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Fase superior de la guerra
Narca: El exterminio
Desde hace varios meses, Voces del Periodista publicó que, con apoyo “académico” de algunas universidades, el gobierno de los Estados Unidos realizaba mapeos del territorio mexicano -como los realizados con anterioridad en Colombia-, con el objetivo militar de prevenir la influencia de movimientos armados de corte guerrillero en las comunidades rurales. Se apuntó entonces que una de las regiones ya mapeadas era la de San Luis Potosí, casualmente el estado donde recientemente fue asesinado el agente del Departamento de Aduanas estadunidense Jaime Zapata. Las autoridades mexicanas, tuteladas por el FBI y la DEA, guardaron silencio sobre aquella advertencia.
Hace dos semanas, el gobierno de la República, forzado por las circunstancias, reconoció vuelos en territorio mexicano de aviones militares norteamericanos no tripulados -drones, como los que las fuerzas armadas de los Estados Unidos han empleado en operaciones en el Medio Oriente para cazar blancos concretos, y que han costado la vida a 700 civiles, según conteo del New York Times. En algunas ocasiones y en eventos específicos, confesó la secretaría técnica del Consejo de Seguridad Nacional a cargo de Alejandro Poiré, el gobierno “ha solicitado a Estados Unidos apoyo de aviones no tripulados para la obtención de información específica, definida por México, en particular en la zona fronteriza, para la consecución de objetivos concreto en materia de seguridad”. No hay equívoco: El gobierno mexicano ha solicitado…
De inmediato, senadores de la oposición declararon que esas operaciones violan la soberanía nacional, pasan por encima de la Constitución y son otra muestra de la subordinación del gobierno mexicano a Washington. La priista presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta, Rosario Green, increpó: “¡No sé que le falta al gobierno de Calderón para entregar el mando! Eso es algo realmente preocupante”. El ex ministro de la Corte y diputado presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara baja, Florentino Castro Castro estableció que las incursiones aéreas estadunidenses violan la soberanía y la Constitución mexicanas.
De guerrillas se hizo alusión en el tema de los mapeos arriba comentados. Posteriormente, en declaraciones de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, empezando por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, se ha hablado de que los cárteles de la droga ejecutan acciones de narcoinsurgencia que implican peligros para la seguridad nacional. El gobierno de Felipe Calderón ha respondido indignado a ese diagnóstico que va más allá de la mera insinuación.
En un reportaje-entrevista publicado a principios de marzo por La Jornada, con crédito a Sanjuana Martínez, el hasta esos días todavía director de Seguridad Pública de Torreón, Coahuila, general Bibiano Villa Castillo, al recordar su parentesco con Pancho Villa, expresó que éste hizo guerra de guerrillas y a él le toca ahora combatir a la guerrilla urbana. De ello se colige que existen militares que le dan su verdadero nombre a “la lucha por la seguridad de los mexicanos” de la que habla el presidente Calderón.
Pero hay algo más pavoroso aún en el testimonio de Villa Castillo: El personal militar, explicó, es adiestrado para el combate. No se raja. Donde alcanzamos a los delincuentes, admitió, los matamos. “Hay que romperles la madre”. Al referirse a los zetas o a los chapos, dijo: “Cuando agarro a un zeta lo mato. ¿Para que interrogarlo? Que le vaya a decir a San Pedro lo que hizo”. ¿Cuántos mandos militares implicados en la guerra contra el narco comparten ese brutal criterio y aun sus prácticas?
Desde hace tiempo, se difunden versiones de que, desde algunas guarniciones militares, se destaca clandestinamente a comandos vestidos de civil que, en incursiones nocturnas en zonas semiurbanas o rurales de preferencia, atacan en sus domicilios a familias civiles, sin que de estas operaciones se informe públicamente. El pasado 16 de marzo, un reporte dio a conocer que en Tecámac, Estado de México, elementos de la Policía Federal tuvieron un incidente con “soldados vestidos de civil” que, al ser interceptados, “actuaron de manera prepotente”. Ambos grupos habían salido de la Ciudad de México. Según fuentes de la secretaría federal de Seguridad Pública, el vehículo en el que viajaba alguien que se identificó como general del Ejército, portaba placas con reporte de robo.
Los temas anteriores no son simples tópicos. Revelan que “la lucha por la seguridad” se está saliendo de madre, alcanzando dimensiones que erizan aún más el ánimo de la sociedad mexicana.
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