ITINERARIO 2018: Por un México libre de corrupcción e impunidad
Por: Abraham García Ibarra
Conspiran voces institucionales
POR MANUALES en que se condesaban nociones de civismo que todavía a mitad del siglo XX entregaban a alumnos de enseñanza básica la Secretaría de Educación Pública y sus correspondientes de las entidades de la República, los niños mexicanos sabían que los componentes del Estado son pueblo, territorio y régimen jurídico.
Se informaba a la niñez que la Constitución General es el conjunto de normas jurídicas que definen la naturaleza del Estado y rigen las relaciones entre poderes públicos y entre gobernantes y gobernados, con el fin de conducir a la nación a una convivencia armónica. Por eso se le llamaría al texto constitucional Carta magna o Ley de leyes. Había una “escuela cívica”, de veras formativa.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su carácter de Tribunal Constitucional, es la institución garante de la observancia de la Constitución. En la era de los spots, los ministros de la Corte dicen a los mexicanos que la Constitución protege tus derechos y nosotros protegemos la Constitución.
Para el sexenio 2012-2018, una alianza fáctica de partidos, el Pacto por México, al través de las representaciones legislativas federales acometió la más radical e inconsulta revisión del cuerpo constitucional y sus leyes reglamentarias.
70 por ciento de mexicanos: No se respeta la Constitución
En el marco del Centenario de la Constitución de 1917 -5 de febrero-, la agenda política y académica se saturó de foros y paneles en toda la República para historiar, analizar y criticar el estado que guarda la ley de leyes mexicana.
A esa agenda “cívica” de ocasión concurrieron investigaciones de constitucionalistas y encuestadoras de opinión: El primer resultado fue que más de la mitad de los consultados ignoraba qué se celebra el 5 de febrero. El segundo resultado: 70 por ciento de los entrevistados expresó su convicción de que ni políticos-gobernantes ni ciudadanos respetan la Constitución.
 Un ilustre maestro emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), don Raúl Cervantes Ahumada, estudioso de la materia, solía sostener en sus ensayos especializados y artículos editoriales que México se mueve simultáneamente, según circunstancias, en tres cuadrantes: 1) como Estado aconstitucional, 2) Estado inconstitucional y 3) Estado anticonstitucional.
Es absolutamente probable que el doctor Cervantes Ahumada, si aún viviera, seguiría suscribiendo esa hipótesis.
Mandato constitucional: Elecciones libres y auténticas
Hacemos esa somera recapitulación, partiendo del hecho de que la formación de poderes públicos -que pasa por elecciones “libres y auténticas”- está sujeta al control constitucional mediante órganos instituidos y facultados ex profeso. La electoral, es definida como “función de Estado”, a tenor del mandato constitucional, que impone además el voto universal, libre y secreto.
Documentada la opinión de los mexicanos sobre el respeto que a políticos y gobernantes les merecen la Constitución, ¿qué se puede esperar de las elecciones generales federales y concurrentes de los estados en 2018? Por hoy, dejamos la interrogación entre corchetes.
Volvemos a la retrospectiva sobre las sucesiones presidenciales en México. La retomamos en el momento en que, por la fuerza de los hechos, en la década de los años cuarenta del siglo XX el sistema político consideró llegada la hora de dar el paso de las presidencias militares a las presidencias civilistas.
La última amenaza de asonada poselectoral
A principio de aquella década, en la sucesión de Lázaro Cárdenas del Río, se insinuó la tentativa golpista imputada al general renegado Juan Andrew Almazán. El triunfador reconocido en aquella contienda fue el también general Manuel Ávila Camacho.
Fue el presidente poblano quien, por consenso de la clase política dominante, decidió cambiar la denominación del partido gobernante por la de Revolucionario Institucional (PRI). La clave de la mudanza fue cancelar el sector militar incorporado, con el obrero, agrario y popular, al Partido de la Revolución Mexicana (PRM), que a su vez en 1938 había cambiado las siglas del Nacional Revolucionario (PNR).
Para el sexenio 1946-1952 fue electo el primer candidato presidencial del PRI, de corte civilista: Miguel Alemán Valdés, bautizado como El cachorro de la Revolución. Su mandato, sin embargo, se caracterizó por una serie de contrarreformas a la Constitución que sus detractores interpretaron como la ruptura de la línea popular-nacionalista que a su gobierno imprimió el presidente Cárdenas del Río.
En otra vertiente, amplios sectores de la sociedad mexicana criticaron la tolerancia al fenómeno de corrupción pública, incubado en el propio gobierno.
Para la sucesión de 1952, el PRI nominó a don Adolfo Ruiz Cortines. Sus oponentes civiles fueron Efraín González Luna, primer candidato propio del Partido Acción Nacional (PAN) y Vicente Lombardo Toledano, del incipiente Partido Popular (PP), postulante de la vía mexicana al socialismo.
Era previsible, como ocurrió, la irrupción en la contienda del general Miguel Henríquez Guzmán, quien había observado hasta 1948 su disciplina institucional.
El militar chihuahuense, para disimular su extracción, formó la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM), a cuyas filas se incorporaron personajes como el zapatista Genovevo de la O, y los generales Francisco J. Mújica, precandidato en la sucesión de Cárdenas, y el jalisciense Marcelino García Barragán (dos sexenios después secretario de la Defensa Nacional, en el cargo en 1968).
 A Henríquez Guzmán se le reconoció el segundo sitio en los resultados electorales con un 15.88 por ciento de la votación nacional. Cuestionó los resultados y fue tentado a tomar el poder por las armas. Fue del dominio público que sólo la intervención de don Lázaro Cárdenas lo hizo desistir de la asonada militar. El ex candidato optó por su retiro político.
Particularmente en la crisis de 1968 en que el presidente Gustavo Díaz Ordaz fue gravemente cuestionado por La matanza de la Plaza de las Tres Culturas, una facción del Ejército fue incitada a dar golpe de Estado. El citado general García Barragán paró en seco la tentativa.
En lo sucesivo, sólo hasta la sucesión de Miguel de la Madrid en 1988, algunos militares en retiro adscritos a la Unidad Revolucionaria del PRI fueron tocados por la intención de intervenir en la crisis poselectoral, pero en esa ocasión para reprimir a los militantes del Frente Democrático Nacional (FDN), que abanderó la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. De la Madrid cerró los oídos al canto de las encabritadas sirenas.
Sordos clamores entre segmentos militares
De ese periodo data una doble tendencia: El PRI empezó a desplazar a los militares en la asignación de candidaturas al Congreso de la Unión, para cuyo efecto había una cuota institucionalizada. Incluso algunos mandos que habían tenido posiciones en la estructura de las Fuerzas Armadas, optaron por aceptar nominaciones del Partido de la Revolución Democrática (PRD), activo desde 1989.
Al darse de facto la responsabilidad a las Fuerzas Armadas de hacerse cargo, primero, del combate al narcotráfico y, más tarde, de las tareas de Seguridad Pública, empezó a detectarse cierto malestar de mandos del Ejército contra esa política que desnaturaliza, a su juicio, la misión de esas corporaciones.
Ese malestar indujo a militares en retiro a formar diversas asociaciones civiles con nombres castrenses, con fines estrictamente políticos-electorales. Sólo por excepción, en municipios conurbados del estado de México, el descontento salió a las calles.
Lo que parece cada vez más visible en la actitud de algunos segmentos militares, es su reacción ante la incompetencia política y la corrupción, cada vez más creciente, del poder civil.
Damos un cambio de página para situarnos en la perspectiva de la sucesión presidencial de 2012. Precisamos de antemano que el material de consulta tiene la acotación específica de ficción, pero ilustra de algún modo el fenómeno militar.
“El general Baldomero Centella y González”
La trama tiene en su centro al General Baldomero Centella y González. Militar de campaña que se decide formar su propio partido político para entrar en la pugna por la Presidencia de México, como “respuesta al mexicano desconocido que busca una solución a los graves problemas que producen la criminalidad, la impunidad, el fraude electoral y el robo de la hacienda pública por los hombres profesionales de la política…”. Una cita recogida en el texto se trascribe en tercera persona: Esto es un desmadre.
En la dedicatoria del texto, “a los universitarios de México y América Latina”, se retoma un mensaje de don Miguel de Unamuno: Desgraciado del pueblo cuya juventud no haga temblar el mundo.
En economía de espacio, adelantamos que la narrativa cuenta el triunfo del general Centella y González. Asume el poder con el compromiso de restablecer el orden constitucional. Revisa cuestiones como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la restauración de la soberanía alimentaria y energética, etcétera.
Frente a la resistencia de la burocracia enquistada en el poder público, procede a una purga de su propio gabinete presidencial, gobernadores y legisladores y todo aquel político y funcionario implicados en transas que quebrantan el erario y agravian a la sociedad. El presidente se asiste con el consejo de los ministros de la Corte a fin de darle marco constitucional a sus mandatos. Llega al extremo de restaurar la pena de muerte.
Todo es ficción en esa “historia” que entra en el contexto de la elección presidencial de 2012. Lo que llama la atención es la presentación del autor, éste si real: Egresado del Colegio Militar, oficial del Ejército mexicano, hasta el grado de general de brigada después de 40 años de servicio activo.
Estudió Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), centro de estudios superiores cuyos más destacados egresados forman parte de la Administración Pública desde 1982. Había estudiado ya la preparatoria abierta al ingresar al Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde, a 2012, preparaba su tesis sobre el fuero de guerra. Su nombre: Mauricio Ávila Medina.
Cienfuegos Cepeda, un militar de carne y hueso
Corre video: Al finalizar la tercera semana de junio, en la sede del Centro Militar de Ciencias de la Salud se llevó al cabo un taller bajo el rubro Obligaciones y Responsabilidades bajo el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Las presencias destacadas en ese foro, fueron las del almirante secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz y de la secretaria de la Función Pública (SFP), ex procuradora federal Aracely Gómez.
Intervino en el taller el secretario general de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y dijo así, respecto del SNA y sus leyes reglamentarias: Precisa y contundente (la aplicación) de este esquema, permitirá enfrentar la corrupción que ha dañado a nuestra sociedad (se requiere) fortalecer la cultura de la legalidad, de la transparencia y la rendición de cuentas en todas las instituciones de la República…
Estamos obligados a preservar el México donde la ley impere, la corrupción se erradique y la impunidad se destierre. ¿Se necesita decir más?
Algo más había dicho semanas antes el general secretario Cienfuegos Zepeda. En un evento promovido por un grupo de universidades privadas que lo distinguieron con una presea, en su discurso proclamó una “nueva revolución”, si bien acotó que, con las armas de la educación, la cultura, las artes, etcétera.
La palabra, lo hemos dicho otras veces con don José Ortega y Gasset, es un sacramento de muy delicada administración. Sobre todo, si la palabra se expresa en una crispada atmósfera política que señorea sobre la elección presidencial de 2018.
Lo afirma el consejero presidente Lorenzo Córdova
Con un “humor social” exacerbado, las palabras cobran un sentido de incitación. Precisamente el mismo día en que el general Cienfuegos Cepeda hizo su pronunciamiento sobre la corrupción y la impunidad, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, participó en el foro Diálogos para una capital cívica.
Ahí, Córdova señaló: Basta ver lo crispado del ambiente, el enojo como palabra de orden de la convivencia social y de la opinión respecto de la vida pública, para poder entender que hay un problema estructural que atender.
Hizo el árbitro electoral de la sucesión presidencial de 2018, un deslinde: México tiene serios problemas estructurales, pero no son producto de las elecciones, sino de políticas públicas equivocadas, una enorme corrupción que ofende y una gravísima impunidad presente…
Aquellas preocupaciones, expresó Córdova, no son el nerviosismo o intranquilidad que se respira tras las elecciones del 4 de junio, sino que tiene sus raíces mucho más profundas y que explican, entre otras cosas, lo que hoy está ocurriendo.
De viejos tiempos es la convicción de los críticos del establishment mexicano de que, frente a los retos que se plantean al poder público, la ley del menor esfuerzo opta por la salida más poltrona: Hay que dejar que los problemas se pudran. Pero los viejos tiempos no son los nuevos tiempos.
2018: ¿Se resolverá por las vías que traza la Constitución mexicana o por la operación de algoritmos? Los que espían a los mexicanos deben saber la respuesta. Es cuanto.
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