Con toda honestidad, esperemos que no se trate de una llamarada de petate: Así sea por interpósita persona y al través de un boletín, el gobierno de Enrique Peña Nieto enunció su compromiso de combatir la impunidad en los crímenes contra el Derecho y la Información y la Libertad de Expresión.
“Somos conscientes de que los delitos que afectan a comunicadores y defensores de los Derechos Humanos por el ejercicio de su actividad profesional tienen un impacto adicional en la sociedad, porque representan atentados contra las libertades de todos los mexicanos”, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, en comunicado emitido el pasado 18 de agosto.
El gobierno de la República, dice una de las versiones del texto, condena categóricamente las agresiones y ataques cometidos contra periodistas y defensores de los Derechos Humanos…
Se divisa una tenue luz en el macabro túnel por el que, desde 2000, han transitado los cadáveres de numerosos colegas y por el que han desaparecido más de veinte o buscado asilo otros muchos fuera del territorio de su desempeño habitual.
La reacción del gobierno de Peña Nieto respondió a una carta dirigida el domingo 16 a la persona del jefe del Ejecutivo, suscrita por periodistas, escritores y artistas de todo el mundo con el apoyo del PEN y el Comité de Protección a los Periodistas, a raíz del asesinato, el 31 de julio, del fotoreportero Rubén Espinosa, junto a una activista de Derechos Humanos y otras tres persona, en la Colonia Narvarte de la Ciudad de México.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, dice dicho documento, apunta a evidencia que involucra a funcionarios públicos en varios de los ataques contra periodistas y medios de comunicación.
“Las amenazas físicas extremas y generalizadas que padecen los reporteros llama la atención de organizaciones encargadas de vigilar la Libertad de Expresión en el mundo”, que exigen acabar con lo que llaman censura a tiros. El texto enviado a Peña Nieto afirma que “la abrumadora mayoría de esos crímenes permanece en la impunidad”.
El Club de Periodistas de México, por su naturaleza constitutiva, por solidaridad inquebrantable con el gremio y por tener en casa víctimas probadas de la persecución represora —como es el caso de nuestra secretaria general Celeste Sáenz de Miera, acosada por el gobernador de Morelos, Graco Ramírez y del Ex Fiscal Rodrigo Dorantes Salgado, quien ahora se dice víctima del propio sistema al que sirvió, hoy le toca sufrir en carne propia lo que en su momento hizo con Celeste, pues la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Lucía Meza Guzmán, minimizó las supuestas amenazas que sufrió por parte del comisionado estatal de Seguridad, Alberto Capella Ibarra y de la Fiscal Antisecuestro Adriana Pineda—ha mantenido incesantes su denuncia de esos atentados y la demanda de justicia, que ha sido denegada por sistema a familiares, empleadores y compañeros de colegas inmolados.
Hacemos un llamado a Gobernadores como Graco Ramírez, a desterrar la prepotencia, negligencia y desdén con que suelen conducirse, debiendo hacer conciencia de la importancia del cargo que desempeñan, observando en todo momento el respeto a los derechos humanos consagrados en los artículos 1º, 6º y 7º, de nuestra Carta Magna y de los Tratados Internacionales de los que México forma parte, salvaguardando la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de la función pública en beneficio del Estado de Derecho.
¡Ni un periodista muerto más!
Nos estimula por ello que el gobierno de la República -a un llamado de atención internacional- exprese por fin su preocupación por un crimen que, a tanto repetirse, se codifica ya como de lesa democracia, si se considera el periodismo como un factor consustancial del ejercicio de los derechos civiles y las libertades políticas, sin los cuales agentes del Estado y los poderes fácticos medran y se refocilan en la ley de la selva.
En el comunicado suscrito por Campa Cifrián se expresa que el compromiso de Peña Nieto con la Libertad de Expresión se acredita todos los días: “Respeta la crítica que se ejerce sin cortapisas en el país y comparte su preocupación por los atentados contra la integridad física de cualquier periodista. Cada pérdida humana asociada a la violencia deber perseguirse y castigarse”.
Vale: Sin pedir excepciones de cara a la generalización de la barbarie que postra y enluta a la sociedad mexicana toda, hacemos votos porque el compromiso del gobierno de la República no termine en flor de un día, cultivada al calor de la presión exterior de oficiantes e intelectuales que hacen suyo el drama que pone en entredicho la civilidad de un Estado como el nuestro, tipificado ya como Estado fallido.
Buena noticia la de este agosto, que nos incita, sin embargo, a no bajar la guardia en la defensa y protección de una misión que tanto incomoda a quienes, señores de horca y cuerno de chivo, se sienten dueños de vidas y haciendas. Ni un periodista muerto más.
Teme por su vida el ex fiscal de Morelos, Rodrigo Dorantes
“De que la perra es brava, hasta los de casa muerde”. Temeroso de un atentado contra su vida -del que podrían ser responsables el comisionado estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra o la fiscal antisecuestros, Adriana Pineda-, el ex procurador general de Justicia de Morelos Rodrigo Dorantes Salgado solicitó al gobierno del estado protección policiaca.
A buen santo se encomienda Dorantes Salgado: Acosado y obligado a renunciar a la Fiscalía (30 de julio), su plaza fue entregada por la mujer del gobernador Graco Ramírez, Olga Durón, a su sobrino Javier Pérez Durón.
Rodrigo Dorantes sabe cómo masca la iguana en Morelos: Recién nombrado Procurador, fue víctima de un ataque a balazos en el que murieron tres de sus escoltas, de ahí que se sienta vulnerable frente a la delincuencia organizada, aunque en su pedido de protección involucra a Capella Ibarra y Pineda.
En carta dirigida al nuevo secretario general de Gobierno, Matías Quiroz Medina, Dorantes Salgado asegura que teme represalias a causa de opiniones que expresó como Fiscal y que le han ocasionado incomodidades por el enojo y el resentimiento de funcionarios aludidos en dichas opiniones.
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