La voz pastoral se escuchó preocupada y sobrecogedora: La Humanidad es azotada por una auténtica Guerra Mundial por partes.
El lunes 12 de enero, el papa Francisco suscribió ese macabro diagnóstico al condenar las masacres cometidas en el nombre de Dios.
Bajo el impacto emocional desencadenado por los atentados en París al arrancar 2015, perdemos la noción de que ese tipo de crímenes se da en el marco de los planes que Washington decretó para el combate al terrorismo después del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, en un aciago septiembre de inicio del Tercer Milenio.
 No pocos calificados analistas de extracción académica de los propios Estados Unidos han denunciado que el antiterrorismo ha servido de excusa a la Casa Blanca para legitimar el terrorismo de Estado. No existe, afirman esos investigadores, “terrorismo malo o terrorismo bueno”. Es terrorismo a secas.
Y si la coartada del antiterrorismo es una piedra dirigida a muchos tejados, obviamente al golpear los tejados más frágiles potencian sus efectos en sociedades que no tienen vela en el entierro en la pugna entre los insolentes señores de la guerra.
Es el caso de México. Desde septiembre de 2001, el gobierno de George W. Bush hijo puso en predicamento al gobierno mexicano al exigirle legislar contra el terrorismo. Fue más evidente esa presión en el Consejo de Seguridad de la ONU, en el que a México se le demandó el voto para la ocupación armada de Afganistán.
La estrategia coactiva fue más visible cuando el gobierno de Felipe Calderón fue sometido a la Iniciativa Mérida que arropó la guerra contra el narco y dio pie a legislaciones que equipararon la lucha social con el terrorismo y se decretaron pesadas penalizaciones a los imputables de ese delito.
El abordaje del tema no es accidental. Precisamente en la semana de los atentados parisinos, desde El Capitolio de Washington se enviaron ominosas señales a México.
Desde la Cámara de Representantes, en mociones que pasan de los republicanos moderados a los radicales del Tea Party, se planteó el reto al Presidente Obama: O recula en sus acciones ejecutivas unilaterales -por lo demás precarias- en favor los inmigrantes irregulares, y acepta incremento de presupuesto para el Departamento de Seguridad Interior, o su administración puede ser nuevamente paralizada presupuestalmente antes de marzo.
Por supuesto, el argumento central para pedir más recursos financieros para el Departamento de Seguridad Interior pone por delante la amenaza del terrorismo, en cuyo caso se demanda reforzar los controles en la línea fronteriza con México, ya de por sí militarizados.
Desde 2012, Obama promovió un programa para dar permisos temporales de trabajo a menores llegados a los Estados Unidos antes de cumplir 16 años. Esas licencias protegen a unos 600 mil menores.
En una segunda tanda, asumiendo sus facultades ejecutivas, en el segundo semestre de 2014 Obama se comprometió a facilitar la permanencia en territorio estadunidense, rígidamente condicionada, a cinco y medio millones de personas indocumentadas; para la ultraderecha, ilegales.
El Presidente no puede abogar por una actividad -la de los inmigrantes- que es inconstitucional, advirtió el representante republicano Pete Session.
Señales para México, repetimos, porque el pronunciamiento de la bancada republicana dominante se hace a sabiendas que la mayoría de los potenciales beneficiarios de las iniciativas de Obama son compatriotas nuestros, y la amenaza parlamentaria a la Casa Blanca se dio tres días después de que ahí estuvo como visitante el presidente Enrique Peña Nieto, quien regresó al país con la esperanza de que por fin se libere la reforma migratoria.
Invirtiendo al clásico Clausewitz: La política es la continuación de la guerra por otros medios… Y la sensación de impotencia es inevitable.
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