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La “guerra” por
la inseguridad
EDUARDO LOPEZ BETANCOURT
En días pasados, el presidente de la República se desdijo al afirmar que nunca haber usado el término “guerra” para referirse a la cruzada emprendida por su administración contra lo que llama crimen organizado.
Aún cuando ahora se sustituya el uso público de la palabra “guerra”, por cualquier otra que connote un menor grado conflictual, es inocultable, la política en materia de seguridad pública del actual gobierno se sustenta en la fuerza de las armas.
La “lucha” por la seguridad pública, en una nación que se pretenda democrática, debe seguir derroteros muy distintos. La idea de seguridad ha extendido su alcance para definirse, ya no sólo como una función pública encaminada a evitar, perseguir y punir los comportamientos delictivos, sino como la responsabilidad estatal de avalar la vigencia de todos los Derechos Humanos.
En consecuencia, la obligación político-jurídica de brindar seguridad a los gobernados, se entiende en dos sentidos: Uno, tendiente a resguardar los derechos de la población frente al crimen, y otro, dirigido a producir condiciones de bienestar para todos los individuos que los posibiliten en el ejercicio de sus derechos.
La seguridad pública como función estatal, se ha fijado tradicionalmente como un conjunto de políticas y acciones que procuran garantizar la paz social, especialmente, con la prevención y represión de los delitos, así como de las faltas contra el orden público, a través de las instituciones del sistema penal y de policía; ello, con la finalidad de preservar una situación de respeto y convivencia pacífica entre la colectividad.
La doctrina en torno a los Derechos Humanos, ha estimado necesario ir más allá de ese concepto de seguridad pública, porque al constreñir la idea a la visión de un mero combate a la delincuencia, resulta favorable para la imposición de políticas autoritarias, que entienden la conservación del orden como un fin en sí mismo. En su lugar, se ha generalizado la noción de seguridad ciudadana; misma que plantea como finalidad, respaldar las condiciones básicas que permitan el desarrollo de hombres y mujeres.
De esta forma, la visión contemporánea tiende a precisar la seguridad más con un sentido activo, que meramente reactivo. Entendida como función estatal, se considera que el Estado se encuentra obligado a ofrecer seguridad a sus gobernados, no sólo protegiéndolos de ataques en su esfera de derechos y libertades, sino también, estableciendo los medios mínimos que faculten tales circunstancias; la seguridad de todas las personas, inherente a términos de protección de su integridad física, de las garantías individuales, de los derechos de propiedad, de niveles elementales de bienestar y acceso a servicios públicos.
2010 fue un año de extrema violencia: Más de 15 mil connacionales asesinados. Las instituciones de seguridad parecieran querer negar su responsabilidad en esos actos, aduciendo que se trató de “ejecuciones” entre los mismos malhechores. Sin embargo, a ello, deben agregarse las reiteradas violaciones a los derechos humanos, denunciadas por agrupaciones civiles y ante organismos internacionales. De este modo, estemos viviendo o no una “guerra”, según quieran denominarla las autoridades federales; lo evidente es que la realidad actual en México tiene poco que ver con un escenario teórico ideal, donde el Estado garantiza la seguridad, preserva la integridad física, derechos, paz y tranquilidad de los mexicanos.
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