La carreta delante de los bueyes
En términos coloquiales, ese uso aplica a quien, sin sentido realista, anuncia o precipita sus iniciativas. Hace unos días, México se comprometió ante la Asamblea General de la ONU a enviar cascos azules a territorios extranjeros donde, liderados por la Casa Blanca, sus aliados abren o enervan guerras genocidas y ecocidas sin solución de continuidad. La cuestión es sí, en vez de enviar, Méxicodebió emplear el verbo solicitar cascos azules.
Por si fuera necesario, precisamos que no es, ese, lamentablemente, un cuestionamiento tremendista. Como en los peores días de la guerra narca implantada en 2006 por Felipe Calderón, México vive un estado de crispación y espanto a causa de la barbarie galopante presente en importantes regiones críticas de la República, empezando por Guerrero, un estado de violencia endémica.
No escogemos ese enclave del Pacífico sur mexicano por mero accidente. Por si valiera el expediente, recordemos que el 28 de septiembre de 1994 fue ejecutado en la Ciudad de México el ex gobernador de Guerrero, Francisco Ruiz Massieu, casualmente el mismo día en que fue confirmado como coordinador de la mayoritaria bancada del PRI en la Cámara de Diputados, señal que algunos analistas políticos interpretaron como plataforma hacia la elección presidencial de 2000.
Por ese crimen fue absuelto el cuñado del político guerrerense, Raúl Salinas de Gortari. Veinte años después, se ha perdido en la noche de los tiempos el imputado como autor intelectual del asesinato, el diputado federal priista por Tamaulipas, Manuel Muñoz Rocha.
Nueve meses después (junio de 1995), en el mismo estado, se registró la conocida como La matanzas de Aguas Blancas -Coyuca de Benítez, Costa Grande-, atribuida a la Policía estatal, que desembocó en la defenestración del gobernador Rubén Figueroa Alcocer. En estas semanas, el ex mandatario acomete instancias para que el PRI lo nomine candidato a la alcaldía de Acapulco.
El 28 de septiembre de 2014, veinte años después de los funerales de Ruiz Massieu, se estremeció la conciencia nacional con la noticia de que un día antes en Iguala, Guerrero, activos armados arremetieron a ráfagas de ametralladora contra normalistas de la escuela de Ayotzinapa, llevándose entre las espuelas a jóvenes deportistas -uno de ellos masacrado- que regresaban en autobús de dicho municipio hacia Chilpancingo, capital de la entidad, tratando de escapar del teatro de los acontecimientos que recuerda los aciagos días de la guerra sucia de los años setenta.
Seis muertos, docena y media de heridos y 57 normalistas desaparecidos era el saldo reportado oficialmente por las autoridades 48 horas después, dando pie a movilizaciones populares en varios municipios guerrerenses, mientras que el día 29 de septiembre se daba cuenta de otras cinco ejecuciones en la colonia Jardín Mangos, de Acapulco, horas en que se avisaba de la suspensión de una gira programada para ese día por el presidente Enrique Peña Nieto.
El día anterior había sido acribillado en un restaurante porteño el secretario general del comité estatal del PAN, Braulio Zaragoza Maganda. Una semana antes, corrió la misma suerte el médico y diputado federal priista Gabriel Gómez Michel, secuestrado en Tlaquepaque. Su cadáver, con el de su asistente, fue localizado en una camioneta incendiada en Zacatecas.
El 28 de septiembre, desde el lejano municipio de Tonáchi, Chihuahua, Sierra Tarahumara, llegó a la Ciudad de México el reporte de enfrentamientos armados que arrojaron 11 muertes. En el estado de Guanajuato, ese fin de semana se registraron al menos siete homicidios violentos que se suman a la racha de ejecuciones a lo largo de 2014, que las autoridades policiales llaman atípica. Tamaulipas y Sinaloa no se quedaron atrás en esa trágica asignatura. En Michoacán tampoco cede ni cesa la criminalidad.
En 2008, en el diario La Jornada, el extinto columnista autor de Plaza Pública, Miguel Ángel Granados Chapa publicó la denuncia de que en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, incursionaron elementos del Ejército presuntamente al servicio de La Familia Michoacana, que ultimaron a más de 20 personas.
Se cita ese antecedente porque, seis años después, nuevamente el municipio Tlatlaya, Edomex y elementos del Ejército aparecen como protagonistas de una nueva matanza, esta vez de 22 personas, presuntamente víctimas de una ejecución sumaria extrajudicial.
Ese reprobable suceso cobra resonancias internacionales, porque organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch lograron eco en la ONU, cuyo relator especial, Christof Heyns recomendó al gobierno mexicano una investigación responsable para aclarar los hechos.
El conjunto de hechos desvanece toda hipótesis de sucesos atípicos o “aislados” y colocan al Gabinete de Seguridad Nacional ante la urgencia de revisar su estrategia para el combate al crimen organizado.
More articles by this author
|
RSS Comentarios