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No debilitar al ejército
CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Se ha dicho y escrito de muchas maneras: el ejército es la primera línea de combate y la última línea de defensa de la soberanía nacional y de la autoridad del Estado. De ahí que todo lo que afecte la fortaleza militar repercute automáticamente en el Estado.
El debate sobre el fuero de guerra ha sido magnificado. En su sentencia sobre el caso Rosendo Radilla, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma que el fuero militar que reconoce el artículo 13 Constitucional que el fuero de guerra “pareciera no generar problema alguno” y agrega que “no es necesario ordenar la modificación del contenido normativo que regula el artículo 13 de la Constitución”, pero más adelante exige que se modifiquen las leyes para que sean juzgados en tribunales civiles los militares que cometan irregularidades en funciones oficiales.
El asunto tiene que ver con la soberanía nacional, como lo señalaron con argumentación jurídica los ministros de la Corte Luis María Aguilar y Aguirre Anguiano porque las sentencias de la CIDH rebasan sus atribuciones; una cosa es que señalen que en algunos casos no se respetó el “debido proceso” y hasta ordenen indemnizaciones, pero otras muy diferente que hagan lo que la CIDH: convertirse en legislador negativo ordenando que se modifiquen las leyes y la Constitución y con ello que se dañen los instrumentos de la soberanía del Estado.
El fuero de guerra es la columna vertebral de la disciplina militar. Por eso su origen señala que los militares deben ser juzgados por militares en base a códigos de honor, de justicia y de consideraciones penales. La razón es sencilla: los militares defienden la soberanía; si pueden acudir a tribunales civiles, entonces vendrían las indisciplinas. Si bien la acción militar contra la inseguridad no involucra invasión externa, sí deja ver que la seguridad interior es parte de la seguridad nacional por hechos como que los cárteles forman parte de organizaciones internacionales, buscan apoderarse de partes del territorio nacional y someten a civiles a vejaciones.
Los militares entraron a combatir a los cárteles ante la complicidad de policías y político y ante la capacidad de armamento de los delincuentes. Los daños colaterales a civiles son juzgados con severidad por los tribunales militares. Si el fuero de guerra desaparece y los militares pasan a juzgados civiles, la disciplina castrense dejará de ser una garantía de defensa de la seguridad nacional y de la soberanía.
México no enfrenta una amenaza militar. A diferencia de otras naciones, el ejército mexicano ha nacido del pueblo. Sin la acción militar, el saldo de bajas criminales, decomisos y desarticulación de cárteles hubiera sido menor. La cohesión de las fuerzas armadas ha sido posible por el código de justicia militar y por la disciplina interna.
Lo que está en riesgo con el abuso en las sentencias de la CIDH es el escudo militar que blinda la soberanía nacional. Sin el fuero de guerra, los narcos podrán clamar por sus derechos humanos y llevar el problema a derechos humanos y tribunales civiles, justamente como ocurría en el pasado. Los militares necesitan de la confianza social y del apoyo institucional para sus tareas.
Por ello es que el tema del fuero de guerra debe ser debatido en el contexto de la seguridad nacional y la soberanía del Estado.
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