“El tesoro” petrolero

                                                                              Voltaire

Retorna la letanía de que urge abrir la industria petrolera, con el único fin de revertir los efectos históricos de la expropiación decretada por Lázaro Cárdenas del Río en 1938 para frenar las actitudes de soberbia y despotismo de las petroleras extranjeras, negadas a cumplir los ordenamientos constitucionales.

Lázaro Cárdenas y el decreto de expropiación

Es inconcebible que por medio de una nueva arremetida mediática de manera inusitada se busque abrumarnos con la cantaleta de que es urgente -para no quedarnos fuera del entorno mundial- que en materia de energéticos se coloque a México en la ruta “de ida”, cuando los países que experimentaron esta fórmula de las políticas neoliberales y globales, están recuperando  de nuevo el control sobre sus energéticos.  

Quizás muchos de nuestros legisladores, quienes parecen disfrutar de los cabildeos entre los partidos y el mercadeo de votos, nunca se han tomado la molestia de investigar la historia de nuestro petróleo y remontarse al 13 de abril de 1917, cuando, ya promulgada la Constitución, el gobierno constitucionalista estableció el impuesto de producción al petróleo.

Qué tiempos aquellos.

Mucha pulcritud mostró entonces el secretario de Hacienda Luis Cabrera cuando estableció que el impuesto se pagara precisamente en timbres, para evitar que la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila  se negara a cumplirlo, apoyada en la concesión de 1906, en que el Congreso de la Unión había aprobó el proyecto enviado Porfirio Diaz en los siguientes términos:

 “Se aprueban los dos contratos celebrados el 18 de enero y el 4 de febrero de 1906, entre la Secretaria de Fomento y la Compañía S. Pearson and Son ltd, para la explotación y exploración de los criaderos de petróleo existentes en el subsuelo de los lagos, lagunas y terrenos baldíos nacionales, ubicados en los Estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, San Luis Potosí y Tamaulipas”.

Esos terrenos, adquiridos en ganga porfirista le permitieron a  Edwar L. Doheny crear otra compañía denominada Huasteca Petroleum Company, quedando constituida el 12 de febrero de 1907. ¿Lo saben nuestros reformadores?

Al estallar el movimiento armado de  de 1910, en ningún momento se alteraron, suspendieron o modificaron las condiciones en que operaban las petroleras, cuyo progreso fue notorio, pues en 1911 se logra una producción de 12 millones 546 mil 286 barriles anuales, muy superior a la de 1910 que había sido de tres millones 632 mil 192 barriles anuales. ¿Entre más anarquía mejor ambiente para los negocios globales?

Cuando el petróleo no era nuestro.

Cabe señalar que a finales del mismo 1910 la producción de petróleo con la que se contaba en México superaba el requerimiento nacional, iniciándose la exportación de excedentes (sin saber cuánto representaba en ingreso vía impuestos en una país en confrontación).

El primer embarque rumbo al extranjero lo vendió la Huasteca Petroleum Compañy a la Magnolia Petroleum Compañy, saliendo 30 mil 262 barriles de crudo con destino a Sabine, Texas en el barco Capitán A.F.Lucas.

Porfirio Díaz Mori.

Esto animó a otras compañías que fueron invitadas por Díaz, quien entregó concesiones basado en la Ley de 1901, pero las petroleras no solamente saqueaban el recurso, sino que practicaban una explotación inhumana contra todos los mexicanos.

El codiciado oro negro fue  botín de compañías como  las americanas del Grupo Doheny, Mexican Petroleum Company, Huasteca Petroleum Company y Estándar Oíl Company of New Jersey,  que operó con el nombre de Penn Mex Fuel Company. Los intereses  Sinclair, que operaron con el nombre de Freeportand Mexican Fuel Corporation; la Gulf Company; Sourtherm PacificRail Rod (controlando comercialmente el 65 por ciento de toda la producción nacional.) La Royal Dutch-Shell Sindicate, que operó con el nombre de Corona Petroleum Compañy y Chijoles Oil Limited  controló el 32 por ciento, dejando solamente el 3 por ciento restante a la empresa semioficial Petróleos de México S.A. (Petromex).

Luis Cabrera, secretario de Hacienda con Porfirio Díaz.

¿Solicitarán nuestros diputados y senadores la información de hechos que describe en sus memorias el general  constitucionalista Cándido Aguilar  sobre la misiva del almirante de Marina de los Estados Unido a bordo del Nebraska, amenazando con invadir  México con el pretexto de salvaguardar sus intereses petroleros?

La forma de intervenir de las petroleras en muchos hechos históricos se ilustra con aquel pasaje en que el gobierno constitucionalista  de Venustiano Carranza expide su decreto que definía las condiciones de exploración y exploración del subsuelo, conforme a los estipulados por la Constitución recién promulgada. Los gobiernos de Londres y Washington protestaron enérgicamente para que  Carranza suspendiera algunos decretos, mientras “sorprendentemente”  se levantaba en armas el general Manuel Peláez, auspiciado por las subsidiarias de Estándar Oíl  Company of New Jersey y de la Royal Dutch Shell.

El buen negocio del petróleo llevó a México a ocupar en 1921 el segundo lugar como productor mundial  con la nada despreciable cifra de 193 millones 397 mil 586 barriles anuales.

Constitucionalistas.

Posteriormente a la nacionalización del petróleo,  la nación fue objeto de una campaña internacional de descrédito y las petroleras inflaron a niéveles de atraco el valor de sus activos y los intereses para efectos de indemnización.

También, como respuesta, se alentó al cabildero del petróleo Manuel Gómez Morín  a crear el Partido Acción Nacional (PAN) para revertir por la vía política este acto histórico. 

Las tentaciones de revertir la consolidación financiera de Pemex  han sido permanentes, hasta que entre 1949 y 1951 se consideró “pertinente”  celebrar los denominados Contratos Riesgo con empresas privadas, con una duración de 10 a 15 años  para su exploración y explotación.  Estamos hablando del esquema que ahora se quiere restablecer. Estos contratos se otorgaron a las empresas CIMA, Sharmex; Isthmus Development Company y Pauley-Noreste.

El 29 de noviembre de  1958,  el artículo 8 de la Ley Reglamentaria  del artículo 27 Constitucional determinó que Pemex  no podía fijar remuneraciones en porcentaje de los productos ni sobre resultados de la explotación.

Fue Gustavo Díaz Ordaz  quien el 16 de junio de 1965 comunicó a las empresas la terminación del plazo contractual a 15 años. Los berrinches no se hicieron esperar y después de avalúos y negociaciones se fijó una liquidación de  24 millones 43 mil dólares. 

Es importante que, antes de decidir la desnacionalización se conozca nuestra historia y sus efectos en corto  y mediano plazos. Quien tiene el petróleo tiene el poder y México no puede perder esa fuerza que le da cohesión y viabilidad.

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