Minería: dos décadas
Saqueo y contubernio
Lentos, pero seguros
Con esa
pausada capacidad de reacción el país está frito. Transcurrieron poco más de
dos décadas (de Salinas a la fecha), durante las cuales se entregó la riqueza
minera a particulares y se restauró la Colonia, y sólo hace muy poco algunos grupos
políticos organizados, con sus diputados y senadores, por fin registraron la
dimensión del saqueo de los barones de la minería y el descarado contubernio con
las supuestas autoridades. Sólo hasta ahora, ya que el daño está hecho. Lentos,
pero seguros.
Y si el saqueo ya era
descomunal, pues al gobierno federal, y a los senadores y diputados se les
ocurrió que era conveniente incrementarlo: “En la madrugada del martes 10 de diciembre, ´cambios de última hora que
introdujeron PRI y PAN en el dictamen (en materia de energía, ya votado por el
pleno) permiten que las empresas mineras que operan en el país (…) puedan
explotar el petróleo y gas, asociados a los yacimientos de carbón u otros
minerales que formen parte de la concesión que se les haya asignado’”, y
por las cuales, dicho sea de paso, pagan entre 5 y 111 pesos por hectárea.
“Este añadido de
última hora se suma a las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28
constitucionales, que permiten la apertura total al capital privado en la
exploración y explotación de petróleo, en su industrialización, así como en la
generación de electricidad, actividades reservadas hasta hoy al Estado (La Jornada, Andrea Becerril y Víctor Ballinas).
Para dar una idea de
qué se trata, tan sólo en el sexenio del inefable Felipe Calderón el valor de
la producción minero-metalúrgica en el país (concentrada en un 95 por ciento
por los grandes consorcios privados nacionales y foráneos, principalmente
canadienses), fue cercano a 100 mil millones de dólares, mientras que en el
mismo periodo su inversión se aproximó a 25 mil millones de billetes verdes,
una diferencia de cuatro tantos entre uno y otra. Y esta información la aporta la Camimex, la cámara
patronal del ramo.
No es gratuito, pues,
que sólo en ese periodo empresarios como Germán Larrea (el zar del cobre, el de Pasta
de Conchos) y Alberto Bailleres (el zar
de la plata, totalmente Palacio) incrementaran sus fortunas
personales (cifras de Forbes) en mil 570 y
550 por ciento respectivamente (de mil a 16 mil 700 millones de dólares, y de 2
mil 800 a
18 mil 200 millones, en cada caso), y más allá del aumento de los precios de
los metales, el factor fiscal fue determinante en dicha evolución. Con los
panistas en Los Pinos, las concesiones mineras (y el número de hectáreas que
ellas amparan) crecieron como la espuma, al igual que las fortunas de los barones, sin que al país
le representara beneficio alguno.
En noviembre de 2011,
La Jornada
documentó lo que apenas ahora comienza a ser denunciado: “tanto ha dado, y
sigue dando esta tierra, que sólo en la primera década del siglo XXI, con dos
gobiernos panistas (2001-2010), un pequeño grupo de empresas mexicanas y
extranjeras –con las canadienses a la cabeza– extrajeron el doble de oro y la
mitad de la plata que la Corona
española atesoró en 300 años de conquista y coloniaje, de 1521 a 1821, en lo que hoy
es México (cifras del Inegi).
“En esa década
panista, con Fox y Calderón en Los Pinos, los corporativos mineros obtuvieron
380 toneladas de oro y 28 mil 274 toneladas de plata de las minas mexicanas,
contra 182 y 53 mil 500 toneladas, respectivamente, en los tres siglos citados.
Ello, sin olvidar que 20 años atrás las invaluables reservas nacionales de
cobre se entregaron a una sola empresa, Grupo México, cuyo dueño, Germán Larrea
(el tercer hombre más rico del país), ni siquiera hizo el intento de rescatar
los cuerpos de los 63 mineros que, cinco años después (ahora suman siete) de la
explosión, se mantienen bajo cientos de toneladas de tierra en la mina Pasta de
Conchos, Coahuila.
“Sorprende la
inagotable riqueza de esta tierra, pero no el resultado de los empresarios
mineros, porque ese grupo de voraces capitalistas que se beneficia con los bienes
nacionales alcanzó tales volúmenes de producción y utilidades no sólo por el
uso de modernas técnicas de extracción sino, especialmente, por el vastísimo
territorio que los gobiernos panistas les entregaron, y lo siguen haciendo, en
forma de miles de concesiones mineras (50 años de vigencia, renovables), las
cuales, en dicho periodo, amparan alrededor de 52 millones de hectáreas (ahora
son más de 60 millones de hectáreas), equivalentes a 26 por ciento del
territorio nacional (30 por ciento actualizado).
Esa vastísima riqueza
concedida a los consorcios mineros privados no acaba allí, pues se adereza con
generosas exenciones fiscales, autoridades serviciales, leyes laxas e
incumplidas, complicidad del poder político y judicial, daño ecológico,
persecución sindical, outsourcing (hoy legalizado), inseguridad e insalubridad
para los trabajadores, y miserable explotación de la mano de obra, entre otras
gracias, como en los mejores tiempos de la Colonia. Así, las
cerca 52 millones de hectáreas de territorio nacional que, en una sola década,
entregaron los gobiernos de Fox y Calderón al gran capital minero que opera en
el país, son equiparables a las 50 millones de hectáreas que las compañías
deslindadoras arrebataron a los pueblos originarios para entregárselas a los
terratenientes nacionales y extranjeros entre 1883 y 1906, durante la dictadura
de Porfirio Díaz.
¿Qué ha recibido a
cambio el país, dueño de la riqueza mineral, siempre que se ella se mantenga en
el subsuelo? (como ahora el petróleo tras las modificaciones constitucionales).
Entre 5 y 111 pesos por hectárea cedida, amén de que “las compañías mineras
cuentan con un marco jurídico de excepción, que les permite pagar sólo 0.3 por
ciento de impuestos directos a la producción, ‘una cifra ínfima’, si se compara
con el 71.1 por ciento con que se grava la extracción de hidrocarburos´. Sus
utilidades por ello, detalló, son de 93.5 por ciento”, amén de que la supuesta
autoridad les permite violar la ley, contaminar regiones, mantener a los
trabajadores con bajos salarios y pésimas condiciones de seguridad y llevarse
la mayor parte de la riqueza fuera del territorio nacional (La
Jornada, Andrea Becerril), sin olvidar la feroz
persecución sindical. Pero de todo ello sólo se dieron cuenta dos décadas
después.
Las rebanadas
del pastel
Por cierto,
¿dónde quedó el compromiso 61 de los abajo firmantes del Pacto por México?,
aquel que asegura la expedición de una nueva ley minera “que revise el esquema
de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción…”
Entonces, ¿como para cuándo? *La Jornada
Twitter: @cafevega
D.R.:
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