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¿Y dónde quedó la frontera?
Salt Lake City, Utah. A muchos sorprende que indocumentados de mermada preparación, según el lugar común, “ilegales” que en su propio país engrosaban las tropas de los sin trabajo ni educación, sean capaces de ubicar en dimensión correcta desviaciones sociales y políticas del “paraíso” estadounidense al que acudieron en busca de lo que su nación no les da.
Saben de las leyes anti inmigrantes que se multiplican, la de Nikki Haley, en Carolina del Sur (SB20) y desde luego de la SB1070, de Arizona, a la que han seguido Georgia, Alabama y Utah, donde se pensaba que la relativa lejanía daría cierta ventaja.
El “efecto cascada” y “el desatino de Arizona”, como lo calificó el Washington Post, ya llegaron a Missouri, Pennsylvania, Minnesota y sigue. “No hay para dónde. Tengo un primo en Rhode Island y la cosa anda igual”, comenta Jesús Escobar.
Los indocumentados están en toda la Unión Americana, desde Arizona a Montana, de California a Nueva York, son parte prácticamente inseparable de la cotidianeidad en las grandes ciudades… y de la dinámica económica.
Jan Brewer.
Los “jodidos”, donde siempre
El nombre de Jan Brewer, la gobernadora de Arizona que impulsó la SB1070, la que inició la escalada, se conoce y su mención provoca gestos de rechazo.
“Todas esas leyes tienen nombre de epidemia”, observa Miguel Osuna: SB1070, SB20, HB87 y así”.
Pero el reclutamiento de “ilegales” para que hagan los trabajos que los “anglos” (y también mexicanos ya nacionalizados que se suman a la discriminación) no harían (“no les gusta ensuciarse las manos”) continúa en los sitios tradicionales.
“Nos pueden agarrar fácilmente, porque tenemos que estar a la vista. Nadie necesita investigar quién va a limpiar el jardín o destapar excusados y coladeras; ofrecemos el trabajo, estamos en la calle, jodidos”, dice Norberto Zepeda.
Joe Arpaio.
Pero ya no alcanza
En la periferia cercana, los mercados con nombre “mexicano” se multiplican. Una semana sin la clientela “indocumentada” y esos negocios quebrarían sin remedio.
El salario mínimo en México es, en promedio, alrededor de 10 veces inferior al de Estados Unidos, pero la discrepancia se relativiza por los costos de servicios y vivienda en la metrópoli.
Los fines de semana las reuniones de los connacionales, la carne asada o la hamburguesa, la cerveza, y el remanente casi se va, o se va.
Viven unos en vecindarios que los anglosajones de clase media ni voltean a ver; otros, hacinados en departamentos que le dan el quién vive a las pichoneras del mexicano Infonavit.
Consecuencias a la vista
La escalada contra los indocumentados ya está ocasionando perjuicios en sectores de la economía estadounidense.
En Los Ángeles, la compañía textil American Apparel es fuente de trabajo para más de 10 mil personas y sólo en esa ciudad tiene 5 mil trabajadores, de los cuales una buena parte son indocumentados.
En el 2009, American Apparel fue auditada por el gobierno y encontraron lo evidente, así que la compañía despidió a miles de obreros por su situación migratoria irregular.
En los campos agrícolas de California se estima que, de cada cien trabajadores, entre 50 y 70 son indocumentados. Todo mundo lo sabe y si no estuvieran la actividad tendría serios problemas.
Lo mismo sucede en Georgia, donde la agricultura genera utilidades por 68 mil millones de dólares al año, y otros estados.
Bisnes ar bisnes
En febrero del año pasado, Human Rights Watch y líderes de trabajadores inmigrantes en Estados Unidos pidieron al gobierno mexicano que exija una investigación, al gobierno de Obama, ante las denuncias de nexos entre una empresa que controla 65 cárceles y centros de detención en ese país con políticos que impulsan leyes anti inmigrantes, como la SB1070 de Arizona.
Según las denuncias, la empresa y sus cabilderos políticos promueven leyes que convierten la inmigración indocumentada en delito grave para que se pueda encarcelar al mayor número de ilegales.
Las cárceles en Estados Unidos son un excelente negocio para las empresas que las reciben en concesión y cada preso representa ganancias de miles de dólares al año.
Según el Center for American Progress, un organismo no gubernamental de Washington, detrás de la promoción de leyes anti inmigrantes está la Corrections Corporation of America.
Esta empresa administra 65 cárceles y ganó en 2010, con las detenciones de migrantes, 74 millones de dólares.
Negocios son negocios, dirán, y las verdaderas intenciones de políticos republicanos, como la gobernadora de Arizona, Janice Brewer, están quedando al descubierto.
Para lo que son buenos
Los llamados “hispanos” en Estados Unidos (mexicanos, en su gran mayoría) son la principal minoría entre la población civil y el número de ellos que se integran al ejército del vecino país va en aumento.
En 2001 eran el 9.7 por ciento de los efectivos militares de Estados Unidos y, según cálculos recientes, ahora representan casi el 20 por ciento.
Para el 2025 una cuarta parte de la población juvenil será “hispana” y, en consecuencia, su participación en el ejército estadounidense aumentará.
Desde luego, también las bajas “hispanas” de jóvenes que, para asegurar su estatus migratorio, arriesgan la vida en las guerras de la metrópoli. Para eso sí son aceptados sin mucho problema.
La inseguridad: electorera
Los habitantes estadounidenses de los estados fronterizos con México, según una encuesta dada a conocer recientemente, consideran un “mito” usado por los políticos el incremento dramático de la inseguridad
Particularmente los republicanos, como la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, han difundido la idea de que en la frontera con México se vive una ola de “asesinatos, terror y caos”, lo que puede ser cierto en la parte mexicana pero que no se ha producido en el lado estadounidense.
Según la Border Network for Human Rights (BNHR) “la frontera es una de las áreas más seguras en la nación, donde no se ha incrementado el crimen en años”.
La BNHR realizó, en julio pasado, una encuesta entre más de mil 200 residentes fronterizos, desde California a Arizona.
El 67.1 por ciento de los encuestados aseguró sentirse “seguro”; el 69.7 por ciento dijo que sus regiones son “tan seguras como la mayoría de los vecindarios en Estados Unidos”.
En los estados de la Unión Americana donde se han aprobado leyes contra los inmigrantes, los habitantes anglosajones reconocen que la inmigración nunca ha sido un peligro sino, más bien, una ayuda y apoyo.
El napolitano Arpaio
Joe Arpaio, el cherife “más rudo del oeste”, es ídolo de neofascistas y ultraconservadores; sus desmanes en Maricopa, Arizona, son aplaudidos por “la reacción” y condenados por los liberales de Estados Unidos.
Hace unas semanas, el gobierno acusó a la oficina del alguacil Arpaio de aplicar el perfil racial en detenciones de tránsito e inmigración y de discriminar a hispanohablantes en las cárceles de su jurisdicción.
En diciembre pasado, el periódico The New York Times señaló en un editorial que el gobierno de Obama “se tardó demasiado” en dejar de cooperar con Arpaio, cuyos excesos y violaciones a los derechos humanos han estado más que documentados.
El cherife, cuyos logros no se ven en parte alguna en lo que toca a lo fundamental de su función policiaca (su fama se debe a sus prácticas discriminatorias) ha promovido una “cultura de discriminación” contra latinos, especialmente mexicanos.
El influyente medio destaca que la demora gubernamental es un precedente negativo y que permitirá que en otras comunidades, con menos atención mediática, se sigan violando derechos de los migrantes y la Constitución de Estados Unidos.
Como sea, Arpaio, hijo de inmigrantes napolitanos y huésped de una casa hogar durante su niñez, sigue con sus prácticas apostando probablemente al apoyo de la ultraderecha de su país (continuará)
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