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Violencia extrema sin
solución de continuidad
Cuatro exposiciones difundidas en la primera semana de abril, colocan al gobierno de Felipe Calderón y a los medios de comunicación que tratan de atemperar el terrible impacto de la violencia en México, e incluso sustituirlo con la divulgación -de preferencia en el exterior- de “noticias positivas”, en una situación de falso optimismo, para no decir de iluso escapismo de una realidad que definitivamente no se deja maquillar.
En el Distrito Federal, capitales de más de la mitad de los estados de la República y ciudades de Europa y América Latina salieron a la calle y a las plazas públicas miles de personas a gritar su ¡Ya basta! ¡Ni un muerto más! y otras consignas de protesta por la incontenible ola de asesinatos, entre los que se computan los eufemísticamente denominados daños colaterales de los que son víctimas personas inocentes.
En las mismas horas de esas manifestaciones, en Washington, ante integrantes de la Comisión de Apropiaciones de la Cámara de representantes de los Estados Unidos, el director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Robert Mueller declaró que la violencia extrema en nuestro país ha alcanzado niveles sin precedentes y que el gobierno mexicano no ha logrado controlarla. No podía faltar, entre las preocupaciones expresadas por ese funcionario, la supuesta amenaza terrorista imputable a individuos que ingresan a la Unión Americana por su frontera sur. Dos días antes, la directora de la Agencia Antidrogas (DEA-USA), Michele Leonhart, había hecho una confesión de suyo desconcertante: Capos mexicanos controlan el tráfico de drogas en cientos de ciudades estadunidenses. El subsecretario de Estado adjunto, William R. Brownfield dijo de su lado que su gobierno se equivocó creyendo que con una campaña agresiva en México y país por país el problema sería resulto. ¿Y…?
A confirmar esas deprimentes expresiones asistió el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que, al dar a conocer los resultados de la más reciente encuesta para elaborar el Índice de Percepción sobre Seguridad Pública, concluyó que en el mes de marzo pasado, respecto del mismo mes de 2010, en una escala de 100 puntos, la percepción sobre seguridad personal cayó 3.4 puntos; en el tema de seguridad pública 6.4 puntos y en la prospectiva para 2012, 4.6 puntos. Esto es, atisbado desde ahora el escenario del año de la sucesión presidencial no resulta nada halagüeño.
En el inventario de malas noticias, hay sin embargo una espeluznante que valida lo que en estos espacios hemos advertido desde hace al menos seis años: Desde 1997 -hemos publicado en Voces del Periodista-, por decisión del gobierno de Ernesto Zedillo fueron seleccionados miembros del Ejército mexicano para recibir adiestramiento de mandos kaibiles del Ejército de Guatemala, cuerpos de élite sanguinarios aplicados sobre todo al exterminio de comunidades indígenas. Esos militares mexicanos, hemos insistido, se han pasado a las filas del enemigo, reclutados particularmente por los Zetas.
Recientemente, en el marco de la 28 Conferencia Internacional contra las Drogas, realizada en Cancún. Quintana Roo, el viceministro de Seguridad de Guatemala, Mario Castañeda, reconoció que kaibiles guatemaltecos, en activo aún o retirados, capacitan en tácticas de muerte y tráfico de drogas a elementos del cártel los Zetas, tarea por la que son compensados hasta con cinco mil dólares mensuales. ¿Cómo es posible que, frente a esa macabra revelación, el gabinete de Seguridad Nacional, el Centro de Investigación de Seguridad Nacional (Cisen) y la Secretaría de Relaciones Exteriores asuman la actitud de la avestruz? ¿Es que no existen mecanismos de colaboración bilateral para prevenir y evitar ese proceso?
Hablando claro, para no generar falsas expectativas en el perturbado ánimo de la sociedad mexicana, el propio secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna -tan halagado por los aparatos de inteligencia de los Estados Unidos- no tuvo reparo en declarar que hasta 1015 no se verán resultados tangibles en la campaña para disminuir la violencia.
Lo irritante, y alarmante, de esa trágica situación es que, al asegurar que las tropas se mantendrán en las calles hasta el último día de su sexenio, el presidente Felipe Calderón admite que no cambiará su cuestionada estrategia guerrera contra el crimen organizado, de lo que se colige que el baño de sangre continuará; hipótesis sostenida por las autoridades norteamericanas que, desde ya, tratan de comprometer al gobierno que emane de las elecciones de 2012 a mantener esa devastadora estrategia.
Resulta doloroso tener que decir -desde esa sombría perspectiva- que las movilizaciones populares por restablecer la paz pública y la tranquilidad de las personas y los hogares topan con oídos sordos del gobierno de la República. De nada sirven, porque carecen de autenticidad y voluntad de rectifiación, los incesantes llamados desde el poder a la participación social en la solución de ese desgarrador fenómeno. Se mira, se oye, pero no se atiende el clamor de una sociedad avasallada por la prepotencia y la pretendida infalibilidad.
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