¿Minería moderna?
Asuelan los canadienses
Proyectos con sicarios
CONSIDERADOS EN SU PAÍS PULCROS, respetuosos de la ley y defensores de los derechos humanos,
los consorcios mineros canadienses llegaron a México para proceder exactamente
en sentido contrario.
Lo que ni por aproximación hacen allá lo vienen a hacer
aquí y cometen todo tipo de excesos y tropelías ante la complacencia del
gobierno federal, el encargado de concesionar la República. El país
ya tenía más que suficiente con los rapaces grupos mineros mexicanos, pero
llegaron los de la bandera con hoja de maple y algunos más.
Como
bien apunta la Rayuela (los
conocíamos como depredadores de la riqueza minera mexicana, pero no tanto como
contratistas de sicarios para asesinar trabajadores...), las trasnacionales
mineras canadienses arribaron a México no sólo para apropiarse de la riqueza
nacional -con la venia gubernamental-, sino para atentar en contra de todo
aquel que ose reclamarles sus políticas depredadoras.
Germán Larrea Mota-Velassco
En
unos cuantos años el oro mexicano pasó a ser propiedad de los grupos
canadienses: oficialmente, 72 por ciento de las empresas foráneas que cuentan
con concesiones mineras del gobierno federal y se dedican a la extracción de
tan preciado metal es de la citada procedencia. Son 207 de 287 en total, de
acuerdo con la información de la Dirección General de Desarrollo Minero (Empresas con proyectos mineros en México;
mayo de 2013). Quince por ciento adicional (43 de 287) son estadunidenses y el
resto se reparte entre corporativos británicos, australianos, indios, chinos,
japoneses, peruanos, coreanos, chilenos, belgas, italianos, brasileños y
luxemburgueses.
Son
conocidos -por la denuncia y la movilización ciudadanas, no por otra cosa- los
excesos laborales, las violaciones a la ley y los daños ecológicos cometidos y
causados por los consorcios mineros -de todas las nacionalidades- a lo largo y
ancho de la geografía nacional, pero en este renglón el gobierno mexicano nunca
fue más sordo y más ciego que en los dos sexenios panistas (otros simplemente
le llaman complicidad y corrupción), cuando los empresarios del ramo se
sirvieron con la cuchara más grande que encontraron, y miren que es grande.
Allí están Germán Larrea (el de Pasta de
Conchos), Alberto Bailleres y Alonso Ancira, por sólo dar unos ejemplos
nacionales, y Goldcorp, New Gold, Fortuna Silver Mines, Blackfire Exploration y
Minefinder, en el caso de las extranjeras.
Todo
tipo de excesos que lejos de corregirse van en aumento, ante la pasividad del
gobierno federal. Ahora algunas de ellas son acusadas de conducta criminal por
contratar sicarios para amenazar e incluso matar a activistas que se oponen a
proyectos que dañan a las comunidades, de acuerdo con la denuncia presentada en
el Senado de la República
por la Red Mexicana
de Afectados por la Minería
(Rema).
La
información es la siguiente, y se publicó en La
Jornada bajo la firma de Andrea Becerril:
“integrantes de la Rema
denunciaron en el Senado la ‘conducta criminal’ de las empresas canadienses que
operan en México, las que llegan a contratar sicarios para amenazar e incluso
matar a activistas que se oponen a proyectos que afectan a sus comunidades.
Documentaron una decena de casos en los que están involucradas compañías
mineras de Canadá –Fortuna Silver Mines, Blackfire Exploration y Minefinder–,
entre ellos los asesinatos de Bernardo Vázquez y Bernardo Méndez, perpetrados
en marzo pasado, en San José del Progreso, Oaxaca.
A la derecha Alberto Bailleres en entrega de reconocimiento a Felipe Calderón.
“Fueron
crímenes alentados por personal de Fortuna Silver Mines, con la complicidad de
autoridades municipales, detalló Alejandro Villamar, representante de la Rema. Por su parte, la
senadora Iris Vianey Mendoza informó que el 3 de julio envió una carta al
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la que le reitera la
demanda de que se expulse del país a dos directivos de la empresa Esperanza
Silver de México, que incluso han violado la Constitución al
encabezar movilizaciones para exigir que se les permita operar en Morelos, pese
a que la Secretaría
del Medio Ambiente les negó el permiso de operación.
“La
legisladora pidió al titular de Gobernación que cite a la embajadora de Canadá
en México para solicitarle una explicación sobre la conducta violatoria del
marco legal mexicano de los ejecutivos de Esperanza Silver, quienes han
provocado un enfrentamiento en la comunidad indígena de Tetlama, ubicada en el
municipio de Temixco, Morelos. En regiones enteras del país, las mineras
canadienses ‘están dejando una estela de contaminación, muerte y desolación’”,
aunque no sólo ellas: allí están los corporativos mexicanos.
Alonso Ancira
La
información de Andrea Becerril detalla que “Villamar expuso que desde 2008 han
denunciado las agresiones de las mineras extranjeras ‘abrumadoramente
canadienses’ contra defensores de derechos humanos y contra habitantes de los
sitios en que están las concesiones que explotan. En agosto de 2009 la Rema presentó una denuncia en
la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, ya que ‘sicarios de TeckCominko’ dispararon con balas
de alto calibre e hirieron a Eligio Rebolledo Salinas, ejidatario de El Limón,
en Cocula, Guerrero, quien quedó inválido: ‘Sus hermanos Víctor, Miguel y
Modesto Rebolledo Salinas fueron secuestrados por un comando en el poblado La Fundición. Agresiones
y amenazas previas de muerte fueron hechas a Evelia Bahena, quien se vio
obligada a emigrar para salvar la vida.
“Tres
meses más tarde, ‘en noviembre de 2009, denunciamos primero la detención
arbitraria y luego el posterior asesinato de Mariano Abarca Roblero a manos de
sicarios enviados por Blackfire Exploration. La lucha nacional exigiendo
justicia y la solidaridad internacional de organizaciones civiles canadienses
ha permitido demostrar de manera documental la participación de la minera, y
mediante su denuncia internacional llevarla ante la Real Policía Montada
de Canadá’”.
El
23 de octubre de 2012, “‘fueron asesinados Ismael Solorio y Manuela Martha
Solís, de El Barzón, de Chihuahua, quienes encabezaban la lucha contra la
invasión ilegal de tierra que lleva a cabo MagSilver y su subsidiaria mexicana,
Cascabel’. Mencionó la desaparición de Celedonio Monroy Prudencio, indígena de
Ayotitlán, Jalisco, y las amenazas de muerte contra Gaudencio Mancilla, de esa
misma comunidad. Villamar recalcó que la impunidad de las empresas canadienses ha
propiciado que compañías chinas y estadunidenses utilicen sicarios en contra de
activistas comunitarios. Puso de ejemplo Michoacán, donde la PGR encontró relaciones de La
Familia con empresas chinas para abastecerlas de
mineral obtenido ilegalmente’”.
Las rebanadas del pastel
¿Qué
tal? ¿Esa es la renta que deja la moderna minería en México?
*La Jornada Twitter: @cafevega
D.R.:
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