VOCES DEL DIRECTOR
MOURIS SALLOUM GEORGE
La dictadura de la encuestitis
NO ES, COMO MUCHOS despectivamente desearían, que los mexicanos tengan memoria flaca. Lo que sucede es que, a fuerza de dar coces al aguijón, la mayoría termina por asumir su impotencia ante la soberbia del poder, y del tal estado sicológico pasa a la negación o a la transa.
Al menos los especialistas en la materia recuerdan, y han sustanciado este ejercicio en algunas investigaciones llevadas a la divulgación editorial, que entre las consideraciones que hicieron los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), al dictaminar por unanimidad la elección presidencial de 2006, está aquella que estableció tácitamente que la intromisión de Vicente Fox en la campaña, pudo ser causal de nulidad de los resultados.
Con el lenguaje jesuítico propio de juristas gelatinosos, el texto del dictamen-sentencia afirma en algunas de sus líneas, que las acciones de Fox “constituyeron un riesgo para la validez de los comicios, pero no fueron consideradas determinantes porque su influencia fue atenuada y no se probó la concurrencia de otras irregularidades. (sic). Con ese sí, pero no, la transgresión presidencial a la norma, salvo la impunidad, no tuvo mayores consecuencias jurídicas.
Tiempo después, el entonces presidente del Trife, ya con nueva prebenda burocrática, Leonel Castillo González, en conferencia académica defendió la facultad de interpretación de la ley por el juzgador, supliendo éste la deficiencia o la insuficiencia del texto de la legislación. Lo que los expertos cuestionan, no es la facultad per se, sino el sentido que se le dé a dicha facultad.
El sentido que los magistrados unanimistas le dieron a su facultad, en ese caso, fue la declaración de Presidente electo a favor de Felipe Calderón Hinojosa, que casi seis años después no ha podido sacudirse el estigma de su designación, por muchos tipificada como ilegítima. Según algunos estudios de opinión, más del 30 por ciento de los mexicanos.
Para que consejeros y magistrados electorales vuelvan a tropezarse con la misma piedra, el usufructuario de la decisión de 2006, Calderón Hinojosa, al parecer seguro de que vale más pedir perdón que pedir permiso, está asumiendo la misma actitud que Vicente Fox y, de palabra y de obra, ha venido infringiendo la Constitución, el Código Electoral y cuanto manual se le ocurre al Instituto Federal Electoral, para procurar compulsivamente la permanencia de su partido en Los Pinos.
Para no ir más lejos, hace apenas unos días los consejeros del IFE resolvieron un recurso interpuesto contra Calderón Hinojosa por la tendenciosa difusión de los resultados de una encuesta en la que se “da por muerto” al candidato presidencial de las izquierdas, y se posiciona a la contendiente del PAN a unos cuantos puntos porcentuales (cuatro) del aspirante puntero del PRI-PVEM. Ob-via-men-te, sin siquiera ponderar la calidad ética y técnica de la agencia “encuestadora”, el IFE exoneró al michoacano, para dejarlo en aptitud de seguir abusando de su inmunidad. Dicho sea de paso, no puede hacer juicios de valor sobre la ética alguien que carece de ella. Con aquél método tan rudimentario, la diferencia entre el candidato líder y su seguidora, se disuelve simplemente aplicando el margen de error que generalmente se autoconceden las encuestadora, entre el tres y el cinco por ciento. ¡Qué tal! La verosimilitud artificial sobre la verdad.
Con ese expediente en mano, una firma que operó encuestas en 2006, ob-via-men-te en favor del actual mandatario -que favoreció con cargos públicos a socios y ejecutivos de dicha empresa-, reapareció recientemente, disparando a mansalva resultados diarios en los que, para mojarle mediáticamente la pólvora al candidato de las izquierdas, solamente expone las siglas de un partido, omitiendo a dos de los que lo nominaron. Colocado así el tablero, ob-via-men-te, dicho aspirante debiera abandonar la jugada, pues su conteo apenas si alcanzaría para que el partido tomado en cuenta (y no los otros dos), pueda conservar el registro.
El cuadro pintado por la mayoría de las encuestadoras, es para concluir que carece de objeto la enorme y costosa movilización del aparato burocrático para realizar las elecciones, dado que, puesto el candidato puntero en la tesitura de ser rebasado, está ya resuelta la permanencia transexenal del partido que nominalmente ocupa la presidencia de la República.
Decirlo así resulta fácil. Pero aun aquellos -algunos-, “líderes de opinión” que no se distinguen precisamente por su actitud disidente, empiezan a exhibir cierto pudor y han empezado a cuestionar la sujeción de las campañas, partidos y candidatos, a la ley del hierro de la encuestitis. Si con el 000 000.1 por ciento de personas empadronadas y supuestamente consultadas, se puede dar por resuelto previamente un proceso constitucional, ¿a qué exponer a la población en una elecciones de resultados prefabricados, que pueden ser rechazados por la vía violenta?
Toda democracia implica riesgos y costos. Pero renunciar voluntariamente a la función estatal que se juró cumplir bajo los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, no sólo significa un acto de irresponsabilidad: Constituye, por donde quiera que se le vea, un crimen de lesa gobernabilidad. En las actuales aciagas circunstancias, éste es un costo que la sociedad no puede darse el lujo de pagar.
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