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Democracia y telecracia
Para los atribulados mexicanos que tienen su sistema sensorial atrofiado o suspendido, es hora de ponerse las pilas: El código de acceso es 2-0-1-2. La clave 1-2 es: 1) El complejo bancario-financiero mundial está nuevamente amenazado por la crisis económica en Europa, con estados nacionales en situación de debacle social como Grecia, Italia y España; en Japón, como consecuencia de la catástrofe nuclear, y en los Estados Unidos por la rebatiña a la que se ha sometido el problema de la deuda pública en pleno escenario de elección presidencial, y 2) los impactos que esa crisis desencadenará sobre la subsidiaria y subsidiada economía mexicana, también en etapa preparatoria de elecciones generales, con la presidencia de la República como oscuro objeto del deseo.
Los precandidatos presidenciales ya están en plena puja cuando sus partidos no le encuentran aún la cuadratura al círculo para impedir que sus procesos de selección interna se salgan de madre. Las tres principales fuerzas partidistas: PRI, PAN y PRD, no definen todavía ni calendario ni métodos normativos para la nominación de sus abanderados en 2012. Las franquicias tributarias -la chiquillada, pues-, esperan a que “los grandes” tomen decisiones para calcular en que tren se suben al cabúz. Se trata de guerras intestinas que pueden prolongarse al menos hasta febrero del año próximo.
Dejando el tema sucesorio al régimen interno de cada partido, lo que ya está en la agenda pública es la preocupante cuestión de la comunicación política y, más concretamente: la de la incomunicación electoral. Es así, porque, aplazando la pugna interempresarial por la jugosa bolsa presupuestal para el financiamiento de las campañas presidenciales, los concesionarios de los medios electrónicos libran ya sus primeras batallas contra el Instituto Federal Electoral (IFE), ahora por asuntos reglamentarios en materias sobre el derecho de réplica o las pautas para la difusión de promocionales electorales, que tienen como trasfondo la impugnación de intereses privados a la facultad exclusiva otorgada constitucionalmente al IFE para la gestión del financiamiento de la propaganda electoral de 2012.
Alarma ese perverso y disolvente fenómeno dado que, adelantándose a las decisiones que tomen soberanamente los órganos competentes de los partidos en torno a sus candidaturas, algunos medios de comunicación han desatado sus propias campañas, usurpando el derecho a resolver quién debe y quién no debe participar en la sucesión presidencial como candidato. Si de guerras sucias o de propaganda negra se trata, esos medios han puesto en acción a sedicentes analistas -polítólogos los identifican para que sus palabras se tomen a título de fe- para que califiquen y, especialmente, descalifiquen a algunos aspirantes.
El anterior no es un tema menor, vistos los escándalos internacionales en boga, relacionados con magnates de los medios de comunicación. Verbigracia: El más reciente, que involucra al australiano Rupert Murdoch, su hijo James y subordinados, y embarra al premier británico David Cameron; y el otro, añejo, que tiene en el centro de gravedad al italiano Silvio Berlusconi; éste, más acosado por su participación en el espectro político-electoral de su país. En ambos casos, las putrefactas circunstancias que rodean a los protagonistas los exhiben como ídolos con pies de lodo, sobre todo en el segundo, en que se lo asocia con organizaciones mafiosas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación envió hace unos días una estimulante señal, amparando a una radio comunitaria contra la discriminación administrativa aplicada por una dependencia del gobierno federal. Es un caso individual, pero ejemplarizante. La propia Corte, hace cinco años, resolvió una acción de inconstitucionalidad promovida por un grupo de senadores en el caso de las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, haciendo observaciones correctivas que han sido desacatadas por el Poder Legislativo.
Es el caso que el Congreso de la Unión ha capitulado en sus facultades legislativas al mantener congeladas iniciativas de ley relacionadas con la comunicación social y las atribuciones del Estado en la materia, obedeciendo a la presión de los intereses de los concesionarios. Obedeciendo es un decir: Lo cierto es que partidos y representaciones parlamentarias son movidos también por sus propios intereses en temporada de caza de puestos de elección popular, entre éstos la presidencia de México.
En ausencia de normas constitucionales claras y leyes secundarias precisas, pero sobre todo de principios éticos, a los contrarios en la lucha que debiera ser democrática les está dando por judicializar la política electoral, apelando primero al linchamiento mediático de los adversarios. Los recientes casos del mexiquense Jorge Hank Rohn y del quintanarroense Gregorio Sánchez; aquél aspirante a la gobernación de Baja California, y el segundo a la de su estado, son representativos de esa conducta desviada. El caso del michoacano Julio César Godoy es paradigmático: Aparte del ridículo, ¿qué hará ahora la Cámara de Diputados que lo desaforó? Los tres están en libertad otorgada por la autoridad judicial, sin que a sus fallidos acusadores se les finquen responsabilidades, dejando el camino abierto para que esas aberraciones “políticas” reproduzcan la crisis de 2006. Mal asunto.
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