicio (17 de abril): Carlos Castillo Peraza. Filósofo él, como los padres fundadores del PAN rendía respeto a las enseñanzas de Jacques Maritain. De éste, Castillo Peraza recuerda la frase: “Aquí no habrá camino real, sino una volteada del estiércol”.

 

Trata Castillo Peraza sobre la subcultura política en México y sostiene: Si empezamos a tirar los hilos de una operación mani pulite –“manos limpias”, de las que alardeaba Calderón Hinojosa, pupilo que fue del yucateco-, “no sé quién va a cerrar las puertas. Tenemos que pintar una raya porque, si no, vamos a estar removiendo el estiércol por toda la eternidad y lo único que vamos a lograr es que cada seis años pasen del PAN a la mierda y de la mierda al PAN los que estaban del otro lado. Perdón, pero así es…”. (Las mayúsculas de pan son por nuestra cuenta.)

 

 

Se cumplió

la profecía

 

El diagnóstico del ex líder nacional del PAN adquiere en este momento la calidad de profecía cumplida. En efecto, remover mierda ha devenido deporte nacional de la sedicente clase política, que para nada se compadece de la sociedad civil. Impuesto un relativo detente entre las tribus del Partido de la Revolución Democrática, los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, Humberto Moreira, y del PAN, Gustavo Madero Muñoz -éste con la fauna de acompañamiento del gabinete de Calderón Hinojosa- se han enzarzado en una inmunda parlocracia que configura ya un estilo de la adelantada sucesión presidencial.

 

Carlos Castillo Peraza

 

La ruindad fecal del discurso partidista no sólo contamina la ya de por sí perturbada conciencia nacional. El innoble espectáculo incide con toda su vileza electorera en el proceso de formación de leyes que la República urge para remontar escenarios de sangre, luto, orfandad, viudez, miseria, ingobernabilidad política e incertidumbre económica. Las instituciones constitucionales crujen, lapidadas por quienes deberían salvaguardarlas. Legislaciones maliciosamente concebidas, mal redactadas y peor procesadas, aun con estas características quedan atrapadas por los bastardos intereses de las facciones parlamentarias que, por encima de los imperativos republicanos, están enfangadas en la pugna por el poder presidencial.

 

Al altar de la mezquindad sectaria fueron ofrendadas las iniciativas de reforma laboral y política, y la Ley de Seguridad Nacional. De la primera, hay que decir que complacería su contención, habida cuenta que es un proyecto para legitimar la República de los patrones adueñados de la voluntad del Poder Ejecutivo, pero de nada sirve la complacencia si la afilada Espada de Damocles se mantiene sobre el cogote de la clase trabajadora, cuya línea de flotación ha sido dinamitada por un régimen de facto que ha reducido a papel sanitario los mandatos del artículo 123 de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo.

 

Si la simulación del cumplimiento de la ley del y para el Trabajo, pasa a ser certeza jurídica atentatoria contra derechos históricos, lo mismo da si se promulga o no: Los empresarios tienen ahora y seguirán teniendo después la protección gubernamental, no importa si los mineros siguen muriendo en negros socavones, si los electricistas deambulan con su furia a cuestas, si los prestadores de Seguridad Social son castigados en su régimen de jubilaciones y pensiones, y sometidos a cacicazgos con pretensiones de eternidad,  y si los expulsados de su lugares de origen terminan anónimos en las planchas de los servicios forenses, asesinados en masa por vesánicos escuadrones de la muerte arropados con el manto de la impunidad.

 

 

Gustavo Madero Muñoz

 

No legislan ni en

defensa propia

 

Se quedó entre el polvo de los tapetes palaciegos la reforma política. Ni los que detentan el poder presidencial, ni los que pretenden relevarlos en 2012, actuaron con diligencia siquiera en defensa propia. Están en el dictamen nuevas facultades para el Ejecutivo en materia de iniciativas de ley preferentes pero, sobre todo, en el campo de la política presupuestal. El Presidente en turno, según el dictamen, podrá vetar o reconducir lo que en cuanto a Egresos, de gasto, pues, resuelva la Cámara de Diputados.

 

En ese aspecto fundamental, está el hecho de que a más tardar en la primera quincena de septiembre el Ejecutivo debe poner a consideración del Congreso de la Unión los criterios de política económica para 2012, cuyo eje son la Ley de Ingresos y el Presupuesto

de Egresos. El trance administrativo puede allanarse de un plumazo, dejando vigentes los ordenamientos respectivos de 2011. No es este el punto, sin embargo, que queda en el ámbito estrictamente burocrático. El punto es que el Poder Legislativo rompe con el principio de los contrapesos constitucionales, y renuncia a sus facultades de decisión y vigilancia sobre el gasto público federal, que de por sí ya está sujeto a la discrecionalidad presidencial, a la que no estorban procesos de fiscalización ya que las conclusiones y observaciones de la

Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados después de cada revisión de la Cuenta Pública, sirven para escandalizar pero no para castigar ni corregir.

 

Ese costoso aparato legislativo seguirá siendo un objeto decorativo pues, en vez de fortalecerlo con nuevas atribuciones constitucionales, se lo debilita en la medida en que el dominio que debiera ejercer la Cámara baja sobre sus funciones, es cedido en magnitud varia a la presidencia de la República. Veremos las consecuencias de esa aberración en las futuras cuentas públicas sobre el gasto: Más verborrea, menos rectificación, porque vale más pedir perdón que pedir permiso.

 

Con vocación

de Gatopardo

 

La reforma política en suspenso, además, deja intactos estructuras y métodos de operación y resolución del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), afamados por su tentación de infalibilidad e inatacabilidad de sus fallos particularmente en lo que corresponde a declaraciones de validez de los procesos electorales, y la designación de presidente de la República. Designación, hay que subrayarlo, porque es ya un uso institucionalizado por académicos que tratan los temas de la democracia y las prácticas electorales, quienes, por la fuerza de los hechos, parecen resignarse a que la idea aquella de que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo; de que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste, y de que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo (el Judicial es intocable) se realizará mediante elecciones libres y auténticas (artículos 39 y 41 constitucionales), es una idea pasada de moda, arrollada por eso que todavía algunos denominan transición democrática.

 

El danzarin humberto Moreira

 

El rector electoral

de manos mochas

 

Hasta lo que parece un trámite administrativo -así esté arraigado en el mandato constitucional-: La designación de consejeros del Instituto Federal Electoral, se subsume en el faccioso pleito parlamentario. El IFE trabaja ahora sin un tercio de los consejeros y lo seguirá haciendo hasta septiembre, si el tema de la reforma política no va a periodo extraordinario de sesiones. Enfangados en el qué me das y qué te quito, los coordinadores de las bancadas mayoritarias en la Cámara de Diputados (PRI y PAN) hacen incluso abstracción de las ambiciones que se desencadenan cada vez que hay un puesto vacante en el IFE, pues los nombramientos equivalen al premio mayor de la lotería. No es de poca monta que los aspirantes a consejeros provengan, por ejemplo, de la Fiscalía Especial contra Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, o de despachos secretariales o de asesoría del Trife o del IFE,  donde demostraron su incompetencia o su complicidad con los transgresores del régimen electoral. Más grave aún, es que la designación de consejeros electorales se maquine en función de futuros favores de los poderes fácticos (de preferencia mediáticos), para satisfacer aspiraciones personales de ascenso en el escalafón político. Estar bien con los concesionarios de los medios electrónicos, es presupuesto para conquistar voluntades traducidas en publicidad, o al menos blindaje contra eventuales ataques.

 

En los primeros meses de este año, cada vez con más frecuencia han  aparecido ensayos teórico-científicos sobre la perspectiva electoral de 2012. En las presentaciones a las que hemos asistido o en la lectura de las obras, hemos encontrado una acusada preocupación de los autores, generalmente expertos en la materia, sobre el peligro de que en la cercana sucesión presidencial se reproduzcan los detestables episodios de 2006. La inquietud radica en que estructuras y procedimientos para regir la competencia, no ha habido cambios sustanciales que garanticen el libre y auténtico ejercicio electoral, y los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que son exigibles a consejeros y magistrados electorales. Obviamente, los legisladores que postulan o dictaminan las iniciativas de reforma en ese campo, hacen de esas juiciosas opiniones externas palabra muerta, amparados en  la odiosa máxima de que ¡Aquí nomás mis chicharrones truenan!

 

La patria de

la inseguridad

 

¿Por qué sorprenderse entonces de que cuestiones imperativas para cualquier Estado democrático, como son los de la Seguridad Pública y la Seguridad Nacional, corran la misma suerte que los de las reformas laboral y política? En la edición anterior de Voces del Periodista dimos algunos pormenores de los contenidos de la Ley de Seguridad Nacional que, por lo demás, ya son del dominio público. Lo que nos falta es insistir tercamente en que, con la tropa en las calles, tal y como lo ha amenazado el presidente designado, no se puede hablar de elecciones auténticas y sobre todo libres. Si era inadmisible la intimidación de grupos de choque civiles sobre el electorado, es inexcusable la intimidación militarizada.

 

Asi se votaba antes ¿y ahora?

 

En ese sentido, como ocurrió especialmente en la elección presidencial de 1994 -año de crímenes de Estado-, es visible la tentativa de restablecer el voto del miedo, urdida con todas las agravantes por los actores políticos del más alto nivel. Ese sombrío panorama lo configura no sólo la presencia activa de las Fuerzas Armadas en la vía pública. Lo confirman las frecuentes declaraciones del presidente de la República, tratando de disuadir a los votantes contra una nueva eventual alternancia en Los Pinos. De ello se colige que elecciones libres y auténticas no son producto inerte y automático sólo de la legislación: Es cuestión de voluntad política. En estos momentos, esa voluntad se manifiesta en sentido opuesto a la aspiración democrática. Como lo advertía en vida Castillo Peraza: Vamos a seguir removiendo el estiércol… y lo único que vamos a lograr es que cada seis años pasen del pan a la mierda y de la mierda al pan los que estaban del otro lado. Y los que están de este lado. Grave asunto.

 

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Administrador Adicional -

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