ITINERARIO 2012
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Vocel del Periodista)
Privatización de la
Presidencia de México
Así se las gastan. No todos, pero sí
la mayoría de la totalidad.
Dicho campirano en El Bajío
UNA VEZ INSTITUÍDOS el duopolio televisivo como ministerio de la Cultura y la Secretaría de la Función Pública -registrada originalmente con el nombre de Contraloría de la Federación- como ministerio de la Moral Republicana, en el octavo año de la era de la Providencia neoliberal el stablishment, dada la crisis sucesoria de 1988, pensó necesario crear el ministerio de la Estupidez: Y el stablisment creó el Instituto Federal Electoral (IFE).
Luis Carlos Ugalde
No nos confundamos: El ministerio de la Estupidez se denomina tal, no porque el grupúsculo y su fauna de acompañamiento que lo administran y usufructúan sean necesariamente estúpidos. Si carecieran de inteligencia, al menos les queda la malicia: No cualquiera logra conquistar una plaza que le retribuya diez mil pesos diarios, más los placeres vicarios que les son consustanciales. Es que, según su propio ordenamiento orgánico, parece ese ministerio concebido para verle la cara de estúpido al votante, o, en su caso, hacer todo lo posible para estupidizarlo.
¿Quién ganó el debate entre los presidenciables? Es la pregunta que las honradas encuestadoras asestaron la noche del 6 de mayo o al día siguiente a algunos cuantos mexicanos, sin siquiera saber si vieron el evento. ¿Quién, para ti, ganó el debate? Se preguntaron entre sí algunos contertulios de café o de barra etilizante. Como en la feria, el resultado fue según el cristal con que miraron a los debatientes los que los miraron, o el valor de la apuesta dominical.
Y todavía algunos sedicentes “líderes de opinión” trataron de forzar el análisis de “resultados” para establecer que, según su autorizada voz, “las tendencias” divulgadas por el mercado encuestador no se vieron alteradas sustancialmente y así culminarán las cosas el 1 de julio. Ya con esta incuestionable conclusión, hasta la Bolsa Mexicana de Valores emitió el lunes 7 su voto bursátil, imponiendo un nuevo puntaje histórico en el Índice de Precios y Cotizaciones. Con tan confiable elector, hasta se olvidó el devastador crack de la Bolsa en octubre de 1987, días después que, desde el piso de remates, se saludó con desbordada fanfarria la candidatura priista de Carlos Salinas de Gortari.
Para carne que camina… la argentina
Lo cierto es que cuatro candidatos presidenciales, atrapados en la camisa de fuerza que les confeccionó el IFE, pasaron a segundo plano. Los medios electrónicos primero, y luego algunos impresos puestos a remolque, se divirtieron como enanos declarando ganadora del “debate” a una exuberante edecán que tomó el foro como pasarela e hizo mérito al orgullo de Buenos Aires: Para carne que camina… la argentina. La edecán, por supuesto, fue elevada a los altares mediáticos, como hace tres años fue elevado el ex célebre Juanito. ¿Y el debate? De éste sólo sobrevino la demanda machista más sentida: Si el gobierno no te da una edecán como la del debate… ¡Que te la pague!
Ni sentido hace indagar quién concibió y autorizó ese reality show. El que lo financió fue el IFE: 240 millones de pesos. Qué tal. La cuestión es saber para qué. Previamente al encuentro -al que el IFE le colocó más candados que al nicho de las joyas de la Corona británica, a fin de que no hubiera debate-, el morbo estaba atento en particular a uno de los candidatos a quien, producto nato de la mercadotecnia, se le consideraba inepto para trasladar su dominio de la escena en solitario al choque de trenes con sus contendientes en vivo, en directo y a todo color.
No olvidar el ensayo michoacano
Desde que, en el verano del año pasado, se preparaba la organización de la elección de gobernador de Michoacán en medio de una ola de violencia (la pública atribuida a la delincuencia organizada, y la interna de los tribus activas en los partidos en pugna por las candidaturas), con el ropaje de juiciosas se dieron voces para proponer que todas las fuerzas beligerantes pactaran una tregua y en petit comité (como si se tratara de un buró político soviético) nombraran al futuro gobernador, puesto que disputaba la hermana del presidente de la República, Luis María Calderón Hinojosa, cuyo partido dijo que el gran elector fue finalmente el crimen organizado.
Luisa María Calderón Hinojosa.
Que esa temeraria y obscena iniciativa haya fracasado, no quita que la tentativa tenía el propósito de pisotear la Constitución michoacana y su código secundario en materia electoral, cancelando la participación ciudadana en la elección de jefe del Ejecutivo. Al menos el Partido Acción Nacional aclimató la idea en el Distrito Federal, donde fueron eliminados todos los militantes aspirantes a la jefatura de Gobierno, para hacer la designación directa en favor de una dama sacada de la manga, que se presentó insistentemente como reacia a la filiación panista y refractaria a “los políticos”, para ser reconocida simplemente como una ciudadana. Esto es, como candidata externa del PAN, de cuyos documentos fundamentales -doctrina y programa de acción- apenas hace mención. La lista de precandidatos presidenciales azules, también había pasado antes por una rigurosa purga.
No le afecta ni la criptonita
Planteamos entonces -y otros opinantes coincidieron- si la intentona en Michoacán, lanzada y promovida con la coartada de la violencia galopante, no sería entretelones un ensayo golpista preliminar para, de su eventual resultado, tomar el precedente con vistas a la sucesión presidencial. Sigue abierta la inquietud.
Y sigue abierta esa inquietud, porque desde hace cinco años, más que los partidos políticos, exclusivos y selectivos grupos de poder real y sus bocas de ganso han desarrollado una estrategia mediática para implantar como hecho consumado la existencia de una candidatura presidencial imbatible, la del ex gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, con tal despropósito que, no obstante sus primeros tropezones, lo promueven en este simplón tenor: No le afecta ni la criptonita. Es un Superman, pues.
Enrique Peña Nieto
De ello ha seguido que las agencias encuestadoras vinculadas a los grandes medios privados, concesionados por el Estado la mayoría y algunos asociados a estos corporativos, han mantenido una ofensiva incesante para, con base en supuestas consultas a unos centenares de personas, del universo de casi 80 millones de potenciales votantes, convencer a la gente de que resulta ociosa e inútil pensar en otras opciones.
No es ese, desde luego, un movimiento espontáneo ni aislado. No lo es, porque 1) la estrategia probó su efectividad en el proceso federal de hace seis años, que pasó ilesa por los órganos punitivos de la transgresión electoral, y devino onerosas recompensas para quienes hacen de la ilusión democrática mera mercancía, y 2) arrancó paralelamente el ataque a la promulgación de la reforma constitucional que privó a esos intereses de la gestión y ganancias del gasto electoral, cuya administración y asignación quedó como facultad reservada del IFE, que no hace atributo digno del presupuesto de casi 16 mil millones de pesos que le asignó la Cámara de Diputados.
Inhabilitar a los frágiles árbitros
No es casual, ni gratuito, que, sobre todo después de las elecciones federales intermedias de 2009, tanto el IFE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) y sus resoluciones, estén sometidos a un detallado escrutinio y a una premeditada, intensiva y exhaustiva campaña de desacreditación, doblemente ventajista porque se hace uso de la concesión estatal de un bien público en el que no opera el derecho a réplica, para vulnerar e instrumentalizar la voluntad de gran parte del conglomerado social que mueve sus reflejos sicológicos al impacto del mensaje electrónico.
No sirve al efecto imputar impunidad a quienes, como hombres de negocios, disponen de un caro complejo tecnológico y baterías de asesores jurídicos y financieros para potenciar sus utilidades. Vivimos un mercantilismo salvaje que todo lo autoriza: Desde el cabildeo legislativo para sacar leyes ad hoc o ejercer tácticas violatorias de aquellas legislaciones que fueron votadas y promulgadas contra su consentimiento y sus intereses. Si tal práctica es deliberada y ostensiblemente transgresora, lo mismo da: Vivir en el neoliberalismo más inescrupuloso otorga tanta “legitimidad” como la otorgaban las patentes de corso a sus poseedores. Culpa es del tiempo, no de España, que dirían los antiguos filibusteros.
La carne es débil y maleable
Si esos intereses bastardos son capaces de doblegar al jefe del Poder Ejecutivo -antes, escribió un ahora conductor televisivo, “los ‘dueños’ de las televisoras blasonaban de ser ‘soldados del Presidente’, ahora los presidentes (de la República) son dóciles sirvientes de los ejecutivos de las televisoras”-; si logran rendir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; si quitan y ponen a sabor a la burocracia de las secretarías de Hacienda, Comunicaciones, Gobernación y Educación, y a los miembros de las comisiones de Competencia Económica o de Telecomunicaciones, etcétera, ¿Por qué no podrían meter al aro a consejeros y magistrados electorales?
Ese es el quid del asunto: Los hombres de negocios no juran la Constitución, ni “las leyes que de ella emanan”, al acometer una iniciativa individual. Cuando mucho, si llegan a un puesto directivo de sus asociaciones privadas, se comprometen a cumplir y hacer cumplir sus bases constitutivas. Los consejeros y magistrados electorales, al asumir su encargo, juran cumplir y hacer cumplir la Constitución y los principios que debieran normar el servicio electoral como responsabilidad del Estado.
Esos mendaces funcionarios incurren en odiosa y punible prevaricación -para eso existe el ilusorio pero inaplicado juicio político previsto por la Constitución-, cuando ponen su encargo público al servicio de los poderes fácticos, burlando principios jurídicos que se comprometieron a observar, con independencia de sus preferencias ideológicas, políticas o económicas.
Es de entenderse: La talega dineraria retributiva es suficientemente gorda y abundosa como para correr el riesgo de perderla. Para ganarla, tuvieron que pasar, además, por la humillación, no de demostrar sus calidades humanas y capacidades profesionales, sino su voluntad de arrastrarse ante quienes los apadrinan y los que votan por ellos para que obtengan sus insultantes prebendas frente a un pueblo de miserables.
No quieren terminar como Ugalde
Los hombres de negocios, donde quiera que actúen, salvo por sospechosa excepción, no hablan ni por equivocación del bien social; todo lo contrario, afirman con toda sinceridad: “No somos hermanas de la caridad”. En cambio, esos hombres públicos -con la boca llena de jugos glandulares ante el menú crematístico que se les pone enfrente-, ensayan ante el espejo el acto en el que jurarán la función de respetar y perfeccionar la democracia, para cuya custodia fueron privilegiados: Luego andan espoteando melifluamente que es “un honor” servir a la democracia e incitan: Es la participación de su gente la que hace grande a un país. Y es el caso que, además de pedir esa participación a título gratuito, la conculcan cuando tal participación no se da en la dirección predeterminada.
Desde el punto de vista de la condición humana, no les falta excusa a esos hombres públicos cuando ponen por delante el cuidado de la pitanza y su plus de placeres vicarios. Ya ve usted, como anda el anterior consejero presidente, Luis Carlos Ugalde Ramírez, defenestrado por la Cámara de Diputados y ahora espectro ambulatorio de set en set televisivo, en busca de quién sabe qué; como aquella noche dominical de julio de 2006, en que abandonó la sesión permanente de Consejo General para hacer el mismo paseíllo, pero entonces blindado por su flamante investidura que quedó hecha astrosos jirones. ¡Qué manera de matar el poeta!
Demasiado tarde para cambiar de carril
Desde la usurpación de la presidencia en 2006, tanto los consejeros electorales salientes como los de relevo, se han pertrechado en la coartada de las deficiencias e insuficiencias del código electoral para tratar de justificar la tolerancia a la infracción a la norma, Incluso, se escudan en la Constitución para conceder inmunidad a sus violadores. Pero cuando, contra la transgresión inveterada, sistemática, tienen al alcance la penalización -ésta sí prevista claramente en el marco de la ley actual-, no se atreven a recurrir a ninguna instancia ejecutora para su aplicación. Pusilanimidad, es un adjetivo menor para calificar esta conducta carente de toda ética.
Si la Constitución mexicana no es aplastada por la bota castrense -tentación subyacente desde hace muchos meses-, restan escasas seis semanas para que la gran fecha nos alcance. Suficientes, sin embargo, para que sigan corriendo ríos de mugre bajo los puentes: Muy pocas para esperar que la autoridad electoral modifique su mentalidad cómplice. Sabido es que, tanto peca el que mata la vaca, como el que le detiene la pata. Y para darle sentido a esta convicción popular, lo mismo sería que tuviéramos una normatividad moderna y perfecta, sin vacíos, lagunas o ambigüedades: Pesan más los usos y costumbres que se heredaron del viejo régimen, cuyo santo y seña más recurrente es el fraude electoral.
Privatización de la Presidencia de México
Desde que, en 1946, se saludó al gobierno civilista, hasta la elección presidencial de 1988, salvo uno, los demás mandatarios surgieron de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En el trágico 1994, la banda presidencial se entregó a un egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN), pero pasado in vitriolo por las aulas de la Universidad de Yale (la de los huesos y calaveras bushianos). En 2000, se le entregó a un destripado de la Universidad Iberoamericana, quien a su vez la impuso a un egresado de la Escuela Libre de Derecho, quien no calificó para hacer su carrera profesional en la UNAM. Están a la vista los saldos de lo que algunos soñaron como transición democrática.
Ahora, la envilecida manipulación electoral nos coloca ante la tesitura de entregar la primera magistratura del país a un egresado de la Universidad Panamericana. O, como opción, a una diplomada del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE), ambas instituciones bajo palio del Opus Dei. ¿Es la suerte que se merecen 115 millones de compatriotas? ¿Es ineludible el supuesto de que los pueblos tienen el gobierno que se merecen?
La continuación de la privatización de la Presidencia de México militarizada, es lo que está en juego en el actual proceso de sucesión. Nada más, pero nada menos.
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