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Edición 280
Escrito por Jorge Guillermo Cano   
Jueves, 19 de Abril de 2012 23:46

APUNTE
JORGE GUILLERMO CANO

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Manes del cambiazo

CULIACAN. COTIZACIONES APOCRIFAS, incluso desconocidas por los proveedores, sin sus firmas autorizadas; empresas que no manejan los productos que supuestamente vendieron, domicilios fiscales en inmuebles desocupados; prestadores de servicios fantasmas, que no se encuentran por parte alguna (pero sí los “comprobantes” de pago).

Cano
A Malova le valen los resultados de auditorías

PROCEDIMIENTOS de adquisición notoriamente irregulares, violentando las normas establecidas por el propio gobierno, a precios mayores que el promedio en el mercado; ausencia de licitaciones y un cúmulo de violaciones que, si hubiera diputados de verdad, congreso y no congresito a modo, derivarían obligadamente en una investigación exhaustiva y castigo a los responsables.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Sinaloa, que encontró todo lo antes dicho, en realidad se quedó corta.

La sospecha fundada de dispendio a cargo del erario es de sobra conocido: viajes “oficiales” que no se justifican por función, giras interminables en lugares de recreo y diversión, pagos de viáticos, honorarios y “recompensas”.

En suma, un desgarriate del gobierno del “cambio”, a todas luces lesivo para el interés general del estado.

Y todos coludos

Pero no es solo en el gobierno del “cambiazo” que a nivel estatal encabeza Mario López. El mal ejemplo, como se sabe desde tiempos inmemoriales, cunde.

La ASE encontró (sin mucho trabajo) irregularidades en todos los municipios del estado y la Comisión de Fiscalización del Congreso ilustró varios casos.

En el relajo cuasi generalizado, la alcaldesa de Mocorito, Gloria Himelda Félix Niebla, adquirió una camioneta de 650 mil pesos y le pagó más de 200 mil pesos por hora a un artista.

En la adquisición del vehículo para la presidencia municipal se omitieron las cotizaciones de cuando menos tres proveedores.

Jesús Manuel Valenzuela, alcalde de Angostura, gastó 77 mil pesos en cerveza (a la gente “le gusta”, fue el descargo) y el de Sinaloa, Saúl Rubio Valenzuela, pagó más de 500 mil pesos a grupos de música “norteña”.

En Angostura, no se reintegraron 260 mil 863 pesos de la baja de equipo de transporte como chatarra, que fue vendido sin autorización del cabildo.

No hay solicitudes ni acuse de recibo de beneficiarios de un gasto por 433 mil 432 para materiales en diferentes comunidades del municipio

Tampoco se cumplió con la norma en la compra de una camioneta Suburban, por un monto de 710 mil pesos, sin estar presupuestada en el ejercicio 2011 y sin cotizaciones de por medio.

Pecata minuta, según se ve, no anexaron factura por 109 mil pesos que pagaron de música en el reciente carnaval.

Como en botica…

Sólo en el primer semestre de 2011, al Ayuntamiento de Choix, cuyo alcalde es el panista Juan Carlos Estrada Vega, se le encontraron más de 40 irregularidades.

En principio, la cuenta pública del primer semestre del 2011 del Municipio de El Fuerte, gobernado por Eleazar Rubio Ayala, del PAN, fue suspendida por la Comisión de Fiscalización, al documentarse una serie de faltas.

A ese municipio le hicieron 125 “observaciones” y las irregularidades detectadas ocasionaron un perjuicio financiero a la hacienda pública por más de 4 millones y medio de pesos.

Ahome no se queda atrás y sus acciones al margen de la norma, de acuerdo a la Comisión de Fiscalización del Congreso, ocasionaron daño por un monto de casi tres millones de pesos.

En Guasave, donde es alcalde el priísta Ramón Barajas López, la ASE detectó irregularidades cuyo costo asciende a 2 millones 251 mil pesos.

En Salvador Alvarado no aparecen motocicletas que fueron adquiridas y, en conjunto, ahí el impacto negativo es por un monto de casi 730 mil pesos.

Que los pongan donde hay

En el municipio de Sinaloa, que gobierna el panista Saúl Rubio Valenzuela, el total de observaciones determinadas para el primer semestre de 2011 fue de 53.

Los daños y/o perjuicios ocasionados a la hacienda pública municipal suman más de un millón 44 mil pesos.

No se justifican 248 mil 314 pesos de consumo de combustible en cuatro obras auditadas.

No hay bitácoras de los vehículos a los que se les suministra combustible, ni la firma del chofer de la unidad, para justificar la aplicación del gasto por un millón 65 mil 181 pesos.

Además, todo el combustible se surte en una empresa propiedad del alcalde. De acuerdo con el informe se expidieron dos cheques a favor de Gasolinera Rubio S.A de C.V, por un importe de un millón 65 mil 181 pesos, como pago de combustibles y lubricantes.

Esos combustibles supuestamente se destinaron a los trabajos de rehabilitación de calles y/o caminos de distintas localidades, pero se omite anexar bitácoras de los vehículos a los que se les suministraron.

También se detectó la compra de llantas y otros artículos para particulares, sin justificación, y lo mismo sucede con gastos de alimentación fuera del horario de trabajo, sin evidencia de labor realizada.

En Navolato, donde el alcalde es Evelio Plata, del PRI, se hicieron 52 observaciones. Los presuntos daños y/o perjuicios a la hacienda municipal ascienden a 3 millones 382 mil pesos.

¿Lo quieren más claro?

En la secuela, el pasado miércoles 28 de marzo le preguntaron al gobernador Mario López: “¿qué lectura le da usted al aval de la cuenta pública del primer semestre de su gobierno a pesar de que en los últimos días los diputados del PRI estuvieron cuestionando irregularidades a su administración?”.

La respuesta textual, según el boletín de marras que no falta, fue: “no la he leído la cuenta ni tampoco el dictamen. Lo único que sé es que la aprobaron, las cuentas se aprueban o se rechazan y la mía la aprobaron”.

Pero luego de la aprobación se supo que el secretario de gobierno de Sinaloa, Gerardo Vargas, por instrucciones de su jefe, presionó a diputados en el asunto de la cuenta pública, como antes y después lo ha hecho en otros asuntos espinosos para el gobierno del “cambiazo”.

La mayor responsabilidad ética, en todo caso, estaría en los “representantes populares” que se pliegan a esas presiones.

Todo indica que son la gran mayoría y de todos colores.

El gobierno viola Constitución

En otro orden de ideas, es necesario retomar el tema de nuestra anterior columna, no sólo por su irrebatible actualidad, sino por el silencio que, de común, al respecto caracteriza a los medios “grandes”, tanto impresos como electrónicos.

Dijimos que hay quienes lo quieren ver como asunto menor, cuestión terrenal que se disculpa como “mal necesario” en el rejuego de los despropósitos del poder relativo, tamizado por un torpe balance del perjuicio-beneficio en un clima de anarquía y descomposición social, y oficial, cuyo común denominador es la corrupción galopante.

Pero no, tiene repercusiones muy graves cuya dimensión económica, cultural y civil es desatendida, marginada, cuando no ignorada, por una clase política huérfana de juicio y actuar ausente de sentido social.

El país, escribimos el mes pasado, es “plaza” tomada por la delincuencia que hace y deshace a su arbitrio, pero no se ubica en su justa medida el hecho de que los “agentes del orden” igual proceden en la plena impunidad, violando las garantías constitucionales de los mexicanos, con “operativos” que violentan los derechos humanos sin algo resolver.

Un contexto humillante

Así, reiteremos: vivimos en un Estado de sitio, sin exageración, y en manos de criminales dentro y fuera de la ley.

Ante esa situación, la indignación es del todo justificada. Retenes y “operativos” sin ton ni son, además, resultan inútiles, sólo afectan a la población común, la delincuencia sigue, el crimen no para, las muertes se dan prácticamente en las narices de los gendarmes.

Es, ese, un contexto humillante para la ciudadanía. ¿Recibirá alguna atención de los candidatos que pretenden arribar y/o continuar en la tandariola presupuestal? -Veremos.

Tamborazos

-En el caso de los reclamantes de la presa “Picachos”, al sur de Sinaloa, que fueron reprimidos y encarcelados, una plástica demostración de la incapacidad política del actual gobierno estatal.

-El compromiso de privilegiar el diálogo y no arremeter contra la población que proteste, quedó en la retórica chafa; la “presión social”, al diablo, dice López Valdez.

-Siguen, pues, los despropósitos, sin solución de continuidad. Tengan su “cambiazo”.

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