Desde que el presidente Felipe Calderón se lanzó en diciembre de 2006 a su ensangrentada cruzada contra el narco, aquella práctica ha sido más ostensible en la medida en que Washington ha intensificado la agenda en México de los representantes de las diversas dependencias y agencias de la Casa Blanca responsables de la Seguridad Nacional, que se condensa en la persecución del terrorismo y el tráfico de drogas, no pocas veces hermanados en una macabra simbiosis.
Según las más recientes revelaciones de los aparatos policiaco-militares estadunidenses, los cárteles mexicanos tienen a su servicio a más 450 mil individuos, el doble de los activos de las Fuerzas Armadas. Si por cada magnificado arresto, las autoridades dan el rango de “uno de los principales jefes” a los detenidos, queda entonces la sensación de que en las organizaciones mafiosas hay más mariscales de campo que tropa, de lo que se colegiría que la estructura orgánica de dicha empresa criminal ha sido demolida. Evidentemente no es así, según lo demuestran los hechos mondos y lirondos.
El asunto viene a tema por el escándalo periodístico que propició el arzobispo de Durango, Héctor Guzmán Martínez, quien, horas antes de instalarse en la Ciudad de México la LXXXVII asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), soltó una bomba mediática al comentar que “todos saben” (menos la autoridad) que el mafioso sinaloense más afamado, Joaquín El Chapo Guzmán Loera (reputado durante el gobierno de Vicente Fox como “el capo del sexenio”) vive en Guanacevi, comunidad enclavada en la arquidiócesis de la que es titular Guzmán Martínez.
Otros prominentes prelados, empezando por el nuncio en México en los tiempos de Salinas de Gortari, Jirolamo Prigione; más recientemente el hoy difunto obispo de Aguascalientes, Ramón Godínez (“las limosnas de los narcotraficantes se limpian por sus nobles fines”) y algún jerarca de la propia CEM (“la Iglesia católica debe recibir en su seno a los narcotraficante arrepentidos”), se han visto enredados, por sus testimonios, en el erizado y enconado tema del narco. Pero desde Salinas hasta ahora, según lo recordó su ex procurador General de la República, Jorge Carpizo, la autoridad civil no se ha atrevido a pedir cuentas de sus dichos a los ministros de la Iglesia católica.
Para redondear ese desconcertante capítulo, en la misma reunión de la CEM, el arzobispo de Yucatán, Emilio Berlié Belaunzarán, al tomar como simple tópico la declaración de Guzmán Martínez, declaró que los narcotraficantes mexicanos respetan a los hombres de su iglesia, “porque somos representantes de Dios”. Berlié Belaunzarán acredita en su hoja de vida consultoría del Pontificio Consejo para la Pastoral del Migrante de la Santa Sede y pertenencia a las comisiones de Movilidad Humana y Comunicación Social del Episcopado, y al Consejo Superior de la Universidad Pontificia. Pero fue también el sustituto en Tijuana del obispo José de Jesús Posadas Ocampo asesinado -ya cardenal- en Guadalajara, Jalisco, va a hacer en mayo 16 años, crimen en cuya indagatoria se vio involucrado el nuncio Prigione. La diócesis de origen de Berlié, es la de Aguascalientes, donde es fama pública pernoctó durante tres noches, posteriores su fuga del penal de Puente Grande, El Chapo Guzmán.
Para decirlo suavemente, y a tono con el secreto de confesión: No digas cosas “buenas” que parezcan malas.
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