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Entre el Sol y el dedo
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Algunos comentaristas, han tomado a título de arenga, una furibunda expresión del escritor Héctor Aguilar Camín, que hace un año afirmó que “no hay condena moral sistemática contra los asesinos, que son responsables de la sangre y de las ejecuciones y de los decapitados. ¡Esos son los hijos de puta! ¡Volteemos contra ellos! Y reclamémosle al Estado, obviamente, ser tan ineficaz con la seguridad que está obligado a dar. ¡Pero los hijos de puta, son los hijos de puta!”. Hay cierto rapto de impotencia en ese sonoro exabrupto.
El pasado 12 de enero, en la misma publicación de la que Aguilar Camín es colaborador (Milenio diario), la encuestadora Gabinete de Comunicación Estratégica dio a conocer resultados de un sondeo en el que 45.8 por ciento de los consultados señala como principal responsable de la violencia en México a las autoridades. Sólo 36 por ciento culpa a los delincuentes. 18.2 por ciento no sabe o no contestó.
Ese mismo día, el vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré Romero dio a conocer el saldo sangriento de 2010: Hubo en ese periodo 15 mil 573 muertes violentas. El funcionario hizo un deslinde en el que en estas páginas hemos insistido para colocar la barbarie en su brutal dimensión: Los datos presentados, dijo, “no sustituyen a la estadística oficial de homicidios totales ni dolosos que recopila el Inegi (Instituto de Geografía y Estadística). Sólo aquellos casos presumiblemente relacionados con el crimen organizado”. Esto es, las denominadas ejecuciones. En un lance “tranquilizador”, sostuvo que a fines de año aquella tendencia “se estabilizó”, pero el 12 de enero dio la suma de 34 mil 612 ejecutados desde 2007.
Horas antes, el representante regional de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, Antonio Mazzite declaró aquí que no se necesita ser de la ONU para ver las muertes y darse cuenta de la violencia. Es difícil y delicada la situación en México: “No se sabe cuanto durará ese fenómeno”.
En el mismo escenario, el presidente del Inegi, Eduardo Sojo Garza-Adame, dio a conocer la Encuesta Continua sobre Percepción de la Seguridad Pública en México, cuyo resultado indica que 60.71 por ciento de los entrevistados respondieron que, hacia diciembre de 2010, la seguridad pública empeoró; 49.25 se siente más inseguro (41.32 se siente mucho peor) y 50.59 por ciento cree que ese estado de cosas prevalecerá en 2011.
Contra esa macabra realidad, en la que unos son protagonistas activos y la mayoría sujetos de las trágicas consecuencias, no valen voluntarismos gubermanentales que, creyendo aún en el poder mágico de la palabra, intentan tapar el sol con un dedo.
En ese acopio de abrumadores datos, sin embargo, como en muchos otros fenómenos en una sociedad de desiguales, la amenaza de la muerte en México no es pareja para todos. Reportes de diversas fuentes, entre ellas el Sistema Nacional de Seguridad Privada (SNSP) informan que -para quienes pueden comprar- ya en 2009 las ventas de empresas de seguridad se incrementaron en 11 por ciento, acumulando ingresos por unos mil millones de dólares por la demanda de sistemas de alarma, servicios de guardaespaldas y consultoría de riesgos. Obvio, más de 20 millones de hogares mexicanos no pueden costear esa que, siendo una necesidad impostergable que debe resolver el Estado, se ha convertido en un lujo.
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