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Edición 323

 Vamos a galope

 

hacia el páramo

 

Mouris Salloum George

 

 

 

No porque ahí haya nacido el constitucionalista Venustiano Carranza, sino porque se trata de un ecosistema cuya biodiversidad es única en el Planeta, Cuatro Ciénegas (1800: Nuestra Señora de Dolores y Cuatro Ciénegas) merece atención como testimonio muerto de un crimen de lesa Ecología.

 

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La atención a esa tragedia ambiental, con espíritu misionero se la ha brindado desde 2002 la investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, Valeria Souza. Su voz ha sido, literalmente, un  clamor en el desierto. El ecosistema, cuya formación inicial se calcula hace 3.5 billones de años, devorado por el alfalfa,  se extingue con toda su flora y fauna, sin que el centro escuche.

Delitos por omisión o comisión, da lo mismo. Son pan de cada día, horneados en los calderos de la  impunidad. En Voces del Periodista, tenemos meses denunciando los crímenes ecológicos y sociales perpetrados por las empresas mineras, mayoritariamente extranjeras, aupadas sobre todo durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. La callada por respuesta.

Como homicidio industrial se tipificó, al menos por el Sindicato de Trabajadores Minero Metalúrgicos de la República Mexicana, la inconclusa tragedia causada por la explosión en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, operada por el Grupo México, en la que pereció más de medio centenar de obreros, cuyos cadáveres permanecen en los socavones.

La tipificación la ha empleado nuevamente y otra vez contra el Grupo México, la representación sindical, ahora en el caso de la inundación de los ríos Sonora y Bacamachi con ácido sulfúrico -40 mil metros cúbicos- derramado sistemática y deliberadamente por los operadores de la Mina de Cananea, propiedad del consorcio de la familia Larrea Mota-Velasco, reputada como una de las primeras productoras de cobre del continente.

Aunque esa práctica no es  nueva, habitantes de los municipios de Cananea, Arizpe, Banámichi, Baviácora, Aconche y Ures (poblados algunos por reductos indígenas) decidieron finalmente denunciar el crimen, pues sobre los daños que ha causado a la ganadería y a la precaria agricultura, la amenaza se ha extendido al consumo humano.

Las secretarías federales de Medio Ambiente, Salud y Economía, y la dirección estatal de Protección Civil se han atrincherado en el disimulo para no sancionar a la poderosa depredadora, pese a las constancias objetivas que se han presentado sobre el ecocidio.

Como hemos documentado en nuestras páginas, no se trata de casos aislados. Paralela a la denuncia presentada en Sonora, en Durango se demandó la declaración de emergencia ambiental en el municipio El Oro, donde la presa de jales, de la empresa Proyecto Magistral, según el último registro, derramó en una sola emisión (10 de agosto) unos dos mil metros cúbicos de agua contaminada con cianuro, un ingrediente cancerígeno.

Como en el caso sonorense, el veneno ha empezado a matar las escasas reses que los lugareños crían para su autoconsumo, según pruebas presentadas por labriegos del ejido Magistral.  Aquí, al menos la delegación estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha tomado cartas en el asunto y ordenado acciones de prevención, acaso porque la división de tóxicos de Greenpace encendió la alarma.

Denunciar ese fenómeno corrupción-complicidad-depredación tiene en estos momentos dos razones de ser, a saber:

  1. las empresas mineras han sido incluidas entre las corporaciones que podrán obtener participación asociada en el negocio petrolero, y 2) para restringir el derecho agrario y comunal sobre tierras de potencial petrolero, la reforma energética ha autorizado la ocupación (eufemismo por expropiación) de la propiedad social que despierte el apetito de los inversionistas privados, en cuyo caso bastará un convenio de alquiler o arrendamiento.

El segundo punto está relacionado con una iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional, promovida por el PRI, ya en comisiones de dictamen, para titular en propiedad a extranjeros franjas de territorio costero y fronterizo -actualmente prohibido por la Carta fundamental-, ahora reservado a ejidos y comunidades agrarias que se dedican a la siembra y la pesca.

En su conjunto, ese proceso -por la vía legislativa o administrativa- atenta contra la seguridad alimentaria de los mexicanos, según se desprende de la decisión de enviar al archivo el nonato Pacto por el Campo, que presuponía, entre otros objetivos, una reconversión agropecuaria para recuperar la vocación granelera de la mayor parte del territorio nacional, desplazada de la infraestructura hidráulica, que da preferencia a la agricultura de exportación.  



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