Cumplida el 7 de junio la prueba de fuego de la reforma electoral culminada en 2014, que centralizó los procesos federal para formar la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y los concurrentes de los estados que tuvieron elección de gobernador, congresos locales y ayuntamientos, puede afirmarse que las expectativas ciudadanas no resultaron satisfechas conforme los valores que postula todo régimen democrático.
Restan aún los ajustes de los resultados que se procesan por el Instituto Nacional Electoral (INE) y las revisiones jurisdiccionales de los recursos de impugnación a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TFPJF), cuyo caso emblemático es el de Colima, donde el cómputo final dio pie a la controversia.
Emblemático el caso de Colima, porque prima el precedente de que, en 2000, el resultado que favoreció a la candidatura del PRI, fue revocado ordenando la reposición del proceso comicial.
En principio, lo que queda del 7 de junio es la necesidad de reflexión sobre la inercia de la suspicacia y el escepticismo que subleva a la ciudadanía que no ve llegada la hora de que la voluntad popular sea cabalmente respetada.
Como sea, el ensayo de la reforma electoral se inserta en el proceso de instrumentación de las grandes reformas transformadoras que el gobierno de un PRI renacido ha promovido para recrear el Proyecto de Nación, una vez que el concebido por los constituyentes de 1917 se ha dado por caducado.
Desde esa perspectiva, con independencia de la evolución del conflicto poselectoral de aquí a que se instale la LXIII Legislatura federal con una Cámara de Diputados renovada, el balón queda en la cancha del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Aunque algunos espacios de opinión de los medios de comunicación, haciendo abstracción de la gravedad de las secuelas electorales, ponen en cartelera 1) un insolente emplazamiento al Presidente para que proceda a cambios en el gabinete, y 2) el tema de la sucesión presidencial de 2018, por nuestra parte consideramos que es preciso esperar el Tercer Informe de Gobierno que marcará los cuadrantes de la carta de navegación para la segunda mitad del mandato peñista.
Desleales desertores del Pacto por México
Obviamente, los contenidos del próximo informe han de evaluar los resultados de los compromisos rectores que el Presidente trazó en su discurso de toma de posesión el 1 de diciembre de 2012.
No deja de suscitar preocupación que el primer enunciado de aquella agenda, el de un México en paz, esté a años luz de su meta.
Un “México en paz” pasa necesariamente por la disposición de espacios seguros y propicios para el libre ejercicio de los derechos del ciudadano y las prerrogativas de todos los sectores de la sociedad a darse una vida mejor en el ancho universo que abarcan los Derechos Humanos.
En cuanto afectan todo proyecto democrático, por el ámbito de acción en que por nuestra parte nos movemos, menester es insistir en nuestro reclamo de respeto al Derecho a la Información y la Libertad de Expresión.
En ese compromiso, hemos sido tercamente reiterativos frente al espectáculo de opresión y represión a la libre circulación de pensamiento. Hoy lo tomamos como causa propia frente a recurrentes amenazas de que ha sido objeto nuestra secretaria general del Club de Periodistas de México, Celeste Sáenz de Miera, cuyo “delito” no ha sido otro que el de ejercer de buena fe derechos consagrados por la Constitución.
Los signos de intolerancia, llevados a la acción directa, no son la mejor carta de presentación de un régimen que blasona su condición democrática, menos cuando dejan de ser expresiones aisladas para erigirse en sistema de gobierno.
Por su peso en el ingente combate a las estructuras de la desigualdad socioeconómica que afecta a la mayoría de los mexicanos, la inquietud tiene como centro de gravedad el resultado de la gestión de las iniciativas de orden económico.
De entrada, la apreciación indica que el balance de las iniciativas de orden económico dista mucho de ser satisfactorio pues la inestabilidad que parecía privativa de la economía popular, impacta ya lo que los técnicos codifican como las variables fundamentales de la macroeconomía.
Revisiones de la política presupuestaria, la subyacente resistencia a la reforma fiscal sostenida por el sector empresarial, el desplome de los ingresos de origen petrolero, el repliegue asumido por los inversionistas extranjeros desencantados con la reforma energética, la devaluación del peso, etcétera, no son factores de poca monta en el análisis de fortalezas y debilidades que se espera del próximo informe presidencial.
Entre esas debilidades notorias, que se insertan en el oportunismo político, está el uso de los resultados negativos de algunas iniciativas presidenciales por partidos que, faltando a la lealtad y a la autocrítica, aprovecharon las campañas pasadas para buscar el voto de castigo al priismo peñista.
De deslealtad y cinismo se trata, porque los partidos que emplearon esa estrategia descalificatoria son, en primer lugar, aquellos que se prestaron a la operación del Pacto por México y ahora no quieren pagar los platos rotos de su fracaso.
Responsabilidad de desterrar el flagelo del hambre
Algo hay que decir de la reciente gira por Europa de Peña Nieto para cuadrar el entorno. En Italia, ante el foro de la ONU para la Alimentación (FAO), el Presidente endosó a la actual generación la responsabilidad de desterrar el flagelo del hambre.
Hay mensajes que tienen el efecto de búmeran para quien lo emite. Si Peña Nieto asume ser parte de esa generación responsable de combatir el hambre, una primera reacción consiste en discernir si el Presidente mexicano proclamó una segunda declaración de Independencia.
Ello es así, porque el problema del hambre en México fue enervado por la incesante presión de las agencias político financieras, empezando por el Fondo Internacional (FMI) que dictaron las políticas de choque a los tecnócratas mexicanos.
De esa presión derivó la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), acompañado por la contrarreforma al artículo 27 Constitucional, que segaron el campo como fuente proveedora de alimentos a los mexicanos al abrir la frontera a suministros extranjeros, por añadidura subsidiados por los gobiernos, para el caso, el de los Estados Unidos, firmante del TLCAN.
La pregunta es si, como no lo aceptaron Salinas de Gortari, Zedillo, Fox y Calderón, Peña Nieto tiene en mente demandar la revisión del TLCAN, de manera que los productores agropecuarios mexicanos recobren su capacidad productiva para acceder al mercado de consumo en igualdad de circunstancia y proveer a los mexicanos a precios accesibles.
Esa es una de las preguntas, entre muchas, cuyas respuestas sería legítimo esperar en el Tercer Informe de Gobierno.
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