Otra reforma electoral
necesaria
Feliciano Hernández*
Cd. de México.- Todo el país ha sido testigo de los ABUSOS de candidatos y partidos políticos, sus mentiras y violaciones al reglamento; la intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el proceso; y la del crimen organizado, eliminado o imponiendo candidatos; el cuestionable papel del órgano electoral y la INCONFORMIDAD de los militantes y votantes frente a las imposiciones de candidaturas por parte de los dirigentes.
ESTE COMPLICADO proceso –el más violento en la historia del país, según algunos analistas-- puso en claro que es necesaria una nueva REFORMA que ponga orden de una vez por todas, para que México deje atrás su democracia bananera.
Conforme avanzó el proceso -todavía en curso al cierre de esta edición- se fueron acumulando quejas y denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; desde septiembre -cuando inició la contienda- se habían sumado 601 denuncias y quejas, hasta mediados de mayo, la mayor parte por intentos de compra de votos o promesas de inclusión a programas sociales.
Los casos más polémicos fueron protagonizados por los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el retiro de candidaturas en los casos de Guerrero y Michoacán, que dejaron fuera a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, respectivamente; y luego en la negativa de los consejeros de aplicar la misma vara en Nuevo León, lo que se esperaba como inevitable, pero ante la sorpresa de tirios y troyanos los funcionarios del INE decidieron avalar las irregularidades en ese estado, consideradas por analistas como de mayor gravedad.
Dirigentes del PAN y de Movimiento Ciudadano pidieron la intervención de la OEA contra AMLO y este invitó al organismo a ser observador del proceso.
Tanto López Obrador como el senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la cámara alta, manifestaron su disposición de entrarle a la reforma, después del 6 de junio.
La lista de puntos a considerar en tal empeño reformista es larga y queda en manos de los expertos puntualizar lo pertinente. En esta aproximación periodística al tema, solo se resaltan los puntos de conflicto más notorios que fueron el motivo de la mayor discordia durante los meses que duró el proceso comicial.
Candidatos impresentables: es incomprensible que tanto partidos políticos como consejeros del INE y magistrados electorales avalen candidaturas de personajes de fama pública cuestionable; como si fuera tan difícil elegir a suspirantes con trayectorias limpias o por lo menos libres de acusaciones en los medios periodísticos y redes sociales.
En este punto cabe mencionar que circularon en la prensa señalamientos serios de que la candidata sustituta en Guerrero, Evelyn -“la Torita”- Salgado, hija del candidato destituido, es la esposa de un presunto narcotraficante. El hecho de ninguna manera afectó la decisión de autoridades para impedirle asumir la representación. Queda en el aire el cuestionamiento para AMLO: si estaba enterado del caso y lo permitió, muy mal; pero si desconocía el antecedente, peor.
Una gubernatura no es cualquier cosa y una reforma electoral debiera establecer una responsabilidad administrativa y penal contra las autoridades partidistas y del Ejecutivo Federal; con la obligación de conocer las trayectorias de todos los aspirantes a diputaciones, senadurías, gubernaturas y presidencias municipales; con facultad de VETO para el presidente, independientemente del partido postulante. Una reforma electoral debe apuntar a limpiar la vida política de México y a garantizar contiendas democráticas como requisito de legitimidad para asumir los cargos.
Otro caso escandaloso es el referido al candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, abanderado del PVEM y PT, a quien se le inició un expediente en la Unidad de Inteligencia Financiera por acusaciones de estar ligado con el narcotráfico, pero eso de ninguna manera impidió a la autoridad otorgarle su registro para la contienda.
Viene a cuento recordar que hace unos años el periodista Carlos Loret difundió en una de sus columnas en El Universal -a tiempo para que los partidos rectificaran sobre sus abanderados-, que tres candidatos estaban acusados de tener nexos con el narcotráfico. De nada sirvió su denuncia periodística; ni las autoridades judiciales ni los partidos la tomaron en cuenta.
Uno de los mencionados por Loret -postulado por el PAN- se convirtió en gobernador de Tamaulipas, y semanas antes del 6 de junio le iniciaron proceso de desafuero para perseguirlo judicialmente, con toda la carga de la deslegitimación que eso representa; el otro aludido también se convirtió en gobernador de Campeche, pero dejó inconcluso el cargo para convertirse en presidente nacional del PRI. En sus dos años como gobernador pudo construirse una residencia de 80 millones de pesos, según mencionó el periódico Reforma.
Compra e imposición de candidaturas.
Un recurso reprobable de los partidos políticos para intentar ganar votos fue acudir a personajes de la farándula y los deportes para ofrecerles candidaturas; una fórmula que ya les ha reportado ganancias a unos y otros. Llamaron la atención las nominaciones al circo electoral de la cantante Paquita la del Barrio; la de la ex Miss Universo, Lupita Jones; y la del actor Alfredo Adame, entre muchas más.
Un caso anecdótico fue la declaración del actor y candidato de Redes Sociales Progresistas, quien fue grabado sosteniendo que de los 40 millones que recibiría del partido para su campaña se iba a “chingar 25 millones” para su cuenta personal; y se lució mentando madres a sus críticos.
No se olvide el caso del futbolista Cuauhtémoc Blanco, de quien se dijo que aceptó ocho millones de pesos por asumir la candidatura a la alcaldía de Cuernavaca, por el PES; ya se sabe que ganó y que tuvo un desempeño lamentable; pero el fraude al votante no acabó allí y el colmo fue que lo hicieron gobernador años después, con pésimos resultados en el transcurso del cargo.
Estos casos, que no son los únicos, ilustran la magnitud del problema sobre la cuestionable trayectoria de los aspirantes a los principales cargos de elección popular: GOBERNADORES, DIPUTADOS SENADORES, presidentes municipales, y por supuesto, el de presidente de la república.
Ninguna reforma será respetable si deja fuera como requisito el aspecto de la militancia partidista mínima y la capacitación política que debieran recibir en conocimientos sobre el país y la región, distrito o localidad que los aspirantes internos y externos busquen representar.
Dinero sucio y financiamiento público y privado. En este punto y pese a la rigurosa vigilancia de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF de Hacienda, los candidatos y sus comisiones de financiamiento muchas veces logran burlar a las autoridades o estas se hacen de la vista gorda, como es el caso del INE.
En Nuevo León mostró la mayor tolerancia con el candidato Samuel García –que saltó del último lugar en las encuestas al primero, semanas antes de la fecha esperada. Este abanderado de Movimiento Ciudadano presumió en público el dinero familiar en la campaña y al mismo tiempo tuvo que responder sobre acusaciones de nexos familiares con capos del narcotráfico, que expusieron sus adversarios.
Transparencia y rendición de cuentas. A pesar de que la ley y reglamento electorales ya contemplan procedimientos para la transparencia y rendición de cuentas de partidos y candidatos, estos siguen sin apegarse a la legalidad. El INE, encargado de hacer cumplir la ley, ha sido muy flexible en ciertos casos –ya se mencionó el de Samuel García en Nuevo León- excepto en los de Guerrero y Michoacán, donde por faltas menores retiró las candidaturas a los abanderados de Morena.
Promesas falsas o muy costosas. Uno de los recursos más tramposos de los aspirantes para atraer simpatizantes es el de las promesas difíciles de cumplir o muy costosas para el erario. A López Obrador le dieron muy buenos resultados tanto para llegar a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Mexico, como para la presidencia.
El tabasqueño no tiene la patente de ese viejo recurso pero es quien más lo ha explotado; por ejemplo con la pensión para adultos mayores, que estableció cuando gobernó la capital federal, y luego prometió darle continuidad en la presidencia. Todavía más -estirando mucho la cuerda-, el mandatario afirmó previo al 6 de junio que pronto bajará la edad para que reciban la pensión -de los 68 a los 65 años-, y que los beneficiarios obtendrán el doble.
Aunque la cantidad otorgada como ayuda es modesta, la aceptan pobres y ricos, y el doble ya la hace más atractiva para todos. La pregunta es de dónde obtendrá el presidente más dinero para repartir. Esto es lo que muchos críticos consideran promesas electoreras.
Lo peor es que también los candidatos de la alianza PRI, PAN, PRD, anduvieron prometiendo que respetarán ese programa y que legislarán para bajar la edad a los 60; algo a todas luces deseable en las condiciones socio-económicas de la mayoría de la población, pero irresponsable en la situación financiera del país; por lo tanto muy difícil de cumplir.
Por lo cual se puede argumentar que la reforma electoral debe incluir artículos respecto de que todas las propuestas sin justificación técnica queden enmarcadas como promesas FALSAS y electoreras -que seguramente no cumplirán los promotores- para que los votantes no sean engañados, lo cual puede ser evaluado por un comité respectivo del órgano electoral reformado.
Una reforma electoral tiene que exigir a los candidatos seriedad y RIGOR TECNICO en sus propuestas, calificando como inviables aquellas que carezcan de la argumentación teórica y técnica. Sin duda que este requisito los hará más responsables, al tiempo que le dará más credibilidad y seriedad al sistema electoral mexicano, así como soporte a la democracia que pretende lograr.
Compra de votos. Como ya se dijo líneas antes, en este proceso electoral la mayoría de quejas ante la Fiscalía fue por compra de votos, que no pocos candidatos realizaron directamente ofreciendo dinero o bienes a cambio de asegurar el voto de los incautos. Esto ya está prohibido y sancionado por el reglamento vigente, pero en este punto quien ha fallado es el órgano electoral, cuyos integrantes han actuado con parcialidad y conveniencias partidistas o personales, según acusaciones de los propios contendientes.
El alto costo del proceso comicial
Este proceso electoral requirió del presupuesto federal casi 20 mil millones de pesos, y como ya se ha dicho desde este espacio, las elecciones en México figuran entre los eventos del rubro más caros del mundo. En este apartado recuérdese la exigencia ciudadana de que el INE deje de ser un nido de nuevos millonarios, por los altos sueldos y prerrogativas que tienen los consejeros y los altos burócratas del Instituto, así como los comités directivos de los partidos políticos, que reciben su financiamiento a través del órgano electoral.
Una deseable reforma electoral tiene que tocar varios aspectos del sistema, para que sin restarle credibilidad, legalidad y transparencia, como ordena la Carta Magna, los comicios resulten menos gravosos para las finanzas nacionales.
Es hora de que México presuma dentro y fuera del territorio nacional una democracia seria, con instituciones sólidas, partidos políticos respetables, candidatos transparentes, un órgano electoral intachable con funcionarios imparciales, y un reglamento inapelable que cumpla con lo que mandata la constitución, para que el país tenga gobernabilidad plena y viabilidad en el contexto global.
*felicianohg@yahoo.commx
Otra reforma electoral
necesaria
Feliciano Hernández*
Cd. de México.- Todo el país ha sido testigo de los ABUSOS de candidatos y partidos políticos, sus mentiras y violaciones al reglamento; la intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el proceso; y la del crimen organizado, eliminado o imponiendo candidatos; el cuestionable papel del órgano electoral y la INCONFORMIDAD de los militantes y votantes frente a las imposiciones de candidaturas por parte de los dirigentes.
ESTE COMPLICADO proceso –el más violento en la historia del país, según algunos analistas-- puso en claro que es necesaria una nueva REFORMA que ponga orden de una vez por todas, para que México deje atrás su democracia bananera.
Conforme avanzó el proceso -todavía en curso al cierre de esta edición- se fueron acumulando quejas y denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; desde septiembre -cuando inició la contienda- se habían sumado 601 denuncias y quejas, hasta mediados de mayo, la mayor parte por intentos de compra de votos o promesas de inclusión a programas sociales.
Los casos más polémicos fueron protagonizados por los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el retiro de candidaturas en los casos de Guerrero y Michoacán, que dejaron fuera a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, respectivamente; y luego en la negativa de los consejeros de aplicar la misma vara en Nuevo León, lo que se esperaba como inevitable, pero ante la sorpresa de tirios y troyanos los funcionarios del INE decidieron avalar las irregularidades en ese estado, consideradas por analistas como de mayor gravedad.
Dirigentes del PAN y de Movimiento Ciudadano pidieron la intervención de la OEA contra AMLO y este invitó al organismo a ser observador del proceso.
Tanto López Obrador como el senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la cámara alta, manifestaron su disposición de entrarle a la reforma, después del 6 de junio.
La lista de puntos a considerar en tal empeño reformista es larga y queda en manos de los expertos puntualizar lo pertinente. En esta aproximación periodística al tema, solo se resaltan los puntos de conflicto más notorios que fueron el motivo de la mayor discordia durante los meses que duró el proceso comicial.
Candidatos impresentables: es incomprensible que tanto partidos políticos como consejeros del INE y magistrados electorales avalen candidaturas de personajes de fama pública cuestionable; como si fuera tan difícil elegir a suspirantes con trayectorias limpias o por lo menos libres de acusaciones en los medios periodísticos y redes sociales.
En este punto cabe mencionar que circularon en la prensa señalamientos serios de que la candidata sustituta en Guerrero, Evelyn -“la Torita”- Salgado, hija del candidato destituido, es la esposa de un presunto narcotraficante. El hecho de ninguna manera afectó la decisión de autoridades para impedirle asumir la representación. Queda en el aire el cuestionamiento para AMLO: si estaba enterado del caso y lo permitió, muy mal; pero si desconocía el antecedente, peor.
Una gubernatura no es cualquier cosa y una reforma electoral debiera establecer una responsabilidad administrativa y penal contra las autoridades partidistas y del Ejecutivo Federal; con la obligación de conocer las trayectorias de todos los aspirantes a diputaciones, senadurías, gubernaturas y presidencias municipales; con facultad de VETO para el presidente, independientemente del partido postulante. Una reforma electoral debe apuntar a limpiar la vida política de México y a garantizar contiendas democráticas como requisito de legitimidad para asumir los cargos.
Otro caso escandaloso es el referido al candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, abanderado del PVEM y PT, a quien se le inició un expediente en la Unidad de Inteligencia Financiera por acusaciones de estar ligado con el narcotráfico, pero eso de ninguna manera impidió a la autoridad otorgarle su registro para la contienda.
Viene a cuento recordar que hace unos años el periodista Carlos Loret difundió en una de sus columnas en El Universal -a tiempo para que los partidos rectificaran sobre sus abanderados-, que tres candidatos estaban acusados de tener nexos con el narcotráfico. De nada sirvió su denuncia periodística; ni las autoridades judiciales ni los partidos la tomaron en cuenta.
Uno de los mencionados por Loret -postulado por el PAN- se convirtió en gobernador de Tamaulipas, y semanas antes del 6 de junio le iniciaron proceso de desafuero para perseguirlo judicialmente, con toda la carga de la deslegitimación que eso representa; el otro aludido también se convirtió en gobernador de Campeche, pero dejó inconcluso el cargo para convertirse en presidente nacional del PRI. En sus dos años como gobernador pudo construirse una residencia de 80 millones de pesos, según mencionó el periódico Reforma.
Compra e imposición de candidaturas.
Un recurso reprobable de los partidos políticos para intentar ganar votos fue acudir a personajes de la farándula y los deportes para ofrecerles candidaturas; una fórmula que ya les ha reportado ganancias a unos y otros. Llamaron la atención las nominaciones al circo electoral de la cantante Paquita la del Barrio; la de la ex Miss Universo, Lupita Jones; y la del actor Alfredo Adame, entre muchas más.
Un caso anecdótico fue la declaración del actor y candidato de Redes Sociales Progresistas, quien fue grabado sosteniendo que de los 40 millones que recibiría del partido para su campaña se iba a “chingar 25 millones” para su cuenta personal; y se lució mentando madres a sus críticos.
No se olvide el caso del futbolista Cuauhtémoc Blanco, de quien se dijo que aceptó ocho millones de pesos por asumir la candidatura a la alcaldía de Cuernavaca, por el PES; ya se sabe que ganó y que tuvo un desempeño lamentable; pero el fraude al votante no acabó allí y el colmo fue que lo hicieron gobernador años después, con pésimos resultados en el transcurso del cargo.
Estos casos, que no son los únicos, ilustran la magnitud del problema sobre la cuestionable trayectoria de los aspirantes a los principales cargos de elección popular: GOBERNADORES, DIPUTADOS SENADORES, presidentes municipales, y por supuesto, el de presidente de la república.
Ninguna reforma será respetable si deja fuera como requisito el aspecto de la militancia partidista mínima y la capacitación política que debieran recibir en conocimientos sobre el país y la región, distrito o localidad que los aspirantes internos y externos busquen representar.
Dinero sucio y financiamiento público y privado. En este punto y pese a la rigurosa vigilancia de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF de Hacienda, los candidatos y sus comisiones de financiamiento muchas veces logran burlar a las autoridades o estas se hacen de la vista gorda, como es el caso del INE.
En Nuevo León mostró la mayor tolerancia con el candidato Samuel García –que saltó del último lugar en las encuestas al primero, semanas antes de la fecha esperada. Este abanderado de Movimiento Ciudadano presumió en público el dinero familiar en la campaña y al mismo tiempo tuvo que responder sobre acusaciones de nexos familiares con capos del narcotráfico, que expusieron sus adversarios.
Transparencia y rendición de cuentas. A pesar de que la ley y reglamento electorales ya contemplan procedimientos para la transparencia y rendición de cuentas de partidos y candidatos, estos siguen sin apegarse a la legalidad. El INE, encargado de hacer cumplir la ley, ha sido muy flexible en ciertos casos –ya se mencionó el de Samuel García en Nuevo León- excepto en los de Guerrero y Michoacán, donde por faltas menores retiró las candidaturas a los abanderados de Morena.
Promesas falsas o muy costosas. Uno de los recursos más tramposos de los aspirantes para atraer simpatizantes es el de las promesas difíciles de cumplir o muy costosas para el erario. A López Obrador le dieron muy buenos resultados tanto para llegar a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Mexico, como para la presidencia.
El tabasqueño no tiene la patente de ese viejo recurso pero es quien más lo ha explotado; por ejemplo con la pensión para adultos mayores, que estableció cuando gobernó la capital federal, y luego prometió darle continuidad en la presidencia. Todavía más -estirando mucho la cuerda-, el mandatario afirmó previo al 6 de junio que pronto bajará la edad para que reciban la pensión -de los 68 a los 65 años-, y que los beneficiarios obtendrán el doble.
Aunque la cantidad otorgada como ayuda es modesta, la aceptan pobres y ricos, y el doble ya la hace más atractiva para todos. La pregunta es de dónde obtendrá el presidente más dinero para repartir. Esto es lo que muchos críticos consideran promesas electoreras.
Lo peor es que también los candidatos de la alianza PRI, PAN, PRD, anduvieron prometiendo que respetarán ese programa y que legislarán para bajar la edad a los 60; algo a todas luces deseable en las condiciones socio-económicas de la mayoría de la población, pero irresponsable en la situación financiera del país; por lo tanto muy difícil de cumplir.
Por lo cual se puede argumentar que la reforma electoral debe incluir artículos respecto de que todas las propuestas sin justificación técnica queden enmarcadas como promesas FALSAS y electoreras -que seguramente no cumplirán los promotores- para que los votantes no sean engañados, lo cual puede ser evaluado por un comité respectivo del órgano electoral reformado.
Una reforma electoral tiene que exigir a los candidatos seriedad y RIGOR TECNICO en sus propuestas, calificando como inviables aquellas que carezcan de la argumentación teórica y técnica. Sin duda que este requisito los hará más responsables, al tiempo que le dará más credibilidad y seriedad al sistema electoral mexicano, así como soporte a la democracia que pretende lograr.
Compra de votos. Como ya se dijo líneas antes, en este proceso electoral la mayoría de quejas ante la Fiscalía fue por compra de votos, que no pocos candidatos realizaron directamente ofreciendo dinero o bienes a cambio de asegurar el voto de los incautos. Esto ya está prohibido y sancionado por el reglamento vigente, pero en este punto quien ha fallado es el órgano electoral, cuyos integrantes han actuado con parcialidad y conveniencias partidistas o personales, según acusaciones de los propios contendientes.
El alto costo del proceso comicial
Este proceso electoral requirió del presupuesto federal casi 20 mil millones de pesos, y como ya se ha dicho desde este espacio, las elecciones en México figuran entre los eventos del rubro más caros del mundo. En este apartado recuérdese la exigencia ciudadana de que el INE deje de ser un nido de nuevos millonarios, por los altos sueldos y prerrogativas que tienen los consejeros y los altos burócratas del Instituto, así como los comités directivos de los partidos políticos, que reciben su financiamiento a través del órgano electoral.
Una deseable reforma electoral tiene que tocar varios aspectos del sistema, para que sin restarle credibilidad, legalidad y transparencia, como ordena la Carta Magna, los comicios resulten menos gravosos para las finanzas nacionales.
Es hora de que México presuma dentro y fuera del territorio nacional una democracia seria, con instituciones sólidas, partidos políticos respetables, candidatos transparentes, un órgano electoral intachable con funcionarios imparciales, y un reglamento inapelable que cumpla con lo que mandata la constitución, para que el país tenga gobernabilidad plena y viabilidad en el contexto global.
*felicianohg@yahoo.commx
More articles by this author
|
