NO UNO, VARIOS
GOBIERNOS FALLIDOS
RAYMUNDO RIVA PALACIO
La guerra contra el narcotráfico prueba una realidad: no hay un gobierno fallido en México; hay varios gobiernos fallidos. Si el presidente Felipe Calderón debe responder por las bolsas de impunidad que siguen existiendo en el país, también deben rendir cuentas los gobernadores de Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Guerrero y Durango. José Reyes Baeza, Jesús Aguilar Padilla, José Osuna Millán, Zeferino Torreblanca e Ismael Hernández Deras, nos deben explicaciones claras y urgentes. Señores gobernadores, tienen la palabra.
Reyes Baeza se despertó del letargo en el que tenía al cuerpo político y las estructuras en Chihuahua, y en las últimas 72 horas quiere resolver lo que no ha hecho en cinco años de gestión. Su estado ha sido durante todo 2008 y 2009 el más violento y el que más victimas ha tenido en esta larga cruzada contra los cárteles de la droga. Chihuahua suma casi el 30% del total de ejecutados en estos dos años, con una cifra que supera las cuatro mil 514 víctimas. Es decir, cada día de los dos últimos años, han sido asesinados en el estado seis personas.
Los indicadores del gobierno federal muestran el mapa de la violencia en los cinco municipios de la muerte de Chihuahua: Ciudad Juárez, tres mil 544 ejecutados, lo que totaliza el 23.34% del total de esas muertes a nivel nacional; Chihuahua capital, con 692 muertos, Hidalgo del Parral con 105, Nuevo Casas Grandes con 95, y Guadalupe con 38. ¿Qué pretende hacer Reyes Baeza trasladando los poderes estatales de Chihuahua a Juárez? Resolver el problema no. Tiene dos años en omisión y negligencia. Diversas fuerzas políticas lo acusan de querer salvar la gubernatura para el PRI con esta mudanza administrativa, y no hay ninguna razón sobre su tardía reacción que permita creer en otros motivos.
Reyes Baeza es un desastre como gobernador, cuando menos en lo que a este fenómeno de violencia respecta. Muy atrás de él, pero muy arriba de la mayoría de sus colegas se encuentra Aguilar Padilla, que ha sido actor pasivo en la pugna entre los viejos socios y compadres en el Cártel de Sinaloa, que se están matando en luchas callejeras con redes de protección institucional. Sinaloa suma el 10.65% de los ejecutados en el país, donde la capital Culiacán aporta 6.55%, que representan 995 víctimas en esos dos años. En Navolato, a 25 kilómetros de Culiacán, se dieron 188 ejecuciones, seguido de Mazatlán con 153, Guasave con 101, Sinaloa (municipio) con 90, y Salvador Alvarado con 89.
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Ninguno de los dos tienen cara frente a la nación por el desorden que han acumulado en estos dos años frente a sus gobernados. En esos dos estados se concentró el 40.38% de la violencia nacional durante los dos últimos años, de acuerdo con los indicadores federales. Si se suma a Baja California, Durango y Guerrero, la concentración de la violencia que azota al país en esas cinco entidades asciende a 53.71% . Baja California, bajo el mando panista de Osuna Millán, aporta a la estadística de la muerte nacional el 7.05% del total, mientras que Durango, con el priista Hernández Deras contribuye con el 3.36%, y Guerrero, gobernada por el perredista Torreblanca, el 2.92%.
Las cifras no ayudan a comprender la magnitud del desastre de esos gobiernos. Es cierto que el narcotráfico es un delito del orden federal, por lo que muchos gobiernos locales han decidido cerrar los ojos y responsabilizar al gobierno federal de todos sus males. Pero la solución al narcotráfico no es sólo policial. En ello están en deuda. Los gobiernos locales no han creado los incentivos para romper el ciclo de reclutamiento de jóvenes como sicarios, ni creado los espacios de recreación y esparcimiento en sus comunidades que suelen ser una primera frontera contra la seducción de la delincuencia organizada.
No es casual que el 93.5% de los ejecutados sean hombres, y que aunque el promedio de edad de ellos se sitúe entre 31 y 35 años, más de la mitad (54%) de ese gran total tienen entre 21 y 35 años de edad; es decir, en la plenitud de su vida productiva, optaron por la informalidad de la delincuencia. Prácticamente todos ellos murieron por arma de fuego, y en sólo 3.4% de los casos hubo mutilación del cuerpo.
La radiografía nacional sobre la violencia muestra que los ejecutados, que son la expresión más primitiva y sangrienta de la lucha que se libra, salpica a 844 municipios en el país. O sea, la guerra contra el narcotráfico se está librando en el 29% de la superficie del territorio nacional. Pero en la deconstrucción de esta violencia, en sólo 21 municipios de esas cinco entidades se concentra poco más de la mitad de ejecutados. Si se sigue con el desagregado de las cifras, el 50% de las ejecuciones, lo más crudo de esta guerra, se ubica en 12 municipios, que en orden de mortalidad son Ciudad Juárez, Culiacán, Tijuana, Chihuahua, Gómez Palacio (Durango), Acapulco, Nogales (Sonora), Navolato, Durango, Torreón, Mazatlán y Morelia.
El número reducido de municipios en los que se aprecia con mayor crudeza la violencia no es para alegrarse, si uno reflexiona sobre el total de víctimas asesinadas en una concentración demográfica tan reducida. No es aventurado afirmar que en esas poblaciones la sociedad es tan rehén de la delincuencia organizada, como rebasados están los gobiernos. Esos cinco gobernadores son el ejemplo más claro de gobiernos fallidos. Tres de ellos serán relevados tras las elecciones de este año –Chihuahua, Durango y Sinaloa-, y cuando menos en sus casos, es hora de cobrarles la factura de su abandono.
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