APUNTE
Jorge Guillermo Cano
Para el Infonavit,
lo que diga AMLO no cuenta.
- Que carece de facultades el presidente
- Sus instrucciones “no se pueden acatar”
- En Sinaloa, desalojos pistola en mano
- El contubernio con inmobiliarias y bancos
- Instrucciones de no informar a medios
- Con juicios ilegales justifican despojos
CULIACÁN DEL CAOS VIAL,los retenes, baches y topes, Sinaloa.En el estado de Sinaloa, las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de parar los atrabiliarios desalojos que ha venido haciendo el Infonavit, “no se pueden acatar”, declaró la licenciada Martha Jiménez Torres, encargada de la delegación estatal del Instituto.
“Lo que dijo López Obrador, no se puede acatar… no se pueden hacer las cosas, así como así”, enfatizó en entrevista lograda por la editora de “Vértice de Sinaloa”, Rosa María Ríos Acosta (http://verticedesinaloa.net/).
Mientras, sin que cuenten las opiniones y propuestas del presidente de la Republica, los injustos (incluso ilegales) desalojosaumentan y se profundiza la embestida contra trabajadores, de bajos recursos en su gran mayoría.
“El gobierno federal no subsidia” al Instituto, aseguró Jiménez Torres y, además, “tenemos instrucciones de no informar a la prensa”, agregó.
AMLO: No al desalojo; Infonavit: me vale
Aún más, la encargada de la delegación del Infonavit en Sinaloa, enfatizó que “el presidente carece de facultades para ordenar al Infonavit parar los desalojos de los trabajadores que por causas diversas se han retrasado en el abono de sus viviendas”, en consecuencia “lo que dijo López Obrador no se puede acatar… no se pueden hacer las cosas, así como así” (sic).
En referencia a las declaraciones de AMLO, el pasado 17 de febrero, en Durango, ante un grupo de derechohabientes que protestaban por los infames desalojos, dando su apoyo a los trabajadores y pidiendo el cese de los desahucios, la delegada reconoció que en la entidad no han sido aplicadas las instrucciones del presidente y siguen los desalojos.
En Durango, López Obrador dio respuesta a un grupo de acreditados que le pidieron intervenir y precisó: “ya di la instrucción de que no se desaloje a nadie y así va a ser, lo que pasa es que todavía hay muchas inercias, funcionarios con malas mañas, pero entienden… o entienden…”, apuntó categórico.
En ese orden de ideas, el presidente de México remarcó: “ya no se va a desalojar a nadie… deban lo que deban…”.
López Obrador aseguró, ante un grupo de deudores, que en este mes de marzo se darían conocer “las nuevas reglas de operación del Instituto y serán revisados los casos en cartera vencida, con el objetivo de que nadie sea desalojado de su vivienda”, de manera que puedan pagar su deuda “de acuerdo a sus posibilidades”.
Pero sigue la embestida del Infonavit
Unos días después del anuncio presidencial, integrantes del grupo “Mi Casa Gestión Social” (en Sinaloa) denunciaron que, marginando la postura presidencial, “despachos de abogados contratados por la delegación del Infonavit, agudizaron la ofensiva en contra de los acreditados”.
Según el Infonavit se trata de numerosos casos “sin solución” y, en complicidad con abogados que recurren a todo tipo de artimañas, van a los hogares de los afectados y les piden entre cinco mil y 40 mil pesos para no desalojarlos, o para “darles el derecho de firmar un convenio que les permita reestructurar los créditos”, denunció Olivia Torres García, presidenta de la organización no gubernamental.
Los despojos, pistola en mano
A fines de febrero pasado, “hombres armados irrumpieron en varios domicilios de Guamúchil y Culiacán y, a punta de pistola y rifles de alto poder, obligaron a las familias a desalojar los inmuebles”.
Al respecto, Olivia Torres, expresó: “La situación se ha venido volviendo insostenible, parece que López Obrador les dijo desalojen, cuando fue todo lo contrario, no sé qué estarán pensando los del Infonavit… la gente tiene miedo de defender su casa y con toda razón”, puntualizó, según se consigna en el reportaje de Rosa María Ríos.
“El Infonavit es una institución tripartita en la que participan el gobierno federal, empresarios y trabajadores, pero sostenido fundamentalmente con las aportaciones obrero-patronales”
“Lo que dijo AMLO no se puede acatar”: Infonavit
En la entrevista que logró hacer la editora de “Vértice de Sinaloa”, sobre las declaraciones del presidente, la delegada Martha Jiménez, cuestionó las facultades del Ejecutivo para intervenir en las políticas del Instituto y reiteró: “lo que dijo López Obrador no se puede acatar, así como así… No se pueden hacer las cosas nada más porque alguien dice, nada más porque sí…”.
“Pero López Obrador es el presidente de México, se le reviró.” “Pero aquí no es gobierno federal”, respondió Jiménez.
La delegada en Sinaloa trató de justificar su postura señalando que “el Infonavit es una institución tripartita en la que participan el gobierno federal, empresarios y trabajadores, pero sostenido fundamentalmente con las aportaciones obrero-patronales”, como en efecto es, pero sobre los desalojos y su legalidad no hay argumento que se sostenga.
Como de esa manera se sostiene el Infonavit, para la delegada, por esa razón, se encuentran limitadas las facultades del presidente para implementar directrices sobre las políticas del organismo.
Y remarcó: “El Infonavit no es del gobierno federal, nosotros no recibimos un solo peso de subsidio del gobierno federal, el Infonavit se sostiene con las cuotas que dan los empresarios y los trabajadores, no se mantiene ni con sus impuestos ni con los míos… la Secretaría de Hacienda no nos canaliza un solo peso de los impuestos… El Infonavit se mantiene con un porcentaje de la administración de los créditos y esos créditos son pagados por los trabajadores, si esos créditos no se cobran, entonces ¿con qué se van a pagar las viviendas…?”
Inmobiliarias, bancos y juzgados en contubernio
Jiménez Torres reiteró: “Los funcionarios tenemos la obligación de cuidar los fondos que salen de las cuotas de los trabajadores y eso estamos haciendo (al desalojarlos)”.
Al señalar la editora de “Vértice” que estaban participando personas armadas en la ejecución de las órdenes de desalojo emitidas por los juzgados, a raíz de los juicios emprendidos por el Infonavit, Jiménez rechazó que el Instituto tenga que ver en los casos.
Aseguró que muchas de las casas “recuperadas” han sido vendidas por Infonavit a empresas inmobiliarias, mientras otras tantas han sido asignadas mediante créditos contratados con los bancos, por lo que infirió que serían estas instituciones privadas las que podrían haber contratado delincuentes.
Por otra parte, la delegada señaló que, desde que tomó posesión Andrés Manuel López Obrador, “más del 50% de las delegaciones en el país permanecen acéfalas o en manos de encargados del puesto”, como es el caso de ella.
La nueva política: no informar
“Estamos en un proceso de transición y designación de delegados a nivel nacional”, dijo, y explicó que han recibido “instrucciones de no dar información a los medios de comunicación, salvo que éstos la pidan por escrito y la dirección nacional avale que sean respondidas”.
Tal instrucción es del director general del Infonavit, Lic. Carlos Martínez, explicó Jiménez Torres, por lo que las solicitudes de información “deben de ser turnadas por las delegaciones a la dirección nacional de comunicación social” y si esa instancia lo aprueba, entonces se podrá responder a los medios en los estados.
Una estrategia contra los trabajadores
Para Olivia Torres García, presidenta de “Mi casa gestión social” en Sinaloa, mediante juicios plagados de irregularidades, contra los trabajadores y a favor de inmobiliarias; sin dar solución al problema de cartera vencida, ocultando los juicios (los afectados se dan cuenta de que van a ser desalojados en el momento, sin tener la información de ley que se impone durante un proceso) “el Infonavit mantiene una política de despojo contra los trabajadores”.
Entre las muchas irregularidades en tales “juicios”, se encuentra que personas que viven en Sinaloa han sido enjuiciados, muchos sin saberlo, en Nayarit, Jalisco y otros estados.
A principios de marzo, el grupo que representa a “Mi casa, gestión Social”, encabezado por Olivia Torres, sostuvo una reunión con Teodoro Meza Antuna, responsable de Cartera en la delegación Sinaloa del Infonavit. “Fue un fracaso la mesa de negociaciones, el Instituto no ofrece ninguna solución para quienes demandan la oportunidad de recuperar sus casas mediante un programa de pagos de la cartera vencida”, denunció Torres.
El Infonavit, cómplice de inmobiliarias
“Nos tratan como delincuentes, el Infonavit, los abogados de las Inmobiliarias y el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado” (de Sinaloa) señaló Torres.
El hecho es que el Instituto “ratificó su política de despojo para los acreditados”, al condenar a los trabajadores que se han retrasado en los pagos “a perder irremediablemente sus viviendas”, que pasan a poder de inmobiliarias, mismas que después las venden a precios muy altos, pero las compran en 20 o treinta mil pesos, acusó la dirigente de “Mi casa gestión social”.
Lo curioso es que los afectados no pueden comprar su propia casa a ese precio, porque “son para las inmobiliarias”, enfatizó Torres.
“Teodoro Meza dijo que la única solución que existe es que el Infonavit venda las casas a las inmobiliarias, a 25 y 35 mil pesos cada una, para que las inmobiliarias las puedan subastar” y reconoció que “esa solución sólo beneficia al Infonavit, a las inmobiliarias y a los despachos de abogados, pero no a los trabajadores”.
Los afectados no participan como primeros en la lista de postores, como lo han pedido reiteradamente, y el Infonavit lo dejó claro: “los acreditados no serán primeros en la lista de postores, es más, ni siquiera podrán participar como postores”, lo que quiere decir que “los deudores perderán sus viviendas irremediablemente”.
Su correspondencia:
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