El oficio periodístico
no es para pusilánimes
CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ
El peor error que cometió la prensa en el caso de los secuestros de reporteros en Durango fue haberlos contextualizado como un asunto de seguridad nacional. Con ello, la prensa quedó subordinada al juego estratégico del gobierno contra el crimen organizado.
Cuando el The New York Times tuvo la información sobre la invasión a Cuba por Bahía de Cochinos en 1961, el presidente Kennedy habló con el dueño del periódico, Orvil Dryfoos, para pedirle que no publicara la nota por un asunto de seguridad nacional. El diario aceptó la (auto) censura. Meses después, Kennedy dijo a Dryfoos que esa censura había sido un error y que se hubiera evitado el ridículo de EU si la información se hubiese publicado. Es decir, que la nota no fue en realidad asunto de seguridad nacional.
Años después, en 1971, el NYT y el The Washington Post pelearon en la Corte Suprema de EU el derecho a publicar los famosos papeles del Pentágono, pese a la denuncia del presidente Nixon de que se trataba de un asunto de seguridad nacional. Asimismo, la prensa norteamericana rompió el cerco informativo en Vietnam y reportó las derrotas del poderoso Ejército norteamericano. La semana pasada, a través del sitio Wikileaks -especializado en filtraciones- la prensa mundial tuvo acceso a más de cien mil documentos secretos sobre la guerra Bush-Obama en Afganistán. La Casa Blanca quiso bloquear la difusión con el argumento de la seguridad nacional pero no pudo lograrlo.
Las noticias, por tanto, no caen en el terreno de la seguridad nacional. En el caso de los reporteros secuestrados en Durango los medios aceptaron la sugerencia de enmarcar el asunto como de seguridad nacional y con ello cayeron en los terrenos de los intereses estratégicos del gobierno. Los argumentos de seguridad nacional obligan a entregar la libertad de expresión a los intereses de políticas gubernamentales. El caso de los secuestros fue, simplemente, un asunto de seguridad pública. Y los medios deben estar preparados para negociar por su cuenta sin la intervención oficial. Ya ocurrió, por ejemplo, con el secuestro de Diego Fernández de Cevallos.
Las presiones sobre los medios forman parte de la estrategia conocida como la de “matar al mensajero” como una manera de enviarle mensajes al remitente. Al atacar a la prensa como intermediaria, el crimen organizado busca sólo intimidar a la sociedad y la reacción temerosa de la prensa se transfiere a la sociedad y se convierte en parte del pánico social. Por ello se habla también del modelo del “chivo mensajero” para atemorizar a la sociedad a través del mensajero.
La estrategia del crimen organizado ha sido bastante audaz: atacar por uno de los flancos débiles de la sociedad y aprovechar la falta de cohesión entre los medios y la política estatal de combate al crimen organizado. Así ocurrió en las luchas guerrilleras en América Latina y así también se dio en Irak y Afganistán. Como sector más vulnerable porque está en el centro del conflicto en su tarea de información pero sin ninguna protección, el crimen organizado convierte los ataques a la prensa en una estrategia de desestabilización social.
A la prensa le ha faltado definir su papel estratégico en los procesos de cambio político. Al difundir las informaciones sobre delitos, la prensa se convierte en un factor de cohesión-ruptura. El crimen organizado parece haber entendido muy bien está lógica -lógica de guerra, por lo demás- porque con un par de secuestros doblegó la política editorial que los medios habían salvaguardado de las presiones del Estado en otras circunstancias. Y como intermediario social, al aceptar el chantaje o la censura los medios desampararon a la sociedad. Así, el narco no sólo abrió otro frente de batalla sino que logró enfrentar a los medios con el Estado por medio de reclamos callejeros.
De ahí que los medios hayan cometido el error estratégico de convertir el secuestro de tres reporteros en un asunto de seguridad nacional. Ciro Gómez Leyva contó en Milenio que fue una sugerencia de Liébano Sáenz, secretario particular de Zedillo en Los Pinos. Por tanto, se trató de un enfoque político e institucional. Sin embargo, los medios deben tener otro tipo de razonamiento, comenzando por entender las razones de su involucramiento, el papel de la difusión de los hechos criminales y las acciones desestabilizadoras del crimen organizado.
Los granadazos contra instalaciones periodísticas, las agresiones contra profesionales de la información y las amenazas contra medios de comunicación son asuntos de seguridad pública, a pesar de que tengan efectos desestabilizadores. Los medios tienen la facilidad de definir las reglas de operación de sus profesionales de la información pero sin subordinarse a los intereses de seguridad nacional del Estado. Y desde luego que pueden pactar compromisos con el gobierno en función de políticas de Estado, pero dejando muy en claro que la tarea de la información criminal tiene sus riesgos pero no dependen de las prioridades del poder.
Los ataques contra medios, por parte del crimen organizado, son agresiones contra la libertad de prensa. Pero la libertad de prensa se mantiene con más libertad de prensa. El periodismo no necesita de imprudentes ni de héroes sino de profesionales de la información. La libertad de prensa no se mide con reporteros secuestrados o asesinados sino con la decisión de ejercer la crítica sin temores. Aquí ya se escribió: el oficio del periodismo no es para pusilánimes.
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