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Derecho a la información
y la “reacción inmediata”
El concepto reacción inmediata se acuñó originalmente para fines bélicos y su aplicación se reservó a los llamados grupos de élite. Los activos del Ejército mexicano que, desde hace tres lustros, empezaron a recibir entrenamiento en fuertes militares de los Estados Unidos han tenido esa asignatura en su programa de adiestramiento. En México, frente a la imprevisibilidad y la movilidad de la acción criminal, la primera militarizada Policía Federal Preventiva recibió cursos de mandos del FBI que incluyeron esa materia. Ahora, dicha táctica se observa como respuesta a toro pasado de esa especie de guerra de guerrillas que han impuesto los cárteles de la droga.
Con la aplastante invasión de sedicentes comunicólogos de las antiguas oficinas de prensa gubernamentales, el término reacción inmediata se puso de moda, más que nada para el control de daños tras el impacto masivo de alguna noticia o información negativa que toma por sorpresa a los funcionarios públicos. Incluso, se ha improvisado el cargo de “vocero” para suplir a los directores de información y los tradicionales boletines o comunicados oficiales. En hora buena por tanta modernidad.
Particularmente durante el mandato de Felipe Calderón, ese recurso se ha venido empleando de manera desproporcionada, al grado de que no pocas veces, aun frente a un rumor, algunos medios presentan las reacciones inmediatas sin que el lector o escucha atine a saber a qué obedecen, pues el tema original que provoca el acto reactivo se colea a la respuesta dada y se pierde como referente. A mayor abundamiento, a falta de una eficaz estrategia preventiva, los secretarios del gabinete presidencial ocupan tiempos de sus funciones, que debieran ser productivos, para aparecer una hora sí, y otra también, en conferencias de prensa organizadas al vapor o en entrevistas de banqueta.
Existe, en esa arbitraria manera de practicar la comunicación política y, especialmente la comunicación social -poner la carreta delante de los bueyes- la tentación de confundir y desorientar al público, que queda en ascuas en el debate sobre los grandes problemas nacionales. En el substrato, y esto es lo más grave, el Derecho a la Información es llevado entre las espuelas.
Ni modo de negar al Estado -no es este el propósito de estas líneas-, el derecho de legítima defensa frente a la crítica de los opositores. Lo que se objeta es el abuso de ese derecho, que no pocas veces se ejerce con aligerada frivolidad. Recientemente, por ejemplo, al responder a un delicado planteamiento en materia fiscal, al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, se le encendieron las meninges para decir que una propuesta para reajustar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es bastante sexy. ¡Qué profundo y simpático!
Si esa es una simplona gracejada aparentemente inofensiva, peor está aquel funcionario de la filofascista Secretaría de Trabajo -cesado después, como si mandado fuera culpable-, que pretendió darse el lujo de reprender a un diputado federal, por cierto del mismo partido, el PAN, que en uso de su condición de inviolabilidad del fuero, trató un grave problema de carácter social y político de su estado, Coahuila, atribuyéndole al legislador objetivos electorales; como si esto fuera un crimen.
La semana pasada, en el acto en el que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia rindió el informe anual sobre esa asignatura -16 mil 66 quejas por presunta violación de los derechos humanos, imputable, por supuesto, a aparatos represivos del gobierno-, el presidente Calderón, conociendo de las ventajas que tiene sobre el control de los medios de comunicación, sobre todos electrónicos, al estilo de no le pegaron a un manco, se apoderó del micrófono para leer un discurso escrito con antelación, en el que discurrió retóricamente sobre la fuerza moral de la ley, etcétera. Obviamente, la palabra del oráculo de Los Pinos sofocó, o intentó hacerlo, el sombrío balance del titular de la CNDH.
La comunicación, dice el clásico, es una avenida de ida y vuelta. Si el flujo de la información, sobre todo de interés público, y de las ideas, no se airea libremente para normar la lucha de los contrarios, no hay democracia que opere con eficacia. El principio de los pesos y contrapesos, que debe primar este sistema de gobierno, queda asfixiado por la fuerza del Estado. Es cuando se asoma el fantasma de la dictadura.
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