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La invasión ya está aquí
Ante la imposibilidad de ocultar la efímera presencia en México del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos, David H. Petraeus, el gobierno de Felipe Calderón se limitó a enmarcar en el sigilo los contenidos del encuentro personal del mandatario con el funcionario visitante, quien hizo además contacto con los más conspicuos integrantes del gabinete de Seguridad Nacional, entre ellos, por supuesto, los secretarios de la Defensa Nacional, Marina y Gobernación, general Guillermo Galván Galván, almirante Francisco Saynez Mendoza y Alejandro Poiré Romero, respectivamente.
Desde luego, no puede pasarse por alto el dato de que el tenebroso visitante se apersona en México cuando el proceso de sucesión presidencial de 2012 ha entrado ya en su ruta crítica y las expectativas de permanencia del Partido Acción Nacional en el poder, desde la perspectiva del momento, son harto precarias, y crece el clamor nacional de que la estrategia de la guerra contra el narco debe ser sometida a una severa revisión y reorientación para frenar el baño de sangre que tantas víctimas ha cobrado.
Para quienes preocupa la suerte del país a consecuencia del incesante ejercicio de guerra entre Estado y crimen organizado, y el activismo de movimientos civiles emergentes que encabezan la protesta social por el desastre económico, resulta insuficiente la explicación gubernamental de que el director de la CIA solo ocupó su agenda en acuerdos binacionales para la coordinación y colaboración en materia de seguridad.
No es gratuita esa preocupación frente al hecho de que en los últimos meses el gobierno mexicano ha ampliado su licencia para que Washington despliegue personal de sus diversas agencias, incluso militares, en tareas de espionaje y de activa participación en operaciones anticrimen, como aceptación de que las Fuerzas Armadas mexicanas y corporaciones policiales no han podido derrotar la delincuencia organizada por sus propios medios.
En los Estados Unidos ya es del dominio público que -con independencia de los resultados de la elección presidencial en noviembre próximo- la Casa Blanca debe dar saltos adelante en el análisis y la acción respecto de la inestable situación de México a causa de la violencia. Cada vez con más frecuencia se conoce literatura de enclaves como el Centro de Estudios Avanzados sobre Terrorismo, del Colegio de Guerra del Ejército y la Universidad Militar Americana, etcétera, así como del Congreso, que postulan la radicalización de la política intervencionista, so capa de que el propio gobierno mexicano la está solicitando.
Al tenor de esos estudios, se considera que, relativamente menguados Al Qaeda y el Islam radical en el Medio Oriente, la atención militar de los Estados Unidos debe trasladarse de Irak y Afganistán hacia México, donde la delincuencia “de alta intensidad” -insurgencia activa, se le codifica- ha generado un escenario de guerra convencional que, dada su característica de “guerra multidimensional”, impone el imperativo estratégico de una respuesta contrainsurgente.
Uno de los textos más ominosos se le atribuye a un asesor del Comando Norte -Johnny M. Lairsey junior-, quien advierte que los Estados Unidos debe hacer valer sus poderes nacionales -entre los que se insertan las Fuerzas Armadas- para derrotar a las organizaciones de la delincuencia trasnacional y ayudar a mejorar las condiciones en México. Más ominoso resulta aún que el gobierno mexicano responda con el silencio o el disimulo hacia esa tácita declaración de guerra.
Lo peor del caso es que ninguno de los precandidatos presidenciales se da por enterado de la inminente amenaza. Otros, orácticamente la legitiman.
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