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México bajo fuego
Ese es el rubro bajo el cual un canal de televisión reporta las matanzas cotidianas que caracterizan la guerra contra el narco en México. Pero esa es otra historia. La que hoy nos interesa tiene otras implicaciones, a saber:
Recientemente, un juez de Brooklyn (USA) -Jack Weinstein- falló en contra de ciudadanos vietnamitas que demandaron reparación de daños causados en personas por el llamado agente naranja -el defoliante 2,4 D o 2,4,5 T, que tiene como precursor la dioxina, cuya producción fue prohibida en los Estados Unidos en 1971-, que fue utilizado por el Ejército norteamericano durante la guerra de Vietnam. Se sabe que más de 80 millones de litros fueron derramados en aquel territorio para extinguir su vegetación y dejar en descampado a guerrilleros combatientes. Sus efectos habrían dejado secuelas genéticas en un millón y medio de vietnamitas. En 1984, veteranos estadunidenses lograron indemnizaciones en metálico por esa causa. El agente naranja, elaborado entre otros laboratorios por Dow Chemical y Monsanto -tan consentidos en México-, tiene eficaces efectos especialmente en climas tropicales.
Particularmente durante el primer semestre de 2011, en las zonas áridas del norte de México -de por sí escasas de bosques y selvas- se han registrado incendios que en el total del espacio nacional han destruido la escasa vegetación en casi medio millón de hectáreas. Funcionarios de la Comisión Nacional Forestal han diagnosticado como atípicos esos siniestros. “Atípicos”, porque son imputables a causas “no naturales”. Sin entrar en detalles aún, se relaciona ese fenómeno con el narcotráfico, lo que presupone su persecución en nichos en que el crimen organizado cultiva enervantes o sirven de refugio a delincuentes rurales o urbanos.
Es indicativo que esos incendios atípicos se estén registrando en Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas, entidades fronterizas o cercanas a la frontera con los Estados Unidos, en las que la incidencia criminal es más intensa y destino del tráfico de armas reconocido tras abortar la operación rápido y furioso, tramada por agencias gubernamentales de los Estados Unidos.
Lo que sigue tiene resonancias de tremendismo. Casualmente, la racha de incendios sin precedente en los últimos treinta años, coincide con la incursión en cielos mexicanos de aviones no tripulados, denominados drones, cuyos servicios, según el vocero del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, han sido solicitados a Washington por el gobierno mexicano para “casos específicos”, no obstante las denuncias de su uso indiscriminado y mortal en las guerras del Medio Oriente, según órganos de información estadunidenses.
“Piensa mal y acertarás”, avisa la conseja popular. Si mal no recordamos, entre 1992 y 1993, en sesiones abiertas en el Congreso de los Estados Unidos, hubo ponentes invitados que advirtieron que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), promovido por Carlos Salinas de Gortari, serviría de cobertura a las actividades del narcotráfico, particularmente en el corredor Torreón, Coahuila-Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces se calculaba en más de 15 mil millones de dólares las ganancias anuales generadas por esa actividad.
Esa anticipada preocupación civil, política y económica presentada ante El Capitolio estadunidense, se vio justificada al tiempo con la secuencia de Las muertas de Juárez, la aparición del Cártel de Juárez y la incontenible ola de criminalidad en la Comarca Lagunera, que tienen a aquella región en una situación espeluznante.
No es la cuestión enredarse con especulaciones, por más que existan fundamentos para la duda razonable. El punto es que, como en política no hay casualidades, la sospecha debe ser tomada en serio por las autoridades mexicanas para despojar el combate al crimen organizado de cualquier sombra de insidia. Hasta hace algunos meses, para algunos ingenuos parecía inaudito que agencias gubernamentales norteamericanas fueran las responsables del impulso al tráfico de armas hacia México. Sin embargo, de las propias entrañas de esas instancias surgió la confirmación de esa perversidad. Después de ello, toda denuncia de turbiedad en el comportamiento de la Casa Blanca adquiere verosimilitud.
El asunto de las misteriosas incursiones de los drones para “casos específicos”, es un acertijo para el increíble doctor Poiré. No se trata ni siquiera de hablar de soberanía -arrumbada ya en el museo de las reliquias históricas. Se trata de la destrucción de economía productiva, en especial la ganadera, del exterminio de fauna no renovable y de la extinción de la flora que sustenta un sistema ecológico de suyo vulnerable. No es éste un tema de poca monta.
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