 
En defensa de la Libertad de Expresión
¡Ni un paso atrás!
La semana pasada, desde su sede en Washington, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una declaración en la que manifiesta profunda preocupación por el secuestro colectivo de cuatro periodistas en nuestro país. “Con este incidente, las amenazas a la libertad de expresión en México alcanzan una dimensión inédita que afecta a todos los habitantes de esa nación”, dice el comunicado de la CIDH.
Al denunciar la escalada de violencia, ese organismo agrega: “Para salvar la vida de los comunicadores secuestrados, los medios se vieron obligados a aceptar condicionamientos externos de su contenido editorial y autocensurarse para evitar cualquier posibilidad de agravar la situación de las víctimas”. En ese sombrío contexto, en Ciudad Juárez, Chihuahua, con intermediación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, diversas asociaciones de periodistas de aquella entidad aprobaron “un protocolo de seguridad” que recomienda a los informadores en zona de riesgo el uso de chaleco antibalas. ¡Hasta donde hemos llegado!
El mismo día en que se publicó aquí la declaración de la CIDH, se divulgó un texto conjunto de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, en el que se precisa que, al pasado 29 de julio, se registraron 28 mil 228 homicidios “asociados a la delincuencia organizada”, de los cuales la mayor parte corresponde a ejecuciones de integrantes de alguna organización delictiva. Obviamente, la precisión separa otro tipo de homicidios en otras circunstancias, atribuibles a la “delincuencia común”, que no son pocos.
En Voces del Periodista hemos citado ya al dramaturgo alemán Berlolt Brecht y su advertencia sobre la rabiosa persecución del Estado nazifascista a diversos oficios y oficiantes ante la indiferencia del prójimo, hasta llegar al punto crítico: “Ahora me llevan a mi/ pero ya es tarde”. Con independencia de expresiones solidarias que del mundo se nos comunican y las que en el interior del país se pronuncian, el Club de Periodistas de México, fiel a su razón de ser, no ha descansado en su denuncia de los cotidianos atentados contra la Libertad de Expresión y el Derecho de Información, lo mismo si se trata de víctimas de la acción directa, que de las torcidas vías que los poderes constitucionales y fácticos transitan para someter a los medios desafectos.
A fuer de ser sinceros, frente al enemigo común -que es el mismo pero diferente-, no siempre el gremio responde de manera unitaria. En la pluralidad, muchas veces se oculta cierto grado de egoísmo o cobardía que operan como estímulo para quienes son movidos por la tentación no sólo autoritaria, sino totalitaria. El incesante asedio se ceba, sobre todo, en las provincias mexicanas alejadas de la metrópoli donde, más que bien, se tiene más espacio y oportunidad de encontrar eco a las denuncias; a mayor abundamiento, el brutal acoso toma como presa más vulnerable a los medios impresos, no por modestos o irreductibles, menos sujetos de derecho.
Crímenes resonados de periodistas se inician, por señalar una data indicativa del fenómeno, con el asesinato del columnista (Red Privada) don Manuel Buendía Téllezgirón, el 30 de mayo de 1984 en la Ciudad de México. A partir de entonces, la macabra estadística suma, en un corte a abril de 2010, 103 colegas asesinados; 12 desaparecidos y, hasta ese mes, nueve secuestrados. Si desagregamos la gráfica, en el transcurso de las presidencias panistas tenemos 67 asesinatos; solamente en lo que va del sexenio de Felipe Calderón, 37. En 2009, el registro habla de 15 asesinados. Salvo aquellas categorías profesionales o laborales, que por específica naturaleza están ligados a riesgos explícitos, ningún gremio ha sido tan lastimado como el periodístico en sus diversas modalidades.
Arar en el agua, predicar en el desierto, ha sido el resultado de las constantes denuncias que las familias de las víctimas, asociaciones nacionales e internacionales de colegas, las propias empresas de medios, instituciones académicas, instancias legislativas, voces eclesiásticas, organismos de Derechos Humanos, han hecho ante los gobiernos federal y de los estados. En la mayoría de los casos, se da la insensible callada por respuesta. Peor aún: en la Secretaría de Gobernación o en la Procuraduría General de la República, donde se paga a fiscales especiales para dar seguimiento a delitos contra comunicadores, no falta el funcionario que casi justifica los atentados y se gratifica con ellos, como si encontrara en terceros la mano ejecutora que oculta y lava las propias, ansiosas de hacer lo mismo.
Que una pretendida defensa contra la metralla lo constituya el uso de chalecos antibalas, habla por sí sola del tamaño de la barbarie. Frente a ella, no nos queda más arma que la palabra, que no es sólo la de la ley: es la de la Justicia. Donde no se otorga, inútil es hablar de democracia y Estado de derecho. Y, sin embargo, no es dable la rendición. Seguiremos insistiendo, a contrapelo de la vocación matona, como institución y en lo personal, en que una cultura civilizatoria es posible. En ello, nuestra voz sigue alzada, inquebrantable e irrenunciable: ¡Ni un paso atrás!
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