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Inminente, la privatización total
El 24 de noviembre de 2010, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) aprobó los contratos integrales, también conocidos como “contratos incentivados”, para que empresas privadas, sobre todo extranjeras, puedan hacer trabajos de exploración y producción de crudo, de manera inicial en tres campos maduros: Santuario, Carrizo y Magallanes. El término “incentivado” quiere decir, simple y llanamente, que se pagará a las empresas cuando encuentren hidrocarburo. Tales contratos entraron en vigor el pasado 1 de marzo.
Un día después, el 2 de marzo, el jefe de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, Roberto Michel, reveló que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) paga cada vez más dinero a los productores privados de electricidad. El funcionario reveló que la CFE pagó 6 mil 428 millones de pesos a proveedores particulares en el 2002, cifra que aumentó a 70 mil 600 millones de pesos, en el 2008. Lo inexplicable es que la CFE tiene inactiva casi la mitad de su capacidad instalada.
Los tecnócratas del PAN, tan afines a los tecnócratas del PRI, ven - sin sorpresa- como los tecnócratas del PRD, quieren acelerar, por su parte, la privatización del agua en la ciudad de México. A eso apunta la iniciativa de Marcelo Ebrard de convertir al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) en un organismo descentralizado, dependiente de empresarios especializados.
La descentralización del SACM operaría, también, a base de contratos incentivados. El gobierno capitalino premiaría a las empresas que perforen y encuentren agua. Además les vendería grandes bloques de agua para que la puedan revender, con los consabidos aumentos a las tarifas y el castigo a los bolsillos de los contribuyentes.
Esta estrategia -cuya aprobación depende de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal- permite prever que las empresas contratadas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México puedan privilegiar la exploración en el subsuelo de delegaciones como Miguel Hidalgo o Benito Juárez, donde se presume que hay reservas importantes de agua y un alto potencial económico, en perjuicio de otras como Iztapalapa, donde el vital líquido tiende a escasear cada vez más y hay mucha pobreza.
Y si los panistas están empeñados en concretar la privatización de Pemex y CFE, y los perredistas en privatizar el agua del Distrito Federal, los priistas preparan un golpe demoledor contra la clase media, que es la que mueve a este país.
Lo hacen a través de la iniciativa de reforma hacendaria que fue presentada oficialmente por el senador Manlio Fabio Beltrones el pasado 10 de marzo. “Es posible sacar a México de la parálisis y del estancamiento. Por ello es que presentamos esta iniciativa de modernización hacendaria”, dijo el legislador.
La propuesta contempla, entre otras medidas, las siguientes:
- Mantener el IVA en 16 por ciento, con la posibilidad de devolver un 3 por ciento a los contribuyentes.
- Supresión del Impuesto Empresarial a Tasa única (IETU).
- Disminución gradual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), de 30 por ciento a 25 por ciento.
- Mantener la tasa cero de IVA sólo en los productos de la canasta básica de alimentos, es decir, los que provienen de animales y vegetales que no estén industrializados, así como tortillas, masa, harina, pan, leche y huevo, además de medicinas de patente, libros, revistas y diarios.
- En cambio, los alimentos industrializados, que no formen parte de la canasta básica, tendrían una tasa generalizada de 13 por ciento, con el objeto de “eliminar los privilegios que favorecen a quienes más pueden consumir”
Cabe hacer notar que el PRI había propuesto, inicialmente, reducir el IVA del 16 al 12 por ciento. Hoy lo que quiere es mantenerlo en 16 por ciento y devolver el tres por ciento a quienes puedan acreditar la deducibilidad y puedan sortear las consabidas trabas fiscales. La trampa es la siguiente: el porcentaje mayoritario de la población compra en mercados sobre ruedas y en las “tiendas de la esquina”, porque carece de los recursos para hacerlo en los supermercados y en las tiendas departamentales.
Para poder acreditar la deducibilidad de 3 por ciento, según la Ley Beltrones, deberá contar con los respectivos comprobantes fiscales. El tianguista no los va a poder ofrecer. El abarrotero de la esquina, tampoco. Por lo tanto, el contribuyente deberá comprar en las grandes tiendas, las cuales venden todo más caro. Tianguistas y abarroteros se quedarán sin clientes y perderán sus respectivas fuentes de ingresos y pasarán a engrosar las filas del desempleo. En cambio, las llamadas “tiendas de conveniencia”, es decir, las franquicias, en su mayoría extranjeras, podrán multiplicarse de manera exponencial.
Se entiende la necesidad de aumentar el padrón de contribuyentes, pero lo que no se entiende es por qué lo quieren hacer con los que menos tienen y que son los que menos pueden pagar. Está comprobado que el mexicano promedio gasta un 35 por ciento de sus ingresos en alimentos y medicinas. Cuando pague más en impuestos ¿cómo le hará para vestirse, para transportarse, para acceder a la educación? Quién sabe. Tal vez lo pueda hacer en el país del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, donde, con un salario mensual de 6 mil pesos se puede pagar una casa, un auto y las colegiaturas de los hijos.
Nos queda claro que los más de 12 millones de mexicanos que están en el mercado informal deben pagar impuestos, pero con medidas como éstas, menos lo van a hacer, porque mucha de la mercancía que manejan es falsificada, robada o metida de contrabando. Por ahí no va la cosa.
En cambio, hasta donde pudimos conocer de la iniciativa del senador Beltrones, no se propone nada para acabar con los regímenes especiales de tributación, gracias a los cuales las grandes empresas dejan de pagar impuestos hasta por 540 mil millones de pesos al año.
En síntesis: la Ley Beltrones es recaudatoria, pero injusta. Pretende castigar, sobre todo, a la clase media, que es la que mantiene de pie a este país, a pesar de que la cúpula del gobierno está consciente de que ha sido sometida a una serie interminable de crisis, desde 1970 a la fecha. La plutocracia, en cambio, mantiene e incrementa sus privilegios. La lista de multimillonarios difundida en días pasados por la revista Forbes así lo demuestra.
Si esta iniciativa se aprueba en el Congreso, sus “beneficios” comenzarán a sentirse en las finanzas públicas a finales del 2012, cuando Calderón deje el poder y a principios de 2013, cuando -según los cálculos priistas- Enrique Peña Nieto esté en el poder. La Ley Beltrones, para concluir, quiere dinero, dinero y más dinero para el futuro gobierno priista, no para sacar al país del agujero en que se encuentra. Ya veremos si el PRI logra su objetivo.
Por lo demás, la estrategia seguida con Pemex, la CFE y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México es muy clara: reducir al Estado mexicano y a sus instituciones a una mera gerencia encargada de entregar los recursos naturales y estratégicos a proveedores foráneos. No pasará mucho tiempo para que sea el Buró de Crédito el que controle, en complicidad con los bancos y las grandes tiendas y cadenas de franquicias, la economía de los mexicanos. Al tiempo…
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