VOCES DEL DIRECTOR
Rumbo al Estado neoliberal fascista
Mouris Salloum George
LOS VIEJOS DOCTRINARIOS sostenían que, el Estado, es el Derecho. Querían significar esos postulantes, con ese apretado sumario, que el Pacto Social instituyó el Estado para atemperar la lucha de clases, legislando en favor del eslabón más débil de la sociedad; que el poder de los fuertes, se ejerce de facto.
AL IMPLANTARSE el Estado neoliberal en México, la tendencia ha sido el desplazamiento de los poderes constitucionales por los poderes fácticos. Más sociedad, menos Estado, fue la divisa de Carlos Salinas de Gortari al inaugurar sus reformas estructurales.
Algunos constitucionalistas mexicanos afirman que —en el actual periodo neoliberal—, las reformas legislativas se han inclinado por dotar al Estado de más poder, a expensas de los derechos y las garantías del ciudadano.
El Estado mexicano, sometido al Derecho Corporativo Global
Tendríamos, en esa conclusión, el supuesto de que el Estado mexicano mantiene su supremacía sobre la sociedad que gobierna, pero en las circunstancias del momento, la realidad impone otra situación: El Estado mexicano está siendo avasallado por el Derecho Corporativo Global.
Un signo indicador de esa hipótesis, lo ilustra la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos.
El macizo de la Constitución mexicana de 1917, se expresaba en dos vertientes: Los Derechos Sociales del pueblo mexicano y las garantías individuales.
La reforma constitucional en materia de Derechos Humanos pretendió subrayar -en el ámbito de las garantías individuales-, el concepto persona.
No quedó suficientemente clarificado el deslinde entre persona física, y persona moral.
De ello sigue que, en el concepto “persona moral”, entra la categoría de sociedad empresarial.
El camino correcto del populismo de derechas
Los estudiosos mexicanos de Derecho comparado, han encontrado que, desde que en la década de los ochenta se hicieron públicos Los documentos de Santa Fe(USA), procesados por la Agencia Central de Inteligencia, apareció una forma de monroísmo recalentado que algunos intelectuales liberales estadunidenses tipificaron como populismo de derechas.
El fin de esos documentos era la respuesta de Washington al avance de alternativas de izquierda en América Latina, inconvenientes al predominio de los Estados Unidos en la región en el marco de la Guerra Fría. “Populismo de derechas” fue la tipificación sociológica, habida cuenta que, durante el gobierno de Ronald Reagan, se diseñó la estrategia para que los empresarios latinoamericanos se hicieran del poder político.
En México, la primera tentativa corrió a cargo del PAN, con la nominación del magnate Manuel de Jesús Clouthier como candidato presidencial en 1988.
La secuencia de los Documentos de Santa Fe, se consolidó en los protocolos de Washington que, en el caso de México se sustanciaron en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cuya extensión se pretendió durante los mandatos de Bill Clinton y George W. Bush, con la propuesta de la Alianza Comercial de las Américas (ALCA).
Larga la cita, sin embargo, sirve para retomar el tema en comento: En el TLCAN se filtró de contrabando, aunque bastante transparente, la intencionalidad de proteger los intereses de los corporativos trans nacionales contra el proteccionismo económico de orden nacionalista.
Esa obscena intencionalidad apareció manifiesta nuevamente en las tentativas de implantar el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica, al que el gobierno de Enrique Peña Nieto insertó a México.
¿De qué forma se blinda a los corporativos trans nacionales contra el tradicional Derecho mexicano? Incorporando a esos corporativos extranjeros en el rango de persona moral, en cuyo caso se equipara con el ciudadano de a pie, titular de los Derechos Humanos.
Un obsequio irracional: Hasta el dominio territorial
Las reformas estructurales de Salinas de Gortari y las reformas “transformadoras” de Peña Nieto siguen el mismo patrón: Dar todas las garantías jurídicas al inversionista privado. Es cuando se trata de los inversionistas extranjeros, en que caemos en el concepto de Derecho Corporativo Global.
Un campo que ilustra esa tendencia, lo documentan las concesiones que durante los tres sexenios anteriores se dieron a las corporaciones mineras extranjeras y, en el actual, a los gigantes extranjeros de la industria petrolera o de la energía eléctrica, a los que, en los tres casos, se les otorga dominio territorial sobre los derechos históricos de sus propietarios, en muchos casos, pueblos originarios.
El huevo de la serpiente ya estaba incubado en la desnacionalización del sistema de banca y crédito y actividades financieras vinculadas: Cualquier controversia queda fuera del alcance de los tribunales mexicanos. Han de dirimirse los litigios en las instancias prestablecidas en los contratos de concesión.
Ahora mismo, en la aciaga renegociación del TLCAN, la Casa Blanca ocupada por Trump tiene como prioridad resolver toda controversia en tribunales domésticos estadunidenses. Incluso, las de orden comercial, cuyo tratamiento se remitía a paneles de la Organización Mundial de Comercio (OCM).
De la Constitución mexicana del 17, apenas vestigios
Paradoja de paradojas: La entrega de la soberanía nacional se profundizó cuando se montaban el año pasado los fastos de la Constitución mexicana de 1917, de cuyos fundamentos apenas quedan vestigios.
Más reformas a la Carta fundamental, más legislaciones secundarias; ahora la Ley de Seguridad Interior. Todas, con el mismo fin: Dotar al Estado de más poder a costa de los derechos y las garantías ciudadanos.
Si alguien sospecha que se prefigura ya el Estado neoliberal fascista, pocos argumentos existen para sacarlo de la duda: Cabalga, ese estado, a lomo del populismo de derechas. Ni en los tiempos de Porfirio Díaz.
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