En efecto:
Es la impunidad
JOSÉ ANTONIO CRESPO*
DE HABER PREVALECIDO el criterio del ministro Ortíz Mayagoitia en torno al caso de Florence Cassez, las policías, Ministerio Público y los jueces podrían tranquilamente seguir haciendo las cosas tan mal como históricamente lo han hecho.
PERO EL CASO CASSEZ se ha convertido ya en emblemático, y podría contribuir a un avance significativo en materia de justicia. Dependiendo de su desenlace, se podrá sentar un nuevo precedente que incentivará en lo futuro a policías, ministerios públicos y jueces a respetar el debido proceso y la presunción de inocencia. El costo de no hacerlo así sería que se les vengan abajo nuevos casos. Por lo pronto, hubo condena casi unánime en la Corte sobre lo viciado del proceso a la señora Cassez, y un probable amparo para efectos que eliminará las pruebas derivadas de las violaciones de origen, en particular el montaje televisivo, con su manipulación de la escena, su fabricación de pruebas y sus indebidas inducciones a los testigos. Por lo cual es probable que se anulen también los testimonios que se cambiaron a lo largo de la investigación (de dos de los tres testigos). Contará todavía, si acaso, el de Ezequiel Elizalde, que desde el inicio identificó a Cassez como su secuestradora. Pero un peritaje médico demostró que la inyección de que se quejó este testigo resultó ser una mancha congénita. La inyección supuestamente se aplicó para amputar el dedo de la víctima, cosa que no ocurrió (porque quizá lo narrado al respecto no había sucedido). Ese dictamen médico fue desechado por los jueces, pero podría ser incorporado para dictar una nueva sentencia. Y si en eso tan importante mintió Ezequiel, todo su testimonio contra Cassez podría venirse abajo (según aclaran especialistas).
Ministro Ortiz Mayagoitia.
Pero para que este caso sea un hito en la evolución de nuestro sistema judicial, no basta con que se haga justicia a Cassez (según lo que se logre probar), sino también que se penalice a los responsables del montaje, como sugirió el ministro Pardo. Eso sentaría un nuevo e importante precedente para evitar futuras manipulaciones y fabricación de culpables. Felipe Calderón ejerció una imprudente e innecesaria presión sobre la Corte, lo que sugiere una comprensible desesperación por el triste legado que nos dejará. Declaró que “La impunidad es el estímulo más poderoso, el incentivo más destructivo e interminable que hace que el delincuente, que observa que se puede delinquir sin que al final pase nada, vuelva a cometer acciones delictivas y las multiplique”. Tiene razón. Pero lo mismo puede decirse de las autoridades; es la impunidad lo que provoca que continúen sus abusos y negligencia. Esa es de hecho, la principal asignatura pendiente de la democracia mexicana. Ante lo ocurrido en la Corte, opinó Miguel Ontiveros, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR: “Quiero señalar claramente que la Constitución, los instrumentos internacionales, el Código Penal, el Código Procesal Penal y todas nuestras leyes tienen que interpretarse de forma que no generen impunidad”. (22/Mar/12). De acuerdo otra vez. Pero, ¿a qué impunidad se refieren tanto Calderón como Ontiveros? ¿Sólo a la de los delincuentes? Probablemente. Calderón pedía justicia para las víctimas de los delitos, pero también se requiere justicia para las víctimas de las autoridades, que son miles de mexicanos, y no sólo Cassez. Sólo así se podrá corregir significativamente el rumbo de nuestra bananero sistema de justicia. Sólo así los dirigentes de las policías, la seguridad y la impartición de justicia se la pensarán dos veces antes de inducir testimonios, fabricar pruebas y culpables. Sólo así terminará la regla de premiar la ineficacia y los abusos, aún vigente (como se demuestra con Genaro García Luna).
No deja de ser paradójico que aunque el montaje ocurrió bajo el gobierno de Vicente Fox, quien pagará los costos políticos será Calderón. Así pues, de ocurrir lo sugerido por el ministro Pardo se avanzará significativamente en nuestro sistema de justicia. Dicha investigación y exigencia de cuentas (y por cierto, las relativas al espionaje de Los Pinos a Josefina Vázquez Mota) no la hará, por supuesto, el actual Ejecutivo. En este y otros casos el Ejecutivo es juez y parte, y ningún juez va contra sí mismo. Otras instancias - como el Congreso - pueden y deben empujar en ese sentido. Pero mientras sea el Ejecutivo el encargado de investigarse y penalizarse a sí mismo, no avanzaremos gran cosa en materia de impunidad.
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Facebook: José Antonio Crespo Mendoza.
Investigador del CIDE.
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