EDITORIAL
En crisis,
la división de poderes
PROFESOR EMÉRITO DE LA UNAM y constitucionalista él, don Raúl Cervantes Ahumada -no confundirlo con el consejero del PRI, pues aquél es fallecido- fue terco en su preocupación por la degradación de México hacia un Estado inconstitucional y, en ciertos aspectos, anticonstitucional.
La inquietud del jurista sinaloense nos viene a memoria, porque en nuestros días estamos observando síntomas de crisis en la división de poderes que propone nuestra doctrina constitucional. El punto tiene dos vertientes: El desacato de instancias del Poder Ejecutivo, no sólo de fallos del Poder Judicial de la Federación (PJF) -sobre todo en materia de amparo-, sino de resoluciones del Poder Legislativo.
En el segundo diferendo, está el reciente caso de la llamada Ley de Víctimas en el que, después de haberse negado a promulgar el decreto correspondiente, el Ejecutivo decidió introducir un recurso de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el Congreso de la Unión.
Antes de abordar la primera cuestión del tema, vale recordar que una de las primeras acciones del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León fue la expedición de un mandato por el que cesó de un plumazo a los ministros miembros de la Corte, para sustituir a la mayoría por la que sería deseable para Los Pinos. Hacia finales de aquel sexenio, la Corte -sin explicitar la razón coyuntural de su acuerdo- emitió un texto público en el que reivindica como poder político al Judicial de la Federación, en paridad con el Ejecutivo y el Legislativo.
Sin embargo, seis años después, el ministro presidente Mariano Azuela Güitrón fue piedra de escándalo por sus contactos personales con Vicente Fox en el asunto del desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal, por uno entre más de cuatro mil desacatos a resoluciones del PJF.
En el actual sexenio, no son pocos los jueces de distrito o magistrados que han llamado la atención a la Procuraduría General de la República por el desacato a mandatos judiciales. Sólo a manera de ilustración, el caso más fresco es el de la juez federal Josefina Mora Dorantes, a cuyas manos llegó la causa contra el ex subsecretario de la Defensa, general Tomás Ángeles. La juzgadora solicitó a fiscales del caso pusieran en su conocimiento pruebas de descargo presentadas por la defensa, sin ser atendida en su requerimiento.
Puesto en el mismo carril de infracción, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías ha sido acusado de desacato de seis mandamientos judiciales referidos a suspensiones provisionales o definitivas en el caso de las obras de acueducto Independencia, derivador de aguas del río Yaqui. El tema llegó a la primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales de la Comisión Permanente del Congreso por iniciativa del senador Javier Castelo Parada en un punto de acuerdo (19 de junio) para exhortar al mandatario sonorense a sujetarse a dichos mandamientos, que tienen como antecedentes decretos presidenciales de 1931, 1949, 1955 y 1982, que reservan las aguas de dicho río al uso y consumo de los habitantes del Valle del Yaqui. El dato que merece citarse es que tanto Padrés Elías como Castelo Parada son militantes del mismo partido: El PAN. El punto de acuerdo ha sido boicoteado por legisladores panistas.
En esa recurrente y perversa tendencia se insertan desacatos a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) que se remontan, por ejemplo, a 2001, en que la Primera Sala falló en contra del decreto del Congreso del Estado de Yucatán para formar el Consejo Electoral estatal. En esa materia, tanto el Instituto Federal Electoral como el propio Trife han sido desacatados reincidentemente en resoluciones sancionadoras en recursos interpuestos, verbigracia, contra concesionarios de la industria de la radio y la televisión, cuyas multas no han ejecutadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), tan diligente e implacable en casos de modestos e indefensos contribuyentes.
Si en esas andan los supremos poderes de la Unión y los correspondientes en los estados, ¿cómo extrañarse de que los poderes fácticos y por derivación entes de menor peso sientan que, en tierra de nadie, pueden transgredir a su antojo la norma? Y así no quieren que se hable de ingobernabilidad.
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