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Preocupa que la Procuraduría Social
Federal sea otra “carabina de Ambrosio”
Es absolutamente plausible que, aunque tarde, después de cuatro años y 10 meses de su administración, Felipe Calderón haya decidido crear la Procuraduría Social Federal destinada, según los propósitos enunciados por el residente en Los Pinos, a hacerles justicia a los civiles inocentes muertos en lo tiroteos entre policías y soldados contra el “narco” y la delincuencia organizada que debería incluir a los delincuentes de “cuello blanco”.
Esta institución calificada por algunos de “albarda sobre aparejo” -por aquello que se puede caer en la duplicidad de funciones con otras dependencias-, debió ir por delante, antes de desatar Calderón “la guerra” en la que sólo se han atacado las consecuencias, pero sin atender las causas, como si un cáncer se pudiese erradicar del organismo humano con cataplasmas contra el dolor, pero sin ir hasta el terreno de las células que es en donde está el mal.
El pueblo de México está urgido de un organismo como la Procuraduría Social Federal, porque hasta la fecha, según las apreciaciones y los cálculos de las ONG´s, ya está cercana la cifra de 50 mil muertos en dicha “guerra” en que han caído abatidos por las balas hasta bebés, menores de edad, niñas, mujeres, jóvenes, ancianos y hombres en la flor de su edad, víctimas de los tiroteos en diversos estados de la República.
De nada han valido hasta la fecha los ruegos y las gestiones de organismos de Derechos Humanos para que se haga justicia a los civiles acribillados sólo porque se tardaron en pararse en los retenes castrenses que existen en todo el país. Por este hecho, la mencionada Procuraduría Social Federal tiene ante sí una inmensa tarea que desarrollar, puesto que se calcula en miles el número de las víctimas asesinadas durante los tiroteos, así como de secuestrados y gente desaparecida, tal como se estilizó en los tiempos de la “guerra sucia” acaecida durante el echeverriato.
Don Felipe y sus problemas
Debe tener facultades suficientes
Para el tremendo trabajo a desarrollar en plenos períodos preelectoral y electoral, la Procuraduría Social Federal debe ser dotada de facultades suficientes para hacerse cargo, como dicen los abogados de “pleitos y cobranzas”, a plenitud.
El problema para que la Procuraduría Social Federal pueda cumplir con su papel de ente defensor es que no se le llegara a dotar de facultades suficientes para actuar a fondo contra los responsables de violaciones de derechos humanos.
La PSF, preocupantemente, nace en la lucha en defensa de víctimas calificadas de daños colaterales, pero surge a la vida sin presupuesto propio, con personal prestado por otras dependencias, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública, misma que ha sido acusada de cometer abusos en el desempeño de sus funciones, a la vez que se le responsabiliza de la muerte de varios civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado.
Es evidente que en la creación de la PSF influyen causa relacionadas directamente con la política electorera del momento y la politización, siempre la politización, es lo que suele arruinar hasta las buenas causas, porque muchas veces no se cumplen los efectos mediáticos en el plazo señalado y luego se abandonan los propósitos, una vez pasado el interés circunstancial que se buscaba.
En el breve tiempo de nueve meses, sólo como cosa de “milagro” logrará la naciente institución los sonados éxitos que buscan los hacedores de situaciones que impresionen al electorado para atraerlo y hacerlo votar por los candidatos que se desean, en este caso del partido en el poder, o sea, el devaluado PAN.
Ejemplo, la Procuraduría Social del DF
Ojalá que la Procuraduría Social Federal creada por Felipe Calderón no derive en otra carabina de Ambrosio, como lo es la Procuraduría Social del D. F., que carente de personalidad jurídica para defender a los capitalinos con toda la fuerza del Estado de Derecho, especialmente en el ramo de las unidades habitacionales en condominio, defrauda a quienes confían en ella para la defensa de su patrimonio. Al crecer de facultades plenas, la Procuraduría Social del D. F. sólo actúa, en conflictos graves patrimoniales a nivel familiar en el terreno “de la “conciliación”, de lo administrativo, sin poder promover demandas penales, al no estar facultada para ello..
A esto se deben los centenares de miles de casos en los que los edificios registran daños al ser construidos en terrenos asentados sobre fallas geológicas, sin que jamás prosperen los reclamos de las víctimas de los delincuentes “de cuello blanco” que se mueven en el negocio de los bienes raíces.
Si la Procuraduría Social Federal no es dotada de las facultades suficientes para defender con la plenitud del derecho a deudos de las víctimas de tiroteos, puede ocurrir -insistimos- lo mismo que con la Procuraduría Social del DF. La PSF no debe ser un engaño más, como ahora lo es la Procuraduría Social del GDF, en aspectos fundamentales de la defensa de derechos patrimoniales agraviados.
Genaro García Luna no puede con el paquete.
Directivos, juez y parte
No obstante que la Procuraduría Social Federal debió haber existido antes de iniciada “la guerra” de Calderón contre el narco -en diciembre de 2006 para hacer justicia a víctimas de daños colaterales causados por el enfrentamiento de autoridades y maleantes -, el nacimiento de PSF, cuatro años y medio después, se produce precipitadamente, sin presupuesto propio y con personal prestado de otras dependencias. Entre ellas, la secretaría de Seguridad Pública Federal comandada por Genaro García Luna, lo cual cae en el terreno de ser juez y parte, puesto que hay acusaciones en contra de esta dependencia de parte de familiares de personas que perdieron la vida a resultas de balaceras protagonizadas por personal de la propia SSPF.
Las fuerzas de Seguridad Pública Federal.
Cabe preguntar ¿con personal de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Procuraduría Social Federal va a juzgar a personal de la Secretaría de Seguridad Pública Federal?
De acuerdo a las primeras informaciones sobre la Procuraduría Social Federal, ésta nace rodeada de muchas circunstancias insólitas, como el hecho de que “en tanto concluya la puesta en marcha de ese organismo, se formalizará la transferencia de recursos, del personal, etcétera, a la vez que en la directiva estará un comisionado sin que éste modifique su situación laboral”.
En el decreto de creación del organismo se asienta que durante los próximos 45 días, las entidades públicas que cuenten con áreas de funciones similares harán un estudio y lo enviarán a las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, para determinar si son susceptibles de ser transferidas a la naciente Procuraduría.
Muchas improvisaciones, algunas incongruentes y el pesado fardo de asuntos pendientes de aplicación de la justicia. De acuerdo a los organismos defensores de Derechos Humanos, “eso de organizarse al cuarto para las doce difícilmente puede dar buenos resultados en el breve plazo y en los nueve meses faltantes de aquí a junio del 2012, en vísperas de las elecciones presidenciales… el tiempo apremia”.
Las cosas no pintan bien por la premura con que se obra para hacer funcionar a la naciente PSF. Como quiera que se considere la presencia de la PSF, que como dijera el Quijote, saldrá por “esos campos de Montiel a hacer justicia”, urge que la impunidad tenga fin para que cesen la inseguridad, la injusticia y la corrupción, en una lucha integral contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, que incluya el ámbito de las necesidades sociales en empleo, educación, trabajo, fortalecimiento del hogar, etcétera.
Lo peor que puede ocurrir al país con el experimento que se inicia es que la naciente Procuraduría Social Federal se convierta en otra carabina de Ambrosio como lo es la Procuraduría Social del D. F.
Mejor es que deseemos toda clase de suerte a la PSF, para la muerte de los miles de seres inocentes que han sido víctimas en “la guerra” calderoniana, no queden en la impunidad. En la tarea de hacer justicia a las víctimas inocentes de la guerra vs. el narco, el presidente Calderón debe poner su mejor esfuerzo.
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