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Tortuguismo en las reglas
para la sucesión de 2012
Parece inconcebible que el Instituto Federal Electoral (IFE) ya tenga para 2012 un Plan Estratégico del Voto de Mexicanos Residentes en el Exterior y que, en contrapartida en el interior, hasta la fecha no se sepa siquiera quiénes serán los tres ciudadanos que se incorporarán a la plena integración de ese organismo, que debe garantizar certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad a la sucesión presidencial del año que viene.
De dichos atributos que la Constitución impone al IFE, queda desde ya cuestionado el principio de independencia, habida cuenta que lo que tiene atorada en la Cámara de Diputados la designación de dichos consejeros, desde octubre de 2010 -la tardanza se atribuye a la coordinadora de la bancada panista Josefina Vázquez Mota, en pugna por la candidatura presidencial del PAN-, es el reparto de cuotas entre los partidos, que de esa forma pretenden la lealtad de los favorecidos, cuando estén en el ejercicio de sus funciones.
El próximo mes de octubre el IFE debe de poner sobre rieles su agenda para las elecciones generales de 2012. En esos términos, lo menos que se debe esperar, para la fiabilidad de sus decisiones y la confianza de los electores, es que no exista sombra de duda sobre su composición y la naturaleza jurídica de su funcionamiento.
Se subraya el segundo concepto porque, además del nombramiento de un tercio de los consejeros por la Cámara baja, no se sabe si, en la reforma electoral pendiente en el Congreso de la Unión, haya cambios constitucionales y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que modifiquen o amplíen las facultades de los órganos operativos del IFE.
En cuanto al plazo para que la Cámara de Diputados nombre a los consejeros, es un hecho que esta colegisladora ya ha pasado sobre la mandato constitucional, con la cínica excusa del desacuerdo entre las coordinaciones parlamentarias. Pero existe un ingrediente aún más imperativo: De acuerdo con jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda reforma a la legislación electoral debe ser aprobada 90 días antes de que se inicie el proceso que va a guiar. Si es así, la reforma al código electoral federal debiera estar resuelta a más tardar la última semana de junio.
Sólo los bastardos intereses de los partidos representados en el Congreso explican que decisiones tan trascendentes -ensombrecidas por las nefastas consecuencias de la elección presidencial de 2006- se lleven a los límites últimos del calendario legislativo, echando gasolina al fuego ya encendido por el nervioso apresuramiento de las facciones y los precandidatos que aspiran la presidencia de México, cuyo activismo, por añadidura, ya es objeto de la intervención del IFE a pedido de parte.
Es menester recordar, que el gran conflicto generado en la elección presidencial de 2006 hizo explosión -según trataron de justificar lo mismo consejeros que magistrados electorales- por la deficiencia, insuficiencia, ambigüedad o inexistencia de reglas precisas para fundamentar jurídicamente sus decisiones; vacíos, lagunas, vicios o trampas de la legislación dieron amplio margen a la interpretación discrecional y abusiva de la norma. De ese río revuelto deliberadamente por el constituyente permanente, se valieron los audaces pescadores que actuaron con la mayor impunidad, trátese del presidente de la República o de los poderes fácticos que hicieron de la transgresión ejercicio impune.
Lo peligroso y alarmante del caso es que, mientras -como consecuencia de esa situación suspensiva de las autoridades competentes-, ni jugadores ni ciudadanos del llano sepan a estas alturas a qué atenerse en materia de reglas electorales relativamente definitivas, el rentable negocio de las encuestas opera para privilegiar e implantar sobre la opinión pública el acelerado interés de individuos o grupos que, sin esperar la convocatoria de los partidos para sus procesos de selección interna, ya agita el escenario, dando más pretexto para la riña que certidumbre a aquellos mexicanos que ven el proceso electoral como oportunidad para el cumplimiento de un deber cívico.
No es casual, ni mucho menos gratuito que, en ese tremedal, se presente la guerra entre los usufructuarios de las concesiones estatales en materia de telecomunicaciones: Está de por medio la gran bolsa que constituye el presupuesto electoral de 2012 del que, particularmente las empresas televisivas, se llevan la parte del león. Y en ese perverso, enervado y enconado juego crematístico, el elector queda marginado como simple convidado de piedra.
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