APUNTE
JORGE GUILLERMO CANO
(Exclusivo para Voces del Periodista)
Anarquía policiaca
y corrupción
LOS DIPUTADOS DEL PRI Y DEL PAN (una diferencia de grafías y fonemas, tan solo) aprobaron, el pasado miércoles 14 de marzo, en la Comisión de Puntos Constitucionales, en “lo general”, el dictamen de la iniciativa que envió Felipe Calderón para expedir un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales.
El inefable García Luna
EL CONTENIDO DE TAL INICIATIVA va contra al espíritu y preceptos de la Constitución General de la República, legalizando violaciones evidentes
Detenciones “en caso de urgencia”, cateos sin orden judicial, por “denuncia anónima”, revisión indiscriminada de las personas, vehículos y pertenencias, a criterio de los gendarmes, en general, serían en lo sucesivo “legales”
En realidad es lo que se hace desde hace tiempo, pero ahora la “autoridad” estaría a salvo de reconvenciones por sus actos violatorios.
El nuevo código establece claramente que “la prisión oficiosa no será impugnable por los detenidos o sus defensores y sólo podrá ser revocada si el juez considera que el auto de vinculación a proceso o la acusación se haya formulado por una clasificación jurídica distinta”.
¿Asunto menor?
Y habrá quienes lo quieran ver como asunto menor, cuestiones terrenales que se disculpan como mal necesario en el rejuego de los despropósitos del poder relativo, tamizado por un torpe balance del perjuicio-beneficio en un clima de anarquía y descomposición social, y oficial, cuyo común denominador es la corrupción galopante.
Pero no es asunto menor. Al contrario, tiene repercusiones de suyo graves cuya dimensión económica, cultural y civil, es desatendida, marginada, cuando no ignorada.
Con la aprobación del nuevo Código Federal de Procedimientos Penales simplemente se legalizarían las violaciones que de común vienen cometiendo, con total impunidad, el ejército mexicano y las corporaciones policiacas.
Entre dos fuegos
El país es “plaza” tomada por la delincuencia que hace y deshace a su arbitrio, ya se sabe, pero se relativiza el hecho de que los “agentes del orden” igual proceden en la plena impunidad, violando las garantías constitucionales de los mexicanos sin algo resolver.
Para hablar de lo que nos consta más recientemente, pero con la seguridad de que el resto de la nación está en circunstancias similares, como lo hemos visto en otras ocasiones, en el trayecto carretero de Culiacán a Tijuana el ciudadano común, el comerciante, el transportista, es detenido para su “revisión” en nueve retenes, cinco del ejército y cuatro de la PGR, además de “volantas” estatales y municipales que se instalan donde se les antoja.
Es usual ver a personas sin el uniforme reglamentario y en unidades también sin la presentación oficial, pero con insignias y logotipos de la PGR, esculcar sin recato, desmantelar vehículos y amenazar a ciudadanos, violando la garantía de libre tránsito consignada en la Constitución.
En obvio, se toman atribuciones que no tienen por ley, revisan lo que no deben, intimidan y agreden con total impunidad.
Todos, presuntos culpables
Todos los ciudadanos son sospechosos, de norte a sur y de sur a norte. No hay procedimiento legal que se atienda, se invade la propiedad sin orden judicial y la figura del “retén” está por encima de leyes y derechos.
Es un viacrucis y una agresión flagrante al derecho y la civilidad. Ante la evidencia insultante, nadie hace nada.
En las ciudades, lo mismo, retenes sin ton ni son, se detiene a quien sea sin motivo, sólo por la ocurrencia de algún gendarme.
Un estado de sitio, sin exageración, como en tiempos de guerra abierta o pueblos en manos de criminales dentro y fuera de la ley. Y lo que es peor, sin resultado a la vista, como no sea la agresión a ciudadanos.
Es común ver las caravanas de patrullas en el vulgar escándalo, la exhibición rupestre de encapuchados que igual atemorizan a la población
Y el signo de la corrupción en los “retenes” y “volantas” se percibe con claridad, igual que hace 30, 20, 12, 6 años y ayer.
La indignación es del todo justificada. Los retenes, además, resultan inútiles, sólo afectan a la población común, la delincuencia sigue, el crimen no para, las muertes se dan prácticamente en las narices de los gendarmes.
Se ilustra, sin sombra de duda, por un parte el ridículo oficial y, por otra, el agravio irresponsable, sistemático e impune contra la ciudadanía.
Corrupción evidente, tras los excesos
Quien venga de Estados Unidos a México por Tijuana, Mexicali, Tecate o San Luis Río Colorado, puede ser objeto de tres revisiones aduanales inevitables, a “criterio” de los oficiales; dos, al menos, llegando por Nogales y lo mismo en el resto de la franja fronteriza norte del país.
El semáforo fiscal resulta un vil engaño, pues aun cuando se encienda en verde, el ciudadano es detenido si al oficial de turno se le ocurre. Argumentan que el semáforo no es definitivo y que “si hay duda” o “sospecha”, de todos modos se puede detener para revisión.
Para evitarlo, ya se sabe lo que procede, la “mordida”, igual que en los retenes.
La sobre administración, el exceso burocrático, la tramitología irresponsable que desde el gobierno propicia la corrupción, se hace presente en todas partes y en todo.
Contra los pobres, agresión sin fin
A otros temas, ni tan lejos en el fondo: Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú fueron agredidas sexualmente, hace 10 años, por soldados del 48 Batallón de Infantería, en Ayutla, Guerrero.
Inés y Valentina tuvieron que buscar justicia fuera de México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en octubre de 2010, declaró culpable al Estado mexicano.
Para cumplir con el resolutivo y dar una disculpa pública fueron a Ayutla el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, la procuradora general, Marisela Morales, y el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.
Cuando habló Inés, luego de que militares que resguardaban el acto trataron de impedir su acceso, siendo ella la figura central, como bien consigna en su nota Blance Petrich (“La Jornada”: 07/03/12) les dijo: “Cometieron ese crimen contra mí porque somos pobres. Y no sólo contra mí sino contra otras personas… el gobernador, aunque está aquí presente, no va a cumplir. Yo por eso tuve que ir a buscar justicia a otro lado”.
Abundó Inés en los abusos subsecuentes de una agresión que no tiene fin: “los retenes, los interrogatorios, el asesinato de su hermano Lorenzo como represalia a su denuncia penal, los cateos ilegales, el robo de sus cosechas”.
Los representantes oficiales hicieron mutis, como los malos actores, escudados en su poder relativo y delegado, pero poder al fin.
Y uno piensa: si hubiera diputados, si hubiera actoría social efectiva, no el cuento de la kakistocracia partidista, si despertara la población…
El costo del espectáculo
Ya se sabe lo que pasó con el proyecto de dictamen que presentó el ministro Arturo Zaldívar, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para amparar a Florence Cassez Crepin, que de aprobarse habría derivado en la puesta en libertad de la francesa, quien permanece en la cárcel condenada a 60 años de prisión.
No es un asunto de género sino de justicia en general y no es gratuito que el gobierno federal panista, con el apoyo de importantes medios, haya desplegado una agresiva campaña para descalificar el dictamen de Zaldívar.
En la base del dictamen está la evidencia de que se manipuló la detención de Cassez, montando un espectáculo “en vivo” que se tradujo en violación grave a los derechos de los detenidos “en flagrancia”.
Como responsable se señala a Luis Cárdenas Palomino, que actuaba bajo las órdenes del actual secretario de seguridad, Genaro García Luna.
La responsabilidad de Cassez en los secuestros fraguados por la banda a la que, se asegura, estaba ligada, sigue en discusión, pero es obvio que el montaje de su detención, el haberla incomunicado y no respetar su derecho a llamar de inmediato a su embajada, son violaciones que en cualquier país obligan a desestimar el caso, nos guste o no.
Hay también una derivación un tanto perversa: ¿cuántos más han sido víctimas de manipulaciones semejantes?
Tamborazos
-Sin solución de continuidad, siguen los despropósitos en el gobierno de Sinaloa, el que encabeza Mario López, abanderado de la “alternancia” y del “cambio” en una de esas alianzas de oportunidad rupestre entre panistas, perredianos y demás ¿Merecido lo tenemos? (
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