{vozmestart}
República en la encrucijada
Conforme avanza la cuenta regresiva que nos acerca fatal y quién sabe si fatídicamente al 1 de julio de 2012, el proceso preparatorio de las elecciones generales, lejos de esclarecerse, tiende a enturbiarse.
Como ha venido ocurriendo desde hace tiempo, la contracultura jurídica que impera en el sistema político mexicano hace que los actores de diverso rango -desde el jefe del Ejecutivo federal hasta el más oscuro agente de las burocracias partidistas- prefieran aviesamente litigar sus conflictos en las tribunas mediáticas, pues muchas veces la falta o la insuficiencia de pruebas de sus acusaciones los inhabilita para presentar formalmente sus denuncias en fiscalías o tribunales de competencia.
Por la peculiar naturaleza de las pasadas elecciones de gobernador de Michoacán: La participación de la familia presidencial como agente activo, el legítimo derecho a sustituir al partido en el poder -en este caso el de la Revolución Mexicana (PRD)-; por el antecedente del fallido michoacanazo que enervó las relaciones institucionales entre los gobiernos federal y del estado, y la abiertamente desafiante acción de bandas de la delincuencia organizada, los comicios y sus resultados en ese estado son representativos del desprecio a las formas políticas y legales en una entidad cuyo proceso se tomó perversamente como probeta de ensayo de la sucesión presidencial.
La desconfianza en los órganos electorales estatales empujó a los beligerantes a trasladar sus reyertas a la metrópoli, donde la crisis ha sido pasto en llamas en los medios de comunicación. La instancia para la impugnación de los resultados del proceso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sido requerida excepcionalmente por mero trámite. En cambio, han proliferado anuncios de denuncia ante la fiscalía federal especial para delitos electorales, una dependencia de la PGR de probada ineficacia y, peor aún, ante la subprocuraduría de la propia PGR encargada de combatir la delincuencia organizada, reputada por sus tendencias facciosas.
En un intento de civilizar la galopante pugna, algunas voces han pretendido reorientar el debate, recomendando “no judicializar la política”, pero se pasa por alto que, en materia electoral, la judicialización de la política se elevó a rango constitucional con la creación del Tribunal Electoral del PJF. A mayor abundamiento, el legislador facultó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a practicar de oficio la averiguación de algún hecho constitutivo de violación del voto público, si bien referido a la legalidad de la elección de alguno de los poderes de la Unión.
No es ese el punto, sin embargo, insistimos. El punto es que los protagonistas de los conflictos electorales desdeñan la ruta jurídica y optan en primera instancia por el método de primero mátalos y después viriguas y se refugian en medios a modo que se prestan a degradar el Derecho a la Información en hábito permisivo, no pocas veces sin permitir ni siquiera el derecho de réplica de los imputados.
Aunque parezca arar en lo trillado, es necesario advertir que la desviación de la norma crea estado y el precedente generalizado llega a institucionalizarse. Situaciones como la de Michoacán, donde se ha violentado la lucha de los contrarios, suelen minusvaluarse bajo el supuesto de que se trata de un caso de excepción. La cuestión es que casos como esos ya están siendo la regla en los conflictos electorales. De no tomarse conciencia del escalamiento de esos mezquinos métodos de lucha política, nuevamente en 2012 tendremos una República en la encrucijada. La primera víctima de la insensatez será la sociedad mexicana, ya bajo acoso externo por la entreguista conducta de los lacayos.
{vozmeend}
More articles by this author
|
RSS Comentarios
