…En las mulas de mi
compadre
Así sea en el terreno de las figuraciones, como casi todo, por no decir todo, en este país que ves, desde la oficialidad del poder relativo la prescripción es para los otros; la exigencia deontólogica, para los infuncionales. Que se aplique la racionalidad (en el supuesto de que exigencia tal se base en referentes sustentables) pero en las mulas de mi compadre, como observa la vox populi campirana para los de actuar hipócrita.
Muestra plástica: el decreto del Poder Ejecutivo “por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro”. En el documento se concluye que no se ha logrado alcanzar la autosuficiencia de la compañía que se extingue y “subsiste por las transferencias que hace el Gobierno Federal para mantenerlo”. Como representa un costo tan elevado “no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público”.
Por eso y más, decreto dixit, es preciso adoptar “medidas que permitan… el uso más productivo de recursos públicos, eliminando ineficiencias que dilapidan el erario público”.
Pues resulta que los mismos argumentos (y con mayor base de entrada) se pueden esgrimir para eliminar la alta burocracia, las delegaciones federales, más de una secretaria de Estado y hasta la mayor parte de la estructura de la Presidencia de la República.
Los “buenos jueces” del gobierno
 Pero reacios a someter a su propio aparato burocrático-administrativo, sobre cargado, oneroso y en no pocos sentidos inútil, a la austeridad que se reclama pero que no empieza por la casa, los gobiernos de este país insisten neciamente en no ver ni oír.
Se podría empezar por considerar elementos que circulan profusamente en las redes y que no han sido desmentidos ni aclarados:
Por ejemplo, que la mitad del presupuesto del gobierno se destina a sueldos y prestaciones de altos funcionarios. Cerca de un billón (un millón de millones) y medio de pesos, cinco veces de lo que se quiere recuperar para las finanzas públicas en 2010.
Se asegura que, en dos años, Felipe Calderón creó 54 mil puestos de “alto nivel” (de director de área hasta subsecretarios) y que eso representa un gasto de 125 mil millones de pesos, más de lo que se invierte en salud pública y casi el doble del presupuesto de las universidades públicas del país.
Igual se sostiene que, con un pie en la ley y otro no tanto, el gobierno federal se propone aumentar en un nueve por ciento el número de funcionarios públicos, pero si en lugar de eso se redujera su número al que había en 2006, se podría pagar el presupuesto del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Hospital General, el DIF, Diconsa, Liconsa, Conaculta y sobrarían 70 mil millones de pesos.
Y como no hay para pan, se pretende gastar 60 millones de dólares en los festejos del Grito de Independencia el año próximo, con motivo del bicentenario que ya dio lugar a otro aparato burocrático.
Se denuncia asimismo que la mayoría de las grandes empresas que operan en México, transnacionales y nacionales, eluden sistemáticamente el pago de impuestos, disfrutan de privilegios fiscales, como ya lo reconoció el propio presidente Calderón, y además les devuelven lo poco que cubren.
En las operaciones de compra y venta en la Bolsa de Valores tampoco se pagan impuestos. Y todo “legal”.
Lo anterior, que no ha sido desmentido pruebas en mano, y sí en cambio reconocido a sotto voce o en la imprudencia declarativa, configura un escenario que desdice el discurso justificante del paquete fiscal aprobado por los “representantes populares”, diputados y senadores, con algunas honrosas excepciones.
La credibilidad oficial está, con razón, por los suelos y no parece haber voluntad política para recuperarla aunque sea en algo.
Así las cosas, la inestabilidad, por cuyas razones no tienen que ir muy lejos ni inventar “explicaciones” ilógicas, está a la puerta.
Y no lo quieren entender.
¿Cuál excelencia?
A otros temas: muchos diputados no lo saben pero el término "excelencia", aplicado al quehacer académico, se puso en boga en los Estados Unidos durante la gestión de Ronald Reagan.
Se pensó entonces, y en muchas partes así se internalizó, que las universidades alcanzan la excelencia cuando responden a los requerimientos del sector empresarial privado.
Luego de varios años de seguimiento, casi mecánico, de criterios pragmáticos, inmediatitas y utilitarios, en la lógica del “libre mercado”, de la rentabilidad y la ganancia, los norteamericanos comenzaron a resentir efectos perniciosos que no habían previsto.
El más preocupante para ellos: perdieron su posición de vanguardia en la producción de conocimiento científico y tecnológico innovador.
A la vista de lo que estaba sucediendo, analistas estadounidenses han cuestionado su propio modelo y proponen la recuperación del sentido social de la educación, su papel estratégico en el abordaje de los problemas más generales y compartidos de la sociedad. Se trata de una experiencia que no ha sido debidamente dimensionada en países como el nuestro.
Y como no se corrige el seguimiento atrasado de directrices externas, en nuestro país la oficialidad insiste en reproducir un esquema cuyos resultados están siendo discutidos, con vistas a su reformulación, en su lugar de origen.
La importancia de la educación para el desarrollo no se discute. El problema surge cuando se le asignan responsabilidades que la rebasan y no se relativizan sus alcances en un marco de limitaciones y carencias de todo tipo.
Consecuentemente, la discusión sobre el nuevo rumbo de la universidad resulta mucho más compleja de lo que parece.
Rebasa con mucho expresiones coyunturales y demandas de paliativos que, además, con frecuencia no son más que clientelares, como las del oscuro ex secretario de Educación, ahora coordinador diputeril panalista, Reyes Tamez Guerra, haciendo ver que el presupuesto para investigación es raquítico.
Tamborazos
-El Grupo Salinas y la Fundación Azteca otorgaron a Culiacán el “Jumil de oro” por ser la “ciudad más limpia del país”. En evidencia queda la supina ignorancia del muladar en que está convertida esa ciudad, así como la “metodología” chafa, si la hubiese, de evaluadores que, por lo visto, no saben lo que es un diagnóstico con base en referentes sustentables.
-En Sinaloa la sucesión gubernamental que tendrá lugar electoral el año próximo está desatada. Se multiplican las compraventas de “militantes” de uno y otro lado, pero todos son parte de un sistema que los ha beneficiado en más de un sentido y todos están de acuerdo en el fondo de las cuestiones. Como lo hemos dicho en lenguaje coloquial: son la misma gata, levemente revolcada.
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