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Después de conejo ido,
pedradas al matorral
Si la incuantificable “renta” que genera la corrupción -por decirlo de una manera- va a parar a fondo muerto de los vivales que la practican, podemos poner las cosas de otro tamaño: Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esa peste hace perder a países como México hasta dos puntos porcentuales de crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB). Un estimado en números absolutos nos hablaría de unos 260 mil millones de pesos anuales. Nos quedaríamos cortos, sin embargo: Sólo a manera de ilustración, por “regímenes fiscales especiales” que privilegian a la plutocracia -una forma elegante de llamar la corrupción que enferma de bulimia las finanzas públicas-, el erario federal pierde más de medio billón de pesos cada año.
Como estamos en marzo, mes en cuyo día 21 se conmemora el 205 aniversario del natalicio de Benito Juárez, es posible que muchos mexicanos puedan recordar que el benemérito patriota recomendaba a los funcionarios públicos vivir en la honrada medianía. Dicho en buen romance, que, ante la tentación del arca abierta, se limaran sus afiladas uñas.
A principio de marzo; esto es, al cuarto para las doce, el presidente Felipe Calderón -a quien le restan sólo veinte meses de su sexenio- montó un acto televisable en Los Pinos, para anunciar trapitos contra el pillaje con las iniciativas de Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y de reforma a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Cuando México tiene un Congreso de la Unión tardón para convertir en mandato las iniciativas presidenciales, no es fácil calcular cuánto tiempo se llevará el proceso legislativo correspondiente.
Pero, sobre el alcance de la vigorosa voluntad del Presidente, habla una parte de su propio diagnóstico del problema. Éste, dijo, se encuentra en las autoridades responsables del tránsito vehicular, del otorgamiento de permisos para el establecimiento de un comercio o de la expedición de licencias para construcción. Castigar la transgresión, apuntó el mandatario, es la estrategia hacia un México más transparente. En tiempos del PRI, era común que las horcas caudinas de los jurados populares, para ejemplarizar el combate a la corrupción, se cebaran en… los carteros o algún inspector de alcoholes.
Para poner a prueba la autenticidad presidencial en la persecución de ese crimen de lesa economía nacional, basta con señalar que, coincidentemente, se convocó en México al foro de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, que preside el diputado federal por el Partido Acción Nacional, Ricardo García Cervantes. La agenda de ese organismo se centra en un objetivo medular: Instrumentar de la mejor manera posible la Convención de la ONU en materia de lavado de dinero, el blanqueo de capitales y el control de las cuentas públicas.
El lavado de dinero en México, es el talón de Aquiles de la actual guerra contra el narco sostenida por el gobierno de Calderón. En cuanto al tercer punto, el control de las cuentas públicas, es, desde la primera administración panista a cargo de Vicente Fox, una constante fallida en la lucha de la Auditoría Superior de la Cámara de Diputados en busca de que el gasto público federal se ciña a lo ordenado en el Presupuesto de Egresos. No sólo no se acata el mandato legislativo: Existen deliberados desvíos de los recursos públicos que, en algunos casos, configuran materia de delito, que en la mayoría de los casos permanecen impunes.
De todas formas, una semana después del anuncio calderoniano, el titular de la Secretaría de la Función Pública -ente con el que el gobierno simula auto fiscalizarse-, Salvador Vega Casillas, en reunión con industriales, consideró que dos años que le quedan a la actual administración son insuficientes para esperar los resultados que prometen las iniciativas del Ejecutivo.
En términos de la jerga jurídica, iniciativas que se promueven para taparle el ojo al macho se las denominan lex simulata. Ni menos, ni más.
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Editorial
Después de conejo ido,
pedradas al matorral
Si la incuantificable “renta” que genera la corrupción -por decirlo de
una manera- va a parar a fondo muerto de los vivales que la practican, podemos
poner las cosas de otro tamaño: Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
esa peste hace perder a países como México hasta dos puntos porcentuales de
crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB). Un estimado en números absolutos
nos hablaría de unos 260 mil millones de pesos anuales. Nos quedaríamos cortos,
sin embargo: Sólo a manera de ilustración, por “regímenes fiscales especiales” que
privilegian a la plutocracia -una forma elegante de llamar la corrupción que enferma de
bulimia las finanzas públicas-, el erario federal pierde más de medio billón de pesos
cada año.
Como estamos en marzo, mes en cuyo día 21 se conmemora el 205 aniversario del
natalicio de Benito Juárez, es posible que muchos mexicanos puedan recordar que
el benemérito patriota recomendaba a los funcionarios públicos vivir en la honrada
medianía. Dicho en buen romance, que, ante la tentación del arca abierta, se limaran
sus afiladas uñas.
A principio de marzo; esto es, al cuarto para las doce, el presidente Felipe Calderón
-a quien le restan sólo veinte meses de su sexenio- montó un acto televisable en Los
Pinos, para anunciar trapitos contra el pillaje con las iniciativas de Ley Federal Anticorrupción
en Contrataciones Públicas y de reforma a la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos. Cuando México tiene un Congreso
de la Unión tardón para convertir en mandato las iniciativas presidenciales, no es fácil
calcular cuánto tiempo se llevará el proceso legislativo correspondiente.
Pero, sobre el alcance de la vigorosa voluntad del Presidente, habla una parte
de su propio diagnóstico del problema. Éste, dijo, se encuentra en las autoridades
responsables del tránsito vehicular, del otorgamiento de permisos para el establecimiento
de un comercio o de la expedición de licencias para construcción. Castigar la
transgresión, apuntó el mandatario, es la estrategia hacia un México más transparente.
En tiempos del PRI, era común que las horcas caudinas de los jurados populares,
para ejemplarizar el combate a la corrupción, se cebaran en… los carteros o algún
inspector de alcoholes.
Para poner a prueba la autenticidad presidencial en la persecución de ese crimen
de lesa economía nacional, basta con señalar que, coincidentemente, se convocó
en México al foro de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción,
que preside el diputado federal por el Partido Acción Nacional, Ricardo García
Cervantes. La agenda de ese organismo se centra en un objetivo medular: Instrumentar
de la mejor manera posible la Convención de la ONU en materia de lavado de
dinero, el blanqueo de capitales y el control de las cuentas públicas.
El lavado de dinero en México, es el talón de Aquiles de la actual guerra contra el
narco sostenida por el gobierno de Calderón. En cuanto al tercer punto, el control de
las cuentas públicas, es, desde la primera administración panista a cargo de Vicente
Fox, una constante fallida en la lucha de la Auditoría Superior de la Cámara de Diputados
en busca de que el gasto público federal se ciña a lo ordenado en el Presupuesto
de Egresos. No sólo no se acata el mandato legislativo: Existen deliberados
desvíos de los recursos públicos que, en algunos casos, configuran materia de delito,
que en la mayoría de los casos permanecen impunes.
De todas formas, una semana después del anuncio calderoniano, el titular de la
Secretaría de la Función Pública -ente con el que el gobierno simula auto fiscalizarse-,
Salvador Vega Casillas, en reunión con industriales, consideró que dos años que le
quedan a la actual administración son insuficientes para esperar los resultados que
prometen las iniciativas del Ejecutivo.
En términos de la jerga jurídica, iniciativas que se promueven para taparle el ojo al
macho se las denominan lex simulata. Ni menos, ni más.
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