SE UNEN COMUNIDADES, SOCIEDAD CIVIL Y UNIVERSIDADES
Impulsar
un buen gobierno del agua
Eder Zárate
Con la presencia de pueblos originarios, comunidades, organizaciones civiles, integrantes del nuevo congreso, rectores y académicos de diversas universidades, así como integrantes del equipo de transición, se realizó el pasado 17 y 18 de septiembre, la Reunión Nacional por el Buen Gobierno del Agua en la Rectoría General de la UAM, en donde se discutió cómo impulsar un buen gobierno del agua, que recupere la perspectiva del derecho humano al agua.
En la inauguración del evento se dieron cita rectores de diversas instituciones académicas, entre ellas UAM, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Iberoamericana, así como funcionarios de la próxima administración, entre ellos Luciano Concheiro, subsecretario de la SEP y Elena Álvarez Buylla, futura directora del hoy Conacyt.
La Reunión Nacional por el Buen Gobierno del Agua, contó con la presencia de rectores, académicos, pueblos originarios, integrantes del nuevo congreso y del equipo de transición.
Eduardo Peñaloza Castro, rector general de la UAM, comentó que el proceso nacional de hacer consensos para la construcción de la Ley General de Aguas es un ejemplo de que es posible sumar la labor comunitaria y la labor académica. Llamó a fortalecer los esfuerzos universitarios y de la sociedad civil, reafirma el compromiso por proponer alternativas a la privatización del sistema de agua y saneamiento, establecer acuerdos para planificar las cuecas, entre otros temas. “La UAM se congratula de albergar esta reunión. Este respaldo es una responsabilidad, pues las universidades somos formadoras de ciudadanos, con responsabilidad social, que contribuyan a la formación de un mejor país” comentó al inaugurar dicha reunión.
Pedro Moctezuma, coordinador del área de sustentabilidad de la UAM, explicó que la reunión es fruto de seis años y medio de procesos colaborativos entre fundaciones, sindicatos, universidades, organizaciones civiles, afectados, comunidades campesinas, pueblos originarios. “El mundo vive un momento de recuperación del derecho humano al agua, vital para la alimentación, la vida, el derecho de medio ambiente. Más de 35 ciudades han revertido los procesos de privatización y regresado a los sistemas públicos. Las más diversas culturas humanas se movilizan en defensa del agua. La actual Ley de Aguas Nacionales establece un sistema único de concesiones e intentó borrar derechos ancestrales de los pueblos originarios, buscando implantar un mercado de agua que desde 2004 se ha potenciado con el banco del agua que presiona a los pueblos y pone las aguas a la venta por Internet. La Conagua opera como autoridad única, sin vigilancia ni contrapesos.
Los movimientos por el agua y el territorio se fortalecen en todo el país y hay sensibilidad de la próxima administración y el nuevo congreso para acatar el mandato de garantizar el derecho humano al agua: Pedro Moctezuma
Mientras tanto, México importa 50% de alimentos y ha desmantelado los distritos de riego. La ASF reportó 197 cuerpos superficiales de agua en serios procesos de deterioro. El déficit de aguas superficiales hace que 60 millones dependen de acuíferos sobreexplotados. Se han ignorado las vedas otorgando concesiones en todo el país, excepto cuando las piden las comunidades. La Conagua se ha desentendido de sus funciones, se ha deshecho de sus mejores técnicos para depender de consultores externos. Las universidades tenemos mucho que ofrecer, pero no se cuenta con acceso a espacios para presentar propuestas. Las principales bases de datos están bajo reservas. No hay políticas que respeten nuestros derechos humanos, estos temas no son solo técnicos, son humanos. Cumpliendo con la necesidad de una Ley General de Aguas (LGA), se busca una lógica de derechos, generar una nueva serie de instancias que permitan la planeación de agua y el territorio consensadas con los consejos de cuenca” comentó.
Por parte del equipo de transición, Elena Álvarez Buylla, futura coordinadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, reconoció la labor de academia y ciudadanía para llegar a un buen gobierno del agua. “Es una de las prioridades que tiene que darse: el buen gobierno y la recuperación para el pueblo de México del acceso universal”.
José Raúl García Barrios, quien será coordinador del programa nacional de agua del Consejo, comentó que es fundamental desclasificar la información que tiene que ver con el agua, pues ocultarla “ha contribuido a generar problemas gravísimos. Los malos gobiernos han promovido una distribución muy injusta. El 70 por ciento de los recursos está en manos de 7%”, bajó la lógica de que el agua debe ser para los sectores productivos. Así se eliminaron controles y se desarrolló el mercado del agua. “Ahora tenemos un sistema hídrico fuertemente distorsionado, incapaz de garantizar los derechos”. Por todo eso que en años recientes la gestión hídrica ha sido cuestionada y enjuiciada. Hay mucho por hacer, la agenda es enorme. La participación de los centros de educación es crucial.
Por su parte, la Dra. Blanca Jiménez Cisneros, nombrada por el gobierno de transición como responsable de Conagua, envió a la reunión el siguiente mensaje: “estoy convencida de que la participación de los distintos sectores de la sociedad es indispensable para desarrollar una LGA que sea funcional y efectiva para todo nuestro país durante los próximos 10 a 30 años”, además de reconocer la labor de Agua para todos, en impulsar el derecho humano al agua.
Antecedentes
El pasado 08 febrero 2012 la reforma al artículo 4to Constitucional en 2012 reconociendo el derecho humano al agua dio un plazo de 360 días para aprobar una Ley General de Aguas que sentaría las bases para la participación ciudadana junto con la de los tres niveles de gobierno para lograr el acceso equitativo y sustentable al agua. Hasta ahora no ha sucedido. Sin embargo, desde entonces se inició un proceso ciudadano que logró un primer borrador de ley.
En estos años se ha fortalecido la propuesta, la cual ha servido para bloquear la aprobación de iniciativas que buscaban utilizar el derecho humano al agua como pretexto para su privatización.
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