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Ediciòn 283

EDITORIAL


El Comandante
no tiene quien le escriba

 

EST√Ā CIENTIFICAMENTE COMPROBADO -Perogrullo podr√≠a certificarlo- que, entre las muchas mercanc√≠as que tiene disponible el libre mercado, no aparece la que m√°s requieren los d√©spotas: El sentido com√ļn. La madre del patriarca de Garc√≠a M√°rquez se lamentaba, palabras m√°s, palabras menos: Ay, hijo, si he sabido que ibas a llegar a Presidente, te hubiera mandado a la escuela. Como si Salamanca ofreciera lo que natura niega.


editorial VOCES DEL PERIODISTA


En la vida real, do√Īa Mercedes Quesada de Fox lleg√≥ a decir, con la sabidur√≠a propia de toda madre: No lo visualizo como Presidente. Se refer√≠a a su hijo Vicente Fox, a quien no le ve√≠a aptitudes de estadista. Sin embargo, Fox, que fue acosado medi√°ticamente entre 2005 y 2006 para movilizara al Ej√©rcito para sitiar al menos el Distrito Federal, √©l, personificaci√≥n del absurdo en muchos disparates, no cay√≥ en el absurdo de militarizar su mandato.

Diez a√Īos antes de que el Partido Acci√≥n Nacional (PAN) iniciara su segundo sexenio en la presidencia de M√©xico, fue advertido de la peligrosa improcedencia de embrocar a las fuerzas armadas en funciones policiales y, expresamente, en el combate a las bandas del crimen organizado. M√©xico -se le dijo al PAN- no tiene un principio rector que modele y forme a sus fuerzas de seguridad dentro de l√≠neas democr√°ticas modernas.

‚ÄúInvolucrar a los militares en labores policiacas, especialmente en actividades antidrogas, implica serios riesgos. El m√°s obvio: El riesgo de penetraci√≥n y corrupci√≥n entre los militares por los traficantes de drogas; pero tambi√©n son importantes las tensiones y conflictos entre los militares y las fuerzas policiacas, las autoridades pol√≠ticas y gobiernos en varios niveles; y los conflictos surgidos por las acciones de tipo policiaco en contra traficantes que se desbordan e infligen da√Īos colaterales‚ÄĚ.

Las l√≠neas aqu√≠ subrayadas son retomadas del estudio Crimen organizado y gobernabilidad democr√°tica en el contexto Estados Unidos-M√©xico, debido al investigador John Bailey, publicado en Propuesta, revista te√≥rico-doctrinaria de la Fundaci√≥n Rafael Preciado Hern√°ndez (PAN), n√ļmero 4, febrero-1997. En el consejo editorial aparece Felipe Calder√≥n Hinojosa. Ante el dilema, ‚Äúrecurrir a los militares para forzar el cumplimiento de la ley producir√°, muy probablemente, resultados negativos m√°s trascendentes‚ÄĚ, advirti√≥ el autor.

Por donde se lea, el estudio de Bailey contiene elementos como para haber pensado más de dos veces la declaración de guerra contra el narco emitida por Calderón en diciembre de 2006. El que no se haya reflexionado juiciosamente esa decisión, hace verosímil la especie de que, con cargo a la lealtad, la disciplina y el prestigio de las fuerzas armadas, se procuró recuperar legitimidad de gestión para un mandato electoral cuya legalidad quedó en entredicho desde el mismo momento en que los órganos de competencia lo otorgaron.

Las consecuencias de la insensatez de haber militarizado la instituci√≥n presidencial no pueden ser m√°s graves: En los √ļltimos meses se ha conocido una grave crisis de entendimiento entre las comandancias del Ej√©rcito y de la Marina Armada, y han sido asesinados tres generales, amen de frecuentes atentados contra otros militares a cargo de la seguridad p√ļblica en los estados; en recientes semanas,¬† otros tres generales han sido indiciados por la Procuradur√≠a General de la Rep√ļblica (PGR) bajo la presunci√≥n de v√≠nculos corruptos con jefes narcos.

En la más reciente acción punitiva de la PGR pesan cuatro factores de sospecha sobre la credibilidad de la fiscalía: a) procedimientos tardíos derivan de la intromisión de agencias de investigación de los Estados Unidos; b) las acusaciones se sustentan en supuestos testimonios  de testigos protegidos; c) uno de los generales fue arrestado una semana después de haber participado en un foro partidista en el que criticó la política antidrogas, argumentando incluso la falta de estrategia, y d) se apeló al recurso del arraigo de los detenidos, lo que induce a pensar que se les apresó sin contar con pruebas contundentes de las imputaciones que se les hacen, como ocurrió en dos casos electorales precedentes -Michoacán y Quintana Roo- en los que, finalmente, los procesados fueron liberados por la autoridad judicial, sin que su exposición y linchamiento mediáticos hayan sido sancionados.

Cualesquiera que sean los m√≥viles reales de esa represi√≥n, de la que es responsable el presidente de la Rep√ļblica -como comandante supremo de las Fuerzas Armadas y como jefe civil de la autoridad administrativa-, que ese ins√≥lito proceder se ejecute en semanas previas a las elecciones generales para la formaci√≥n de los poderes p√ļblicos federales, subvierte la posibilidad de que la sucesi√≥n presidencial se encauce por la v√≠a pac√≠fica y cualquier rumbo alterno que se le imprima al proceso, aun como mera tentaci√≥n, ser√° atentatorio contra la institucionalidad democr√°tica, de por si tan precaria.



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