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Miércoles, 12 de Noviembre de 2014 12:27 | 
Author: Miguel Ángel Corona | 
| Edición 327 |
En un país como el nuestro es ya añeja, yo diría algo más que vetusta, la demanda en pro de la justicia. Por ello, desde hace algunos ayeres han surgido variopintos movimientos en favor de la paz, organismos ciudadanos que luchan en aras de la justicia, componentes indisolubles de un país que se precie de ser democrático.
Sin embargo, a esta legítima demanda por parte de la ciudadanía, se han venido sumando otras más, todas ellas que buscan hacer de este nuestro México, un país en donde los derechos humanos sean letra viva, y no una mera bandera política de grupos e individuos que buscan seguir ascendiendo en los escalones del poder, o de aquellos que quieren seguir abrevando de los presupuestos de instituciones u organismos que se vanaglorian de servir a los mexicanos.
En las últimas semanas todos hemos sido testigos de las flagrantes violaciones a las garantías individuales de muchos conciudadanos. Los medios de comunicación han divulgado como, desde las más diversas instancias públicas encargadas de salvaguardar la seguridad ciudadana, se han violentando abiertamente los derechos humanos de los habitantes de diversos estados de la República.
Son varios los cruentos ejemplos en los que las instituciones defensoras de los derechos humanos poco, o nada, han hecho por patentizar su respaldo a los familiares de aquellas personas que fallecieron a manos, en este caso de efectivos del Ejército Mexicano.
Aludo particularmente al muy penoso suceso de la matanza de decenas de personas en Tlatlaya, estado de México.
Siguiendo instrucciones
En este lamentable acontecimiento sucedido el pasado 30 de junio, el todavía titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva se abocó a defender la que fue la primera versión oficial. Inicialmente el ombudsman nacional señaló que la indagatoria en torno a los 22 decesos de Tlataya se tardaría varias semanas en hacerse, pero a pesar de su dicho en buena medida, sus razonamientos se plegaron a lo que señalaban las instancias gubernamentales.
De la misma manera, Plascencia Villanueva; quien ahora busca que se le prorrogue su estadía al frente de la CNDH; había adelantado que los sucesos se limitaban a un mero enfrentamiento entre presuntos delincuentes y efectivos del ejército mexicano.
Esta actuación por parte del ombudsman mexicano, nos dejó con un amargo sabor de boca a todos los ciudadanos que ilusamente pensábamos que la defensoría de los derechos humanos; a manos de la citada comisión nacional, podía efectivamente cumplir con las disposiciones para las que fue creada en el ya lejano año de 1990.
Esta versión pro oficialista, se reprodujo con los dichos del ejecutivo mexiquense Eruviel Ávila, quien en su momento horas después de este trágico suceso ensalzó la actuación del Ejército Mexicano, señalando que sus efectivos habían rescatado a varias personas secuestradas e incluso, que habían actuado en legítima defensa al abatir a los que él llamó delincuentes.
Estas versiones oficialistas habrían permanecido incólumes si no es por la insistencia de diversos medios de comunicación que prosiguieron sus indagatorias periodísticas. Investigaciones en torno a lo que, de manera inicial habría sido un simple enfrentamiento más, una escaramuza entre las fuerzas del orden y un presunto grupo de delincuentes.
Intervención de los medios
Sin embargo, habrá que reconocer que fue gracias a la terquedad, que todo buen periodista que se precie de serlo debe tener, que un par de medios informativos, uno extranjero y otro nacional, lograron que el burdo montaje escénico, así como la amañada versión oficialista terminaran por desplomarse.
Ante la presión incluso del gobierno estadounidense para que su homólogo mexicano aclarara fehacientemente los hechos, a la que se sumó la opinión pública de nuestro país, al gobierno de Peña Nieto no le quedó nada más que tomar cartas en el asunto.
A riesgo de que, al ahondar que en las indagatorias, se lastimaran las sensibles fibras del medio castrense mexicano.
Por ello, hemos sido testigos de que el propio titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, ha tenido que salir a dar la cara y reconocer que el pasado 30 de junio en la comunidad de San Pedro Limón en el municipio mexiquense de Tlataya, ocho efectivos militares se vieron involucrados en la matanza de 22 personas.
Murillo Karam declaró que la PGR encontró varias inconsistencias en los hechos, es decir, a su manera, acabó por reforzar la hipótesis de que el ejército había realizado un montaje para justificar el ajusticiamiento que hicieron de esos presuntos delincuentes, un oficial y algunos miembros de la tropa a su cargo.
Cuán lamentable resulta el hecho de que esa instancia castrense haya intentado presentar ese suceso como una acción legal y legítima en aras de proteger a la ciudadanía, cuando en la realidad era un burdo y cruento ajusticiamiento de un grupo de personas a las que se presumió delincuentes.
Esta torpe maraña de encubrimientos se empezó a despejar cuando la PGR formalizó la acusación de homicidio a tres de los ocho militares que fueron acusados de los sucesos de Tlataya. Cabe puntualizar que, también a esos ocho efectivos, se les va a enjuiciar por las instancias correspondientes al fuero castrense.
Graves cargos
En este renglón a estos militares se les dictó formal prisión por delitos contra la disciplina militar, desobediencia, infracción de deberes por parte del oficial a cargo, en este caso un teniente. A la par de lo anterior, a los elementos de tropa se les inculpó de infracción de deberes.
Todos ellos son, sin duda, cargos sumamente graves que de nueva cuenta ponen al ejército mexicano en el ojo de la opinión pública. Esto a pesar de los intentos por parte del titular de la SEGOB, Miguel Ángel Osorio Chong, de señalar en su comparecencia ante los diputados que los acontecimientos de Tlatlaya habían sido meros hechos aislados.
Flaco favor a la justicia y al respeto a los derechos humanos hizo el funcionario encargado de la política interior. Él y otros voceros oficiosos del gobierno federal no hicieron sino incrementar la desconfianza ciudadana en las instituciones gubernamentales, fuerzas armadas incluidas, y en dependencias que se suponían ajenas a la égida del poder como la polémica CNDH.
En síntesis, hablamos de un muy negro suceso que marcó una ejecución sumaria de un grupo de personas y, lo que resulta peor, es que de no impartirse cabal justicia, estaríamos ante una especie de escuadrones de la muerte, casos de tan triste memoria en el Cono Sur de nuestro continente.
Por tanto cabría preguntarse si, de aquí en adelante, habitaremos una nación en donde este tipo de prácticas de juicios sumarísimos serán la norma a través de la cual se apliquen normas meta legales, cual violencia de Estado, abiertamente violatoria de los inalienables derechos humanos.
Damos la bienvenida a nuestras páginas al Mtro. Miguel Ángel Corona Ayala,
Licenciado en Comunicación Social, por la Universidad Autónoma Metropolitana.
Maestro en Dirección Empresarial por la Universidad del Tepeyac, México, D.F.
Diplomado en Identidad y Misión Universitaria por la Universidad Anáhuac, entre otras cosas.
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