Se aleja la justicia para víctimas
y deudos de la guerra sucia
Feliciano Hernández
Donde decía: “Comisión de la verdad”, en realidad quieren que diga: “Comisión de la Reconciliación”
CD. DE MÉXICO.- La justicia sigue atorada —si no es que se aleja— para miles de víctimas y sus familiares que padecieron la “guerra sucia” en México, desatada por gobernantes autoritarios contra grupos de activistas y guerrilleros que durante décadas buscaron una apertura democrática y el reconocimiento de derechos cívicos y humanos para el país.
Hoy, tales garantías sociales y políticas son una realidad, pero costaron vidas, sangre, encarcelamiento, persecución, acoso, tortura y desaparición forzada, en un periodo aproximado de 1965 a 1990.
El desánimo, la frustración y el enojo afloraron en fecha reciente cuando en acto protocolario oficial —realizado en el Campo Militar N° 1, el miércoles 22 de junio— el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que la Sedena abriría sus instalaciones y archivos a expertos y familiares, para contribuir al esclarecimiento de los hechos que se refieren.
Ahí, frente a los invitados —algunos familiares y víctimas de la “guerra sucia” —, el Secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval —evidentemente con la anuencia del Presidente de la República— pidió que también los soldados caídos en aquellos lamentables hechos fueran honrados con la inscripción de sus nombres en los muros de honor.
Aunque momentáneamente el General Secretario fue aplaudido, algunos de los activistas que acudieron y otros desde afuera no tardaron en darse cuenta de que los convocantes usaron el evento como una trampa, al pretender validar su petición; lo que es un hecho a todas luces contrario a sus anhelos de reparación de daños y de enjuiciamiento a los militares; varios, no dudaron al calificar aquél pronunciamiento castrense como “una provocación”, “un insulto” a la memoria de las víctimas y sus familiares.
La molestia de varios activistas quedó patente en las redes de internet: “Y ahora resulta que donde decía: ‘Comisión de la verdad’, en realidad quieren que diga: ‘Comisión de la Reconciliación’…Nuestra respuesta es idéntica a la de hace décadas: no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos…Exigimos juicio y castigo…”, publicó una cuenta de Twitter @HIJOS_Mexico.
“Mientras algunos de los familiares de desparecidos protestan, otros son parte del acto, ¿será porque son parte de la nómina?”, cuestiona Jaime Laguna Berber, uno de los más persistentes activistas, miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S), por lo cual pasó varios años en prisión, siendo muy joven; hoy también es abogado de algunas de las víctimas o sus familiares, y miembro activo del Grupo Liga Comunista 23 de Septiembre (GLC23S).
En declaración pública, el Grupo manifestó su total desacuerdo sobre el hecho: “No compartimos la falta de vergüenza de quienes hablaron a nombre de las víctimas de desaparición; no compartimos la actitud de quienes forman los colectivos de pedigrí que van a esos actos, como el del Campo MiIitar; no compartimos esa actitud de estar pidiendo puestos en la nómina —gubernamental— para disfrazar que ocupan cargos honoríficos en ‘el esclarecimiento’ de la verdad”.
Así, pues, la polémica se desató, con acusaciones concretas y directas de los activistas contra ese intento de lavarles la cara y las manos a los militares. Los familiares y los sobrevivientes tienen muy claro que justamente han sido los mandos verde olivo quienes durante décadas se opusieron a las investigaciones que los involucraban en la persecución, tortura y desaparición forzada, así como a rendir cuentas.
Larga historia de abusos
Entre aquellos sucesos trágicos y lamentables - ordenados por los poderes civiles a los mandos militares- están la masacre de Tlatelolco, contra estudiantes, en 1968; la brutal represión de paramilitares contra estudiantes, en lo que se conoce como El Halconazo, del 10 de junio de 1971; y la persecución contra la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S).
Esos son solo algunos de muchos más ataques contra grupos y activistas que fueron perseguidos por órdenes presidenciales en el contexto de la “guerra fría” entre Estados Unidos y Rusia, que instó a los altos mandos del régimen a intentar el aniquilamiento de toda manifestación cívica —individual o colectiva— sospechosa de simpatizar con ideales socialistas o comunistas; coyuntura que sirvió para justificar las tendencias autoritarias del sistema.
Aquellos actos contrarios a derecho —algunos tipificados como de lesa humanidad conforme a protocolos de la Corte Penal Internacional (CPI)— arrojaron un saldo total que —en voz de quienes vivieron o estudiaron aquellos años turbulentos—, miles de mexicanos del campo y las ciudades perdieron la vida o fueron encarcelados, torturados y desaparecidos.
Toda esa larga lista de abusos ha sido documentada ampliamente por los mismos protagonistas sobrevivientes y por organismos defensores de derechos humanos, nacionales e internacionales, y se encuentra en los archivos oficiales. Ante lo irrebatible de los hechos, algunos gobernantes —como el actual— aceptaron los diagnósticos y se comprometieron a esclarecer los acontecimientos y a reparar el daño a los sobrevivientes y a sus familiares. Para el efecto crearon comisiones especiales.
En tal sentido, AMLO decretó la creación de su propia Comisión de Esclarecimiento… publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 2021, con vigencia al 30 de septiembre de 2024. El decreto estableció que, al término de su tarea, la Comisión entregaría un informe final ante el presidente y frente a las víctimas de las violaciones y sus familiares.
Sin embargo, las buenas intenciones en todos los casos se han visto frustradas por complicaciones de todo tipo: intereses políticos; renuencia de las Fuerzas Armadas y policiales a rendir cuentas por su participación en los abominables hechos; también por sabotaje de grupos de filiación anticomunista; por aberraciones jurídicas inverosímiles; y por desacuerdos entre los grupos de afectados, entre otras.
Sabotean el acceso a la justicia
Jaime Laguna considera que es necesario “desenmascarar” a los familiares que están cooptados mediante cargos públicos, porque de alguna forma están saboteando el acceso a la justicia al prestarse a regalar aplausos contrarios a las exigencias históricas de las víctimas: “Me interesa denunciar los casos de la gente que se está vendiendo…Lo que muchos de los grupos están buscando es que les den un cargo... Eso es corrupción y para eso van a aplaudir esos beneficiarios de cargos y ayudas”.
Cita el caso de David Cilia, “falso militante de la LC23S, quien ha sido ligado como agente del organismo oficial de espionaje (Cisen), quien se dedicaba a delatar a la gente, por lo cual hay muchos desaparecidos, pero hoy es alto funcionario en la CNDH”.
Laguna menciona también a otros de los más protagónicos: “Alicia de los Ríos Merino, empleada del Renave; y Martha Camacho, que recibió una jugosa cantidad de dinero y 53 mil pesos al mes, porque metió de víctima a su actual marido, que nada tiene que ver... ¿Y las demás víctimas? Cerraron los fideicomisos de ayuda.”
En busca de respaldo, junto con otros del GLC23S, Jaime Laguna se reunió con Ángela Buitrago del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el despacho de investigadores que llevan el caso de los 43 de Ayotzinapa; ahí recibieron como respuesta que los expertos “no van a emitir recomendaciones, no van a intervenir ante nadie para hacer gestiones; que en tres años propondrán crear otra fiscalía”, de alguna forma asumiendo que el actual mecanismo de AMLO ya quedo inválido: “En otras palabras, nos dijeron que nos fuéramos al carajo...”
En su pronunciamiento, los del GLC23S asientan que no les sorprende “este gobierno burgués, que entrega abrazos en lugar de perseguir a los delincuentes; que otorga perdón a los culpables y contratos a los militares para que se llenen las bolsas”.
Falta voluntad política
El pronunciamiento del General aludido, ha desatado la desconfianza en el mecanismo de AMLO para el esclarecimiento y acceso a la justicia; algunos activistas sospechan que no hay verdadera voluntad política del presidente. A su manera de ver el conflicto histórico —según ellos—, AMLO, renunciando a su calidad de jefe de Estado, con mentalidad de predicador religioso piensa que México requiere el perdón y la reconciliación, pero la mayoría de grupos de víctimas y sus familiares exigen primero justicia y luego reconciliación.
En Argentina —comenta Laguna— resolvieron el caso de los abusos militares de la dictadura con mayor celeridad: “Hay más de 200 jefes militares en prisión y las víctimas reciben una pensión”.
Pero en México —otra vez, como maldición para el caso—, este gobierno de AMLO incurre en lo mismo que criticaba de otros gobiernos, en su negativa de ordenarles a las Fuerzas Armadas que rindan cuentas. El pronunciamiento del General Secretario no fue un incidente, sino la reiteración de su negativa institucional a someterse a la justicia civil.
A pesar de que el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas en apariencia está comprometido a dar pleno cumplimiento a las exigencias de justicia de los persistentes luchadores, como la ya fallecida Doña Rosario Ibarra de Piedra, en los hechos actúa como subordinado de los mandos militares.
Al ser galardonada en 2019 con la Medalla Belisario Domínguez, la más alta distinción al mérito cívico que otorga México a sus ciudadanos —entregada por el Senado de la República—, la reconocida luchadora social por las víctimas de la “guerra sucia” y por los derechos humanos, aceptó la distinción, pero hizo depositario de la misma al presidente.
La difunta y honorable luchadora le pidió al mandatario que le entregara la medalla cuando culminara el proceso de justicia y reparación del daño a las víctimas y a sus deudos; cuando supieran el paradero de los desaparecidos y el de su propio hijo, secuestrado en 1975, a lo cual se había comprometido AMLO en su largo recorrido por el país, como candidato. Parece que el presidente tendrá que seguir guardando la medalla o encontrarle otro custodio.
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