Conocimiento
no es sabiduría
EN EL PRIMER PERÍODO de gestión de la ahora desaparecida
Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) -data inaugural de la tecnocracia
en el poder público- se diseñó el pionero Plan Global de Desarrollo (PGD), de
cuyo ensayo derivó al tiempo la ley maestra para la pretendida planeación
democrática del desarrollo nacional.
EL ÁREA POLÍTICA DE LA SPP fue sensible a dos aspectos de la nueva
concepción de la administración pública. El primero de ellos fue el problema de
comunicación de los tecnócratas con la sociedad civil. Al efecto, el entonces titular
de esa secretaría, Miguel de la
Madrid, abogado de origen, aceptó la elaboración del manual ABC
de las Cuentas Nacionales que sirviera para “poner en cristiano” el caló utilizado particularmente por los
doctores en Economía graduados en universidades extranjeras.
Otro proyecto editorial, presentado en formato de revista
con el título de Contextos, se dedicó a traducir trabajos de investigación
académica -en especial de inspiración humanista- en los que se condensaba la
preocupación filosófica sobre el riesgo de la inserción del especialismo en la selección de cuadros
llamados “de excelencia” para la conducción administrativa del Estado.
Uno de los contenidos de esa publicación que suscitó el
interés de la Presidencia
de la República
por su divulgación tan masiva como pudiera lograrse, fue el que concluía que conocimiento
no es sabiduría; entendido el primero como simple amontonamiento de
datos, y la segunda como acumulación y expresión de experiencias humanas en las
que se han fundado milenarias culturas y civilizaciones universales.
Esos años, eran aún de inquietud latente entre
especialistas en docencia mexicanos, porque, a la par que crecía la irrupción
pública de los medios electrónicos -“la
televisión destruye en la tarde lo que el maestro enseña en la mañana”,
solía decirse-, se estaba marcando una tendencia en la educación básica, en
cuyos programas se empezaban a desplazar materias como español, civismo y nociones
de Ética. Una mal entendida
modernidad, masificadora y mediatizadora en sus resultados, incluía la
desaparición de la mística en el ejercicio magisterial.
No es un dato meramente anecdótico, el que fuera la Secretaría de
Gobernación (a cargo de don Jesús Reyes Heroles) -y no la de Educación
Pública-, la que promoviera la creación de una peculiar comisión de mentores e
intelectuales que formulara una iniciativa para la defensa del idioma español.
La premisa era Orteguiana: La palabra es
un sacramento de muy delicada administración.
Poco más de una década después, ya con el Partido Acción
Nacional en el poder presidencial, en la primera Cuenta Pública (2001) del
sexenio de Vicente Fox, la Auditoría
Superior de la
Federación, en el capítulo correspondiente al Sector
Gobernación, denunció no sólo incumplimientos fiscales de los concesionarios de
la televisión, sino la transgresión sistemática a la Ley de Radio y Televisión,
cuestión que subrayamos aquí por la naturaleza y el propósito de estos comentarios.
Del apartado correspondiente, se recoge el dato de que,
ya para el 27 de noviembre de 2001 (menos de un año del nuevo gobierno), la Dirección de Asuntos
Jurídicos de la Dirección General
de RTC (Radio, Televisión y Cinematografía) había emitido 40 observaciones y
167 extrañamientos en señaladas materias. Primera en el orden: Influencias
nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud.
Corrupción del lenguaje, apología de la violencia,
trasmisión de programas de contenido esotérico, de imágenes procaces y narcocanciones, y hasta burlas o mofa
contra los interventores de la
Secretaría de Gobernación, son otros preceptos transgredidos sólo
en 207 ocasiones monitoreadas.
Existe la convicción generalizada de que, en ese ancho
universo de violación a la ley, el infractor sabe que resulta más barato pagar
una benigna multa -si es que, al final de cuentas, llega a pagarla- que retirar
una programación cuya facturación abulta y oxigena con creces las finanzas de
las empresas transgresoras.
Dos sexenios después de la auditoria comentada, pueden
verse en pantallas televisivas trasmisiones como Cero en conducta o El
chavo del 8, en las que, en dos salones de clases -donde grotescos actores
adultos protagonizan a personajes infantiles- el quid, el insumo principal de
los libretos, es el incesante ultraje, la odiosa vejación del maestro.
Referirse a Laura ya parece una concesión al masoquismo.
Lo absurdo del tema, es que una constante de estos días, consiste
en que, desde las empresas concesionarias, por iniciativa propia o por bocas de
ganso, se ejerce una desmesurada compulsión para la evaluación del magisterio.
Es la asignatura de la que no se compadecen los impulsores de la llamada
Reforma Educativa.
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